Ante los conflictos cotidianos, urge la aplicación de la Justicia
La conflictividad cotidiana representa más del 90 por ciento de los delitos: Que el despido injustificado, que la renta que no se paga, que el choque del vehículo, el robo a casa habitación, que los bienes intestados, que el mal vecino, que la violencia intrafamiliar, que el abuso de autoridad, que el abuso de confianza, que el engaño, que el divorcio, la custodia de hijos y pensión alimentaria que no se cumple, delitos cotidianos que ante las barreras de acceso a la justicia, al juez, se requiere la contratación de un abogado, no hay dinero para hacerlo y las defensorías de oficio no existen o no sirven.
No se han generado los mecanismos de competitividad para atender los problemas cotidianos que afectan a las familias, de ahí la gran desconfianza a las instituciones, la mayoría de los ciudadanos considera como pérdida de tiempo el poner una demanda, porque saben que la corrupción y la impunidad se imponen ante los hechos. Año tras año, siguen los mismos vicios, las malas prácticas, la falta de sensibilización del Ministerio Público. Cansados de identificar fallas pero no a los responsables.
El tema de Justicia está en la agenda nacional. Hay que hacer algo para que la percepción de la ciudadanía cambie, que las propuestas de estrategia y operatividad vayan en serio, porque al parecer, se haga lo que se haga, existe un anticipado hartazgo de la sociedad, el mal humor social, porque los funcionarios se van en palabras y palabras y los vicios permanecen, solo escuchamos excusas y pretextos.
Ahí está el examen de confianza a los policías, al parecer, los que están en activo es que supuestamente ya pasaron el examen, pero muchos que no lo hicieron siguen en activo bajo la justificación porque no hay quien los substituya, sin embargo, con examen practicado favorablemente o sin hacerlo, en los hechos no se ven cambios en sus actitudes de abuso y corrupción. Y los ejemplos sobran: desde los corruptos retenes –ahora con fines recaudatorios, no de prevención, menos de concientización- hasta el policía en patrulla que detiene sin razón al obrero, al salir los sábados de su trabajo para robarles el mísero sueldo que obtuvieron.
Los problemas de justicia no se van a resolver con más leyes, para todo se solicita al poder legislativo que legisle y legisle, y más y más leyes se emiten, sólo que no se cumplen. Si se cumplieran sería otro México. Por ejemplo, la sociedad exige leyes de transparencia y rendición de cuentas y un sistema anticorrupción, ya que estemos en el lugar 106 según Transparencia Internacional.
Por un lado se aprueban leyes que no son exigencia de la sociedad y por el otro, las que existen no se aplican o se aplican a medias; si se aplicarán las leyes no se requerirían organismos descentralizados muy costosos para su operación y vigilancia: que los Derechos Humanos, que la transparencia en la información y rendición de cuentas, las fiscalías especiales creadas sin ton ni zon y sin ningún resultado, los organismos contra la violencia de género, que los pederastas, que los autodefensas, que las pandillas, que el crimen organizado y no organizado, la violencia de los normalistas y maestros, el acoso laboral, el bullying… y no pasa nada.
El sistema judicial federal está más consolidado, pero no menos corrupto. El sistema judicial de los estados está muy descuidado, sin la infraestructura y competitividad que exige la ciudadanía ante los conflictos cotidianos. Resta mover legislación de lo local a lo federal o rehacer los sistemas judiciales locales. Y aquí hay que referirse a los problemas de selección, de nombramientos, de capacitación con un verdadero seguimiento para que cambien las condiciones de administración, procuración e impartición de justicia y perspectivas, y no solamente el involucrado tome el curso, el diplomado y todo sigue igual. Y un rubro central: mejores ingresos. Y por supuesto un código penal único, para todo el país.
La demanda de justicia cotidiana debe estar embonada con la oferta. Siempre se ha pensado y actuado en razón de la oferta, sin considerar lo que requiere, lo que demanda la ciudadanía. No existe una cultura de la legalidad, porque no existe un difusión clara de cuáles son los derechos ciudadanos, estamos ante códigos que la gente común no entiende, y nadie se preocupa por difundirlos ni explicarlos. Los jurisconsultos encerrados en sus claustros.
Las escuelas y facultades de Derecho se deben preocupar por preparar una nueva generación de abogados, con un nuevo perfil, con otro tipo de formación, con potencia y creatividad que propongan y establezcan innovaciones que rompan con las viejas, caducas y corruptas prácticas, los egresados actuales son cooptados por la propia cultura política judicial, jueces con la misma formación, sometidos al servicio de la cúpula, con los mismos rituales antiguos que ya no responden a las nuevas demandas.
