/ domingo 14 de abril de 2019

Estricta fiscalización a candidatos y partidos al gasto de $90 millones

De positiva e inteligente fue calificada la decisión de José Ramón Enríquez de pedir licencia para separarse de la Presidencia Municipal, y dedicarse de tiempo completo a la campaña de proselitismo en busca del voto ciudadano que le permita reelegirse.

La Ley permite a los ediles que busquen la reelección, realizar campañas de proselitismo, sin tener que desocupar el espacio constitucional al que llegaron por la misma vía hace tres años. Y en el caso de Enríquez había decidido transitar en ambos carriles al mismo tiempo, para lo cual incluso, obtuvo el visto bueno del Cabildo sobre el horario en que atendería las dos responsabilidades.

Algo similar al modelo norteamericano se quiso experimentar, pero sin existir las circunstancias iguales que rodean ambos procesos electorales. Allá el financiamiento a los candidatos es privado y aquí proviene del erario público. Y además de que en Estados Unidos hay una democracia “más pura”.

El desempeñar el cargo de presidente municipal, como ejercer una candidatura constitucional, exigen los dos casos, hacerlo al 100 por ciento, lo primero para garantizar gobernabilidad, y lo otro para estar en las mismas condiciones de los contrincantes. Y de eso se dio cuenta Enríquez desde el primer día en que ocupó ambos puestos simultáneamente.

Y es que desde el momento en que se abrió la temporada oficial para que los candidatos traten de convencer a los electores de ser la mejor opción rumbo a la elección del primer domingo de junio próximo, el galeno sintió el exceso de los reflectores enfocados a sus actividades, de los entes fiscalizadores, y de los demás participantes, tanto como presidente municipal en funciones, como de candidato a ocupar nuevamente la Alcaldía por los próximos tres años.

Sin embargo, se evidenció desde el arranque de las campañas, que al hacerlo de tal manera, el oftalmólogo expuso una posición de vulnerabilidad frente a los otros contendientes.

De cualquiera manera, el árbitro electoral ha puesto especial énfasis en la fiscalización, de que los partidos y sus respectivos candidatos respeten los topes de campaña, que para el caso de Durango será de 19 millones 830 mil pesos; Gómez Palacio 10 millones 517 mil pesos; Lerdo 4 millones 473 mil pesos, y el más bajo, San Pedro del Gallo con 60 mil pesos.

El financiamiento que recibirá cada Partido para este año, lo encabeza Morena con 21 millones 533 mil pesos; después PRI con 18 millones 965 mil pesos; el PAN 14 millones 881 mil; PRD y PVEM con la misma cantidad de 6 millones 561 mil; PT, 8 millones 594 mil, MC, 6 millones 65 mil y PD, 6 millones 954 mil pesos. Y la lente fiscalizadora los tiene en la mira a fin de inhibir irregularidades en los gastos.

El IEyPC anunció desde el comienzo del calendario electoral, la fiscalización estrecha para el destino de cada peso de los 90 millones que este año financiará a partidos y sus candidatos.

En tal contexto, con el antecedente de haber enfrentado procesos jurídicos por supuestas violaciones a la Ley Electoral en el pasado, José Ramón Enríquez, enfrentará un “monitoreo” especial y persistente del organismo fiscalizador, así como de los otros actores del proceso.

La participación de Enríquez le impone competitividad a la elección por la Presidencia Municipal, ya que aunque la marca por la que compite no está posicionada en las preferencias del voto, su perfil protagónico y de capacidad que lo precede, le dota de interés y relevancia a la contienda.

Partidos como Morena y el PAN, de acuerdo a resultados de las primeras encuestas, prácticamente van empatados en las preferencias del voto ciudadano, con 33 y 31 puntos, respectivamente. Aquí la marca será importante en la competencia, aunque el perfil de los candidatos también les da para ser competitivos.

El desprestigio que persigue al PRI, con más del 50 por ciento en los votos negativos por Partido, tendrá que tratar de ser revertido por el entusiasmo y capacidad política de su joven candidato, Arturo Yáñez, quien deberá imbuirle creatividad e innovación a su campaña, si quiere recuperar al menos, parte del llamado “voto duro” que era la principal fortaleza priista.

El escenario está preparado para que el receptor de los mensajes de los candidatos, los procese y tome la decisión que mejor le acomode para votar y renovar los 39 ayuntamientos del estado.

