Si la pandemia actual nos ha dado una lección de lo vulnerable que somos ante un virus desconocido, el caso del pasante de medicina Erick David Andrade ha vuelto a poner al desnudo lo vulnerable que somos en el tema de seguridad.
Por enésima vez, los inocentes son víctimas de la violencia y una vez más, la sociedad duranguense es testigo de que el Estado no cumple con su obligación constitucional de proteger la vida de los ciudadanos. Y, como siempre, la autoridad responsable dice que “son hechos aislados” y que Durango es uno de los estados más seguros del país.
La muerte de Erick David Andrade cimbra a la sociedad duranguense por muchas razones. En primer lugar, si hoy fue Erick, mañana puede ser cualquier hombre o mujer pasante de medicina quien pudiera perder la vida en las mismas circunstancias del médico egresado de una universidad privada.
Y ya que hablamos de mujeres y de traiciones, el padre del pasante fallecido, en una entrevista que le hicieron en un canal de televisión local, se quejó de que hasta ese día la autoridad competente responsable del caso no le había informado del avance de la carpeta de investigación. Por otro lado, dijo sentirse agraviado por el rector de la universidad privada donde estudió su hijo, por no haberle permitido despedirse en las instalaciones de dicha universidad. Mala suerte para la familia de Erick, esa universidad estaba cerrada, porque dicen pudo haber sido imprudente y, además, “era domingo”. ¡Órale!
En segundo lugar, la muerte de Erick puso en la mesa el servicio social obligatorio de la comunidad de todas y todos los pasantes de medicina en las clínicas comunitarias más alejadas, donde la inseguridad es el pan de cada día. Las y los jóvenes egresados de la UJED y universidades privadas, ahora se encuentran, debido al servicio social, entre la espada y la pared.
Por una parte, los pasantes piden que desaparezca el servicio social obligatorio, al menos en ese tipo de zonas de inseguridad. Por otro lado, en la Ley General de la Secretaría de Educación Pública se establece la obligación del servicio social, de lo contrario, no podrán titularse. Esto significa que en ninguna universidad pública o privada puede cancelar el servicio social por no ser de su competencia. Se pueden tomar otras medidas sin desaparecer dicha obligación.
Pero también el caso de Erick Andrade puede servir para revisar la ley de la SEP que data de los años 30’s. en el fondo, el tema es sumamente complejo y no creemos que el gobierno federal vaya a cambiar o derogar dicha ley, y menos con el argumento que es “un hecho aislado”.
Pero al menos la muerte del pasante debe servir para algo, no deseamos, como sucede siempre, que sea tan sólo una agenda mediática y después la indiferencia total y el olvido. Ya es tiempo de que la sociedad tenga memoria y no olvidar el daño causado, porque la muerte de Erick no afecta sólo a su familia, ofende a la sociedad, nos sentimos desprotegidos ante la respuesta del Estado en materia de seguridad. No puede ser omiso y apostarle al tiempo y a la burocracia de las autoridades responsables.
Una cosa son las estadísticas que nos dan y otra los hechos. No podemos, como sociedad, pensar que vivimos “en un mundo feliz” o “en el país de las maravillas”. Tiene razón el padre de Erick cuando dice: “Que la muerte de mi hijo sirva para que la sociedad despierte y reclame sus derechos, nosotros le pagamos al Estado para que proteja nuestras vidas y tenemos derecho a reclamarle”. La pérdida de la vida de Erick, no vaya a resultar en una muerte “gatopardista”: que todo cambie pero que todo siga igual.
