La reforma fiscal en nuestro país busca acrecentar la capacidad regulatoria de la autoridad a través de herramientas digitales con una tendencia marcada a obtener la mayor información posible a través de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
Lo que puede resultar de difícil cumplimiento para los contribuyentes, pues no sólo enfrentan el reto de satisfacer un número de mayores requisitos, sino también a la tarea del uso inadecuado de los medios digitales por posibles irregularidades en las declaraciones de impuestos.
Esto puede representar costos adicionales para las personas físicas y traer aparejadas desventajas en cuanto la simplificación administrativa, pero también problemas debido a que la legislación fiscal no es del todo adecuada a la fiscalización a través de estos modelos, debido a que no se cuenta con un sistema plenamente armonizado.
Con la implementación de estos cambios, se generan problemas para los contribuyentes ante las lagunas legales que podrían crearse y pretender llevar a cabo la fiscalización a través de los medios digitales, ya que pueden entorpecer las relaciones comerciales y dar lugar a efectos contrarios a los deseados por parte de las administraciones tributarias que apuestan por estos esquemas para obtener mejores resultados recaudatorios.
Esto, sin considerar que un mayor costo para el cumplimiento, favorece la informalidad en México, sobre todo porque en nuestro país no todos los contribuyentes tienen acceso a medios digitales o se encuentran familiarizados con los sistemas y plataformas establecidas por las autoridades tributarias.
De acuerdo con un estudio conjunto de las Naciones Unidas y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, los procedimientos complicados y los costos excesivos pueden obligar a empresas a abandonar sus proyectos, o bien respetar dichos trámites y terminar operando de manera tardía en el sector, por lo que esta situación puede afectar la competitividad e inhibir el crecimiento.
Entre las principales herramientas implementadas a nivel mundial se encuentra la facturación electrónica, misma que con el paso del tiempo ha sido utilizada con algunas administraciones tributarias para realizar cruces de información de las operaciones llevadas a cabo por los contribuyentes convirtiéndose así en un medio de control y fiscalización.
América Latina no ha sido la excepción al tratar de implementar este tipo de modelos de fiscalización, porque históricamente los países de la región han tenido serios problemas para controlar el registro de todas las transacciones económicas que se realizan en sus mercados internos con un sector informal importante, por lo que en la mayoría de los casos las administraciones tributarias suelen verse sobrepasadas en cuanto a sus capacidades técnicas operativas para llevar a cabo esta tarea.
Por esto, el modelo de fiscalización a través de herramientas digitales presenta riesgos en su operación, ya que deben atenderse las capacidades de las administraciones hacendarias y tomar en cuenta las condiciones legales que deben darse para una implementación exitosa.
En este contexto la mayoría de las administraciones tributarias de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no utilizan a la factura electrónica como medio de fiscalización, y donde lo llevan a cabo, no lo hacen en todas las etapas, sino hasta la venta del consumidor final, lo que debe ser analizado de manera minuciosa en cada una de las naciones, como en México, para conocer su potencial desarrollo.