Y esa corrupción ha salido a la luz pública en el presente sexenio federal. En el Colegio Tridentino se fundó en 1816 – hace 203 años- la primera Escuela de Derecho aquí en Durango que ahí produjo abogados hasta 1856, año en que se fundó el Colegio Civil, antecedente educativo de la Universidad Juárez, hace 163 años.
Se requiere una transición jurídica, desde nuevos criterios de selección, hay que establecer una hoja de ruta que señale el cambio de cultura ciudadana, que se definan los nuevos árbitros con nuevos perfiles, nuevos métodos y procedimientos para la selección, nombramientos, permanencia y movilidad. El tema de justicia como política pública es de especialistas que requiere la opinión de otros sectores.
El ciudadano común –no los fifis, los conservadores, los rikichín, los vendepatrias, los dueños de plataformas petroleras- exige se termine con la opacidad, el tráfico de influencias, la impunidad, la corrupción. Exige un sistema integral, transparente, eficiente y eficaz. Ojalá que la reforma llegue a la independencia de los fiscales, que no dependan del Ejecutivo federal o estatal. La autonomía presupuestal también es importante, no es posible que los presidentes de los tribunales “discutan” con los ejecutivos el presupuesto anual.
Simple y sencillamente debe ser un porcentaje del presupuesto total, más la inflación y punto. Autonomía en la designación, inmovilidad y en la partida y ejercicio presupuestal. Claro, que primero hay que hacer una verdadera limpieza en el poder judicial, al igual que en las procuradurías o fiscalías de los poderes ejecutivos estatales. De lo contrario, iremos de ninguna parte a ningún lado. Lo de siempre: corrupción e impunidad.
Hay que afinar la solución de intereses, mediación, conciliación, arbitraje en los juicios orales, para que de lo penal se oferte a las otras ramas del Derecho, y la ciudadanía confíe en esa nueva instancia, de la que desconfía por sobradas razones.
Diversas encuestas y organizaciones demuestran el desprestigio social que padecen las instituciones gubernamentales -que desde hace muchos años se ha venido acumulando- principalmente debido a la corrupción. México se encuentra estancado en la corrupción. El problema es sincrónico. Ninguna institución sale ilesa. La desconfianza ciudadana y el cáncer de la corrupción los padecen los tres poderes y los tres niveles de gobierno, de manera simultánea.
En 1982, Miguel de la Madrid promovió la “Renovación moral de la sociedad”, que culminó con la reforma constitucional al título cuarto de la Constitución y con el encarcelamiento de figuras públicas que estaban señaladas por su actuar. Se creó la Contraloría General de la Federación y se elaboraron leyes y procedimientos, que, a lo largo del tiempo, no han logrado contener este fenómeno de descomposición gubernamental, aunque se cambie de nombre a la dependencia.
El momento actual obliga al gobierno federal a poner en marcha acciones profundas y radicales. Fuera de los wacalas, fuchilas y amenazas de quejas con mamacitas o abuelitas. Algunos intelectuales, organismos empresariales y de la sociedad civil han exigido la creación de un auténtico Sistema Nacional Anticorrupción que articule las acciones de prevención, control, rendición de cuentas y fiscalización.
Los funcionarios deben actuar de manera ejemplar, difundiendo su declaración patrimonial, la fiscal y la de intereses. La famosa 3 de 3. Los partidos políticos deben privilegiar la ética de sus militantes sobre el dinero -al elegir candidatos- y tienen que disminuir radicalmente sus gastos excesivos, rendición de cuentas y transparentes.
Cuando la ciudadanía no se siente representada ni segura de su gobierno, los conflictos se complican, las soluciones se desvanecen y no se aportan esfuerzos ni fe en las medidas adoptadas. El investigador Lorenzo Meyer, cuestiona: ¿En qué régimen efectivamente democrático la policía local desaparece a 43 estudiantes sin que se vuelva a saber más de ellos o el ejército fusila in situ, sin juicio, a un grupo de prisioneros sin que ningún mando superior sea castigado? ¿En qué democracia legítima, con la mitad de su población clasificada como pobre se tiene, a la vez, un instituto electoral que consume un presupuesto anual de 15.3 mil millones de pesos, pero cuya credibilidad entre los ciudadanos es de sólo 34%? No comprenden el hartazgo ciudadano…
¿Se puede considerar aceptable un régimen donde siete de cada diez ciudadanos temen por su seguridad pues suponen que el Estado es incapaz de protegerlos y donde el 66% de ellos considera que la ley se cumple poco o nada?
Como Corolario, conviene recordar lo que decía Tácito, el historiador, senador, cónsul y gobernador del Imperio Romano: “cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene”.
