La tarea de los diputados locales no termina con la aprobación del Presupuesto 2022, deberán estar pendientes de que se utilice una estricta fiscalización para que no haya desviaciones en el gasto de los 35 mil 819 millones de pesos a ejercer, que en la práctica no se apliquen alzas en el cobro de impuestos y derechos, y que los créditos autorizados se destinen a obra pública. La aprobación unánime de los 25 legisladores al paquete económico que operará el siguiente año, los obliga a mantener una estrecha vigilancia para que se cumpla con lo dispuesto por la norma que inspecciona la inversión pública.
A diferencia del presupuesto federal, que no se modificó por parte de los legisladores federales, en Durango se realizaron cambios y reasignaciones al proyecto enviado por los gobiernos estatal y municipales, lo que fortaleció la división de poderes, y clarificó el escenario de diálogo y entendimiento que se generó en medio de la pluralidad política.
Los coordinadores parlamentarios demostraron voluntad, madurez y civilidad para lograr los consensos de cada uno de sus compañeros, y así autorizar un presupuesto con “alto sentido social”, sin crear ni menos incrementar los gravámenes, además de dar para adelante a la reestructuración de la deuda pública estimada en alrededor de 14 mil millones de pesos.
La prioridad coincidente de anteponer a Durango por encima de los objetivos partidistas, personales y de grupo, permitió también consensuar una agenda legislativa institucional a desarrollar durante los 3 años de la LXIX Legislatura.
Sin embargo, en medio de un proceso electoral complicado por las definiciones de candidatos y coaliciones, se esbozaba un panorama difícil en el carril de llevar a buen puerto la proyección económica para el siguiente período fiscal.
Por ello es de alto mérito que los 25 diputados se hayan puesto de acuerdo para aprobarlo, y sobre todo con movimientos para que en algunas partidas se reflejaran las demandas más sentidas de la sociedad, y las necesidades surgidas por la pandemia.
Los representantes populares reconocieron la actitud conciliadora que impulsó el presidente de la Junta de Coordinación Política. En equipo, los diputados bajaron de 422 a 282 millones el presupuesto a desempeñar por el IEyPC el próximo año, que tendrá que ajustarse a los recursos disponibles para garantizar la elección a gobernador y de los 39 Ayuntamientos.
Se frenó la pretensión de algunos gobiernos municipales de elevar tarifas de agua potable y predial. No a incrementos que afecten la economía de los contribuyentes, fue la premisa.
En las 251 iniciativas, 34 puntos de acuerdo y 93 decretos que promovieron durante el período primer ordinario, los diputados atendieron las demandas ciudadanas, y lo refrendaron al reacomodar recursos a favor del Sistema Anticorrupción, la Secretaría del Trabajo, el INAI y para un programa de extensionismo rural, entre otros rubros. Trabajaron por Durango.