De positiva e inteligente fue calificada la decisión de José Ramón Enríquez de pedir licencia para separarse de la Presidencia Municipal, y dedicarse de tiempo completo a la campaña de proselitismo en busca del voto ciudadano que le permita reelegirse.

La Ley permite a los ediles que busquen la reelección, realizar campañas de proselitismo, sin tener que desocupar el espacio constitucional al que llegaron por la misma vía hace tres años. Y en el caso de Enríquez había decidido transitar en ambos carriles al mismo tiempo, para lo cual incluso, obtuvo el visto bueno del Cabildo sobre el horario en que atendería las dos responsabilidades.

Algo similar al modelo norteamericano se quiso experimentar, pero sin existir las circunstancias iguales que rodean ambos procesos electorales. Allá el financiamiento a los candidatos es privado y aquí proviene del erario público. Y además de que en Estados Unidos hay una democracia “más pura”.

El desempeñar el cargo de presidente municipal, como ejercer una candidatura constitucional, exigen los dos casos, hacerlo al 100 por ciento, lo primero para garantizar gobernabilidad, y lo otro para estar en las mismas condiciones de los contrincantes. Y de eso se dio cuenta Enríquez desde el primer día en que ocupó ambos puestos simultáneamente.

Y es que desde el momento en que se abrió la temporada oficial para que los candidatos traten de convencer a los electores de ser la mejor opción rumbo a la elección del primer domingo de junio próximo, el galeno sintió el exceso de los reflectores enfocados a sus actividades, de los entes fiscalizadores, y de los demás participantes, tanto como presidente municipal en funciones, como de candidato a ocupar nuevamente la Alcaldía por los próximos tres años.

Sin embargo, se evidenció desde el arranque de las campañas, que al hacerlo de tal manera, el oftalmólogo expuso una posición de vulnerabilidad frente a los otros contendientes.

De cualquiera manera, el árbitro electoral ha puesto especial énfasis en la fiscalización, de que los partidos y sus respectivos candidatos respeten los topes de campaña, que para el caso de Durango será de 19 millones 830 mil pesos; Gómez Palacio 10 millones 517 mil pesos; Lerdo 4 millones 473 mil pesos, y el más bajo, San Pedro del Gallo con 60 mil pesos.

El financiamiento que recibirá cada Partido para este año, lo encabeza Morena con 21 millones 533 mil pesos; después PRI con 18 millones 965 mil pesos; el PAN 14 millones 881 mil; PRD y PVEM con la misma cantidad de 6 millones 561 mil; PT, 8 millones 594 mil, MC, 6 millones 65 mil y PD, 6 millones 954 mil pesos. Y la lente fiscalizadora los tiene en la mira a fin de inhibir irregularidades en los gastos.

El IEyPC anunció desde el comienzo del calendario electoral, la fiscalización estrecha para el destino de cada peso de los 90 millones que este año financiará a partidos y sus candidatos.

En tal contexto, con el antecedente de haber enfrentado procesos jurídicos por supuestas violaciones a la Ley Electoral en el pasado, José Ramón Enríquez, enfrentará un “monitoreo” especial y persistente del organismo fiscalizador, así como de los otros actores del proceso.

La participación de Enríquez le impone competitividad a la elección por la Presidencia Municipal, ya que aunque la marca por la que compite no está posicionada en las preferencias del voto, su perfil protagónico y de capacidad que lo precede, le dota de interés y relevancia a la contienda.

Partidos como Morena y el PAN, de acuerdo a resultados de las primeras encuestas, prácticamente van empatados en las preferencias del voto ciudadano, con 33 y 31 puntos, respectivamente. Aquí la marca será importante en la competencia, aunque el perfil de los candidatos también les da para ser competitivos.

El desprestigio que persigue al PRI, con más del 50 por ciento en los votos negativos por Partido, tendrá que tratar de ser revertido por el entusiasmo y capacidad política de su joven candidato, Arturo Yáñez, quien deberá imbuirle creatividad e innovación a su campaña, si quiere recuperar al menos, parte del llamado “voto duro” que era la principal fortaleza priista.

El escenario está preparado para que el receptor de los mensajes de los candidatos, los procese y tome la decisión que mejor le acomode para votar y renovar los 39 ayuntamientos del estado.