/ lunes 23 de septiembre de 2019

Gobierno abierto, el reto de Salum

Han transcurrido poco más de tres semanas desde que Jorge Salum del Palacio asumió la presidencia municipal de la ciudad capital del estado de Durango.

Lo ocurrido y declarado en este corto periodo de tiempo es una película que los vecinos duranguenses ya vimos hace tres años, cuando José Ramón Enríquez Herrera llegaba al Palacio de Escárzaga.

En efecto, los señalamientos y acusaciones que hoy se hacen en torno a las inconsistencias financieras y administrativas que han detectado los regidores y funcionarios entrantes, se parecen en mucho a las que hicieron en su momento los que llegaron con Enríquez, incluso entonces como ahora se habló de una auditoría y de sancionar a los responsables.

Como todos nosotros sabemos, los resultados de aquella auditoría jamás se dieron a conocer públicamente, fue utilizada como acicate de convencimiento para que los ediles priistas no estorbaran las decisiones y conveniencias del oftalmólogo, así que cuando ahora escuchamos hablar de auditorías y sanciones, pues, la verdad, no se tiene mucha confianza en que sea para beneficio del municipio.

Desafortunadamente un tema que debería de ser eminentemente jurídico-administrativo se convierte en político, y entonces los partidos representados en el cabildo lo utilizan, o para hacerse notar, o para golpear; los resultados de las investigaciones entran en la esfera de la conveniencia, no de la legalidad, y las sanciones se convierten en una carta de negociación.

Han transcurrido más de tres años y los presuntos desvíos y malversaciones de fondos que gritaban los enriquistas habían encontrado en la administración de Esteban Villegas y de Carlos Emilio Contreras no tienen nombre, ningún servidor público ha sido llamado cuando menos a declarar.

Jorge Salum se ha caracterizado a lo largo de su carrera por ser un tipo sobrio, alejado de las prácticas palaciegas que caracterizan las candilejas políticas; su triunfo fue contundente, los 73 mil 295 votos que obtuvo le dan un sólido bono democrático como para tomar decisiones que trasciendan, como introducir al Ayuntamiento bajo los paradigmas del gobierno abierto, en donde la colaboración y la transferencia de información entre la autoridad y los vecinos hagan que los acto de corrupción y las violaciones a la ley salgan a la luz pública de manera natural, como una lógica consecuencia.

Un gobierno abierto es aquel que se caracteriza por estructurarse bajo formas de integración ciudadana en el sector público, en donde se identifican prácticas de transparencia y de acceso a la información púbica eficientes, en donde la interacción gobierno-ciudadanos es activa, a través de la web fundamentalmente, aunque sin dejar de lado la personal.

Estas prácticas de democracia social harían que la información fluya, de arriba (gobierno) hacia abajo (sociedad), de abajo hacia arriba y de forma horizontal, generándose una sinergia de tales magnitudes que habría un co-gobierno, forma ideal dentro del andamiaje democrático que pregona nuestra Constitución.

Bajo la forma de gobierno abierto se evitaría que los actores políticos sin moral manipulen a la sociedad con información distorsionada, o que la utilicen para beneficio personal; también se abatiría el número de pasquines que circulan sin control bajo el argumento de la libertad de expresión, los blogs y publicaciones en la web que bajo el anonimato dicen lo que quieren sin el menor sustento. La opacidad o las verdades a medias –que son mentiras completas- es lo que alimenta a estos sitios.

El municipio es el gobierno más cercano a la gente, es el que debe satisfacer las necesidades más apremiantes de la sociedad, pero también es el orden de gobierno más lastimado por la clase política, el que menos recursos recibe y el que más atraso en estructura presenta; Ayuntamientos van y vienen, cada tres años escuchamos hablar de saqueos, robos, desvíos, aviadores, ¿hasta qué grado es verdad? No lo sabemos, lo único cierto es que no hay un solo caso sustanciado.

Un gobierno abierto es una buena opción, sólo con transparencia, acceso a la información verdadera y con la participación responsable de una sociedad bien informada podremos lograr un auténtico gobierno cercano a la gente.

