El debilitamiento institucional promovido desde la cúspide del poder, así el cambio de hábitos en la vida social propiciado por la emergencia sanitaria, le han dado un enorme margen de maniobra al gobierno federal para socavar y someter a su voluntad a los gobiernos locales atentando contra la esencia del sistema federal. Como ya es conocido, el origen etimológico de la palabra federalismo proviene del latín foedus-oris que significa unión, alianza, pacto, acuerdo; precisamente uno de los mecanismos propicios para lograr la recuperación económica del país y evitar ablandar el tejido social, al margen de proyectos personales o ideologías políticas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sometido a las instituciones a una debilidad presupuestal y por consecuencia de acción que pone en riesgo los equilibrios y contrapesos necesarios en todo Estado democrático de Derecho; probidades y prudencias necesarias para lograr buenos resultados en el combate a la inseguridad, la pobreza, así como las deficiencias educativas y sanitarias que ahora son más palpables con la crisis pandémica.
La política mexicana transita bajo los signos de una especie de caudillismo, lejos de las visiones que otorgan la pluralidad implícita en la democracia. Bajo una visión unilateral, se han desdeñado la suma de esfuerzos, la importancia de un gran acuerdo nacional en el que participen los diversos sectores sociales, poderes de la Unión y gobiernos locales para salir bien librados de la coyuntura inédita que ha puesto a México en una situación complicada que impacta a diario en la economía de millones de familias que luchan para sobrevivir en la adversidad, con el riesgo latente de no contar con los recursos necesarios para proveer la alimentación de sus hijos.
Los gobiernos locales, estatales y municipales son autoridades electas de manera democrática con el voto libre, secreto y directo de los ciudadanos, son los que atienden los problemas cotidianos de los habitantes de todas regiones del país, son la autoridad que mantiene mayor interlocución con los gobernados, de ahí que tomarlos en cuenta para enfrentar circunstancias especiales es un acierto como lo están haciendo varios gobiernos nacionales en diversos países, distribuyendo las responsabilidades y presupuesto entre los diferentes ámbitos de gobierno, aumentando las capacidades institucionales y la eficacia gubernamental. El equilibrio del poder, el desarrollo autónomo de los estados y sus municipios, así como la corresponsabilidad en las políticas públicas están implícitamente ligadas a una vocación democrática: sumar esfuerzos para evitar agudizar la pobreza y la desgracia de los mas desprotegidos.
Es claro que México carece de un proyecto visible de nación porque no hay canales de expresión para las diversas voces en un mecanismo de negociación que a estas alturas es inexistente. La emergencia sanitaria ha obligado a los ciudadanos a defenderse con sus propios medios para salir del atolladero económico que ha dejado la pérdida de miles de empleos y el cierre de negocios desde la formalidad e informalidad ante la falta de apoyos.
Las necesidades de la población obligan a que se concrete un acuerdo nacional en donde prevalezca la voluntad política para aprovechar el terreno ganado de la vida democrática que ha costado décadas construir. En suma: las necesidades de la población merecen ser atendidas por un gobierno eficiente, preparado para las emergencias y capaz de afrontar los desafíos en materia de salud, educación y sobre todo en la reducción de la brecha social.
El Pacto Federal fue concebido en la constitución norteamericana, plasmado en nuestra primer Carta Magna de 1824 como un sistema basado en la distribución de facultades, ejercida por tres niveles de gobierno, los que de manera armónica, asumiendo cada uno sus atribuciones, promueven el desarrollo equitativo de todos, el federalismo no promueve los contrastes entre ámbitos de gobierno, ni marginaciones, tal y como lo ha hecho la actual visión presidencial, en donde los recursos públicos están concentrados en el gobierno central, con el supuesto fin de distribuirlos directamente a esa masa amorfa que es el pueblo y que le ha servido como pretexto para enquistar el rencor social como bandera política.
Es tiempo de dirigir las políticas públicas hacia el equilibrio social para mitigar diferencias. La pandemia nos ha dejado claro que los ciudadanos tenemos las mismas vulnerabilidades, pero no los mismos recursos para afrontarlas.
De ahí la necesidad de un estado social, solidario, abierto, democrático, incluyente, que otorgue a cada quien el lugar que le corresponde de acuerdo a las atribuciones constitucionales que reflejan los acuerdos centrales del pacto social que hace posible la convivencia humana y la viabilidad ordenada y eficiente de la sociedad. Cada vez estoy menos convencido que exista la voluntad política para darle un nuevo rumbo al ejercicio del gobierno; al contario se observa un creciente modelo de concentración del poder para estar en posibilidades de orientar el ejercicio gubernamental a favorecer un proyecto político y no al servicio del mayor beneficio colectivo posible.
