Asuntos como el matrimonio igualitario o la interrupción voluntaria del embarazo suelen provocar que ciertos integrantes de la clase política se rasguen las vestiduras de forma innecesaria, mostrando y demostrando que las ideologías, las filias y las fobias personales, religiosas, morales y de otra índole siguen haciendo su aparición en tópicos que son -o debieran ser- de estricta institucionalidad, legalidad y, sobre todo, constitucionalidad.
En el caso particular de nuestra entidad federativa, ha sido precisamente uno de estos temas el que ha llamado la atención de la opinión pública durante las últimas semanas. En efecto, el matrimonio igualitario se ha instalado en el centro de la discusión en una tierra como la nuestra que, al decir de varios sectores, se caracteriza por su pensamiento y estilo de vida conservador. Sin embargo, resulta estéril distinguir entre liberales y conservadores, entre izquierda y derecha, entre progresistas y no progresistas, cuando hacemos alusión a esas conquistas civilizatorias de la mayor trascendencia que son los derechos humanos.
A estas alturas, en un mundo presuntamente globalizado, heterogéneo, diverso, plural y tolerante, resulta increíble que todavía se intente argumentar que personas no heterosexuales “posean” o no derecho a contraer matrimonio. No sólo es discriminatorio e inconstitucional negar derechos de este tipo sino que simplemente no se sostiene ningún alegato en contra de la comunidad LGBTIQ+ al respecto.
Ni los modelos de núcleo familiar son estáticos ni las sociedades en sí mismas lo son. Hay decenas de tales modelos, alejados de esa visión clásica de padre, madre e hijos, además de que la procreación como tal no es el único fin que se persigue en la célula de la sociedad que es la familia -pensemos nada más a guisa de ejemplo en aquellos matrimonios que están impedidos para tener hijos por razones de esterilidad-.
En ocasión del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia -que se celebra cada 17 de mayo-, la Organización de las Naciones Unidas ha hecho llamados a respetar la dignidad del colectivo LGBTIQ+, salvaguardando de forma palmaria el derecho a vivir de una forma libre e igual al resto de los ciudadanos del mundo. La libertad e igualdad, en efecto, deben ser para todas las personas.
Es por lo anterior que, aunque todavía no esté legalizado el matrimonio igualitario como figura jurídica en la legislación local, eso no significa que la Constitución no reconozca ni proteja los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Basta con promover un juicio de amparo -el principal medio con el que contamos las y los mexicanos para controlar la regularidad constitucional y, por ende, el conjunto de nuestros derechos- en contra de la negativa al registro del matrimonio entre personas del mismo sexo, como de hecho ya está aconteciendo, para que se obligue a la autoridad correspondiente a llevarlo a cabo.
Como en otros aspectos igualmente controvertidos, al estilo del uso lúdico de la mariguana, es a golpe de sentencias como se pueden proteger eficazmente los derechos. Que quede claro: Los derechos fundamentales no se consultan ni pueden quedar al capricho de los gobernantes o de los congresistas. Atentar contra este postulado provocaría una mutación y tránsito del Estado constitucional y democrático de Derecho a un Estado de barbarie. Por ello es que, hoy más que nunca y hoy como siempre, la fuerza de la Constitución es la mejor herramienta que podemos emplear para hacer valer nuestras prerrogativas esenciales y libertades públicas.