Han transcurrido poco más de tres semanas desde que Jorge Salum del Palacio asumió la presidencia municipal de la ciudad capital del estado de Durango.

Lo ocurrido y declarado en este corto periodo de tiempo es una película que los vecinos duranguenses ya vimos hace tres años, cuando José Ramón Enríquez Herrera llegaba al Palacio de Escárzaga.

En efecto, los señalamientos y acusaciones que hoy se hacen en torno a las inconsistencias financieras y administrativas que han detectado los regidores y funcionarios entrantes, se parecen en mucho a las que hicieron en su momento los que llegaron con Enríquez, incluso entonces como ahora se habló de una auditoría y de sancionar a los responsables.

Como todos nosotros sabemos, los resultados de aquella auditoría jamás se dieron a conocer públicamente, fue utilizada como acicate de convencimiento para que los ediles priistas no estorbaran las decisiones y conveniencias del oftalmólogo, así que cuando ahora escuchamos hablar de auditorías y sanciones, pues, la verdad, no se tiene mucha confianza en que sea para beneficio del municipio.

Desafortunadamente un tema que debería de ser eminentemente jurídico-administrativo se convierte en político, y entonces los partidos representados en el cabildo lo utilizan, o para hacerse notar, o para golpear; los resultados de las investigaciones entran en la esfera de la conveniencia, no de la legalidad, y las sanciones se convierten en una carta de negociación.

Han transcurrido más de tres años y los presuntos desvíos y malversaciones de fondos que gritaban los enriquistas habían encontrado en la administración de Esteban Villegas y de Carlos Emilio Contreras no tienen nombre, ningún servidor público ha sido llamado cuando menos a declarar.

Jorge Salum se ha caracterizado a lo largo de su carrera por ser un tipo sobrio, alejado de las prácticas palaciegas que caracterizan las candilejas políticas; su triunfo fue contundente, los 73 mil 295 votos que obtuvo le dan un sólido bono democrático como para tomar decisiones que trasciendan, como introducir al Ayuntamiento bajo los paradigmas del gobierno abierto, en donde la colaboración y la transferencia de información entre la autoridad y los vecinos hagan que los acto de corrupción y las violaciones a la ley salgan a la luz pública de manera natural, como una lógica consecuencia.

Un gobierno abierto es aquel que se caracteriza por estructurarse bajo formas de integración ciudadana en el sector público, en donde se identifican prácticas de transparencia y de acceso a la información púbica eficientes, en donde la interacción gobierno-ciudadanos es activa, a través de la web fundamentalmente, aunque sin dejar de lado la personal.

Estas prácticas de democracia social harían que la información fluya, de arriba (gobierno) hacia abajo (sociedad), de abajo hacia arriba y de forma horizontal, generándose una sinergia de tales magnitudes que habría un co-gobierno, forma ideal dentro del andamiaje democrático que pregona nuestra Constitución.

Bajo la forma de gobierno abierto se evitaría que los actores políticos sin moral manipulen a la sociedad con información distorsionada, o que la utilicen para beneficio personal; también se abatiría el número de pasquines que circulan sin control bajo el argumento de la libertad de expresión, los blogs y publicaciones en la web que bajo el anonimato dicen lo que quieren sin el menor sustento. La opacidad o las verdades a medias –que son mentiras completas- es lo que alimenta a estos sitios.

El municipio es el gobierno más cercano a la gente, es el que debe satisfacer las necesidades más apremiantes de la sociedad, pero también es el orden de gobierno más lastimado por la clase política, el que menos recursos recibe y el que más atraso en estructura presenta; Ayuntamientos van y vienen, cada tres años escuchamos hablar de saqueos, robos, desvíos, aviadores, ¿hasta qué grado es verdad? No lo sabemos, lo único cierto es que no hay un solo caso sustanciado.

Un gobierno abierto es una buena opción, sólo con transparencia, acceso a la información verdadera y con la participación responsable de una sociedad bien informada podremos lograr un auténtico gobierno cercano a la gente.