Es cierto que la controversial medida es una contradicción a la visión inicial del gobierno de López Obrador, primero porque siempre descalificó que ello sucediera durante los gobiernos de sus dos últimos antecesores, y segundo porque allá en los comienzos de su presidencia, se pronunció en contra del uso de la fuerza como estrategia para disminuir la inseguridad pública, para lo cual acuñó la frase dirigida a las organizaciones delincuenciales, “abrazos, no balazos”.
Y, sin embargo, el Ejército Mexicano está calificado entre las instituciones que tienen la mayor confianza de la sociedad, y por ende es bien visto que coadyuve en la lucha contra la desbordada violencia que golpea en varios estados del país como una “segunda pandemia”, al haber generado el mayor número de homicidios dolosos en lo que va del año, y durante el 2019.
El decreto presidencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 11 de mayo, en que se faculta a las Fuerzas Armadas para sumarse a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, fue cuestionado más que nada, por ser una paradoja a lo que había anunciado el ocupante de la silla principal de Palacio Nacional, más que por lo que significa tal acción.
Aunque también es señalado por organizaciones ciudadanas, como Amnistía Internacional, el riesgo de que con la adición de los soldados y marinos a las acciones policiacas, se aumente la violación a los Derechos Humanos durante los operativos de combate.
En medio de la polémica provocada por tal medida, surge la interrogante en el sentido de si la llamada “militarización” de la seguridad pública, será capaz de “apaciguar” la violencia que causan las bandas criminales, pero también de recuperar los espacios que los delincuentes han ganado a los gobiernos de los estados y municipios.
Tanto el Ejército como la Marina, responderían con creces a la confianza de la sociedad, si empezaran a recuperar no solamente la tranquilidad perdida de miles de familias, sino también los espacios y áreas económicas que los grupos de criminales han arrebatado, por las buenas y por las malas, a los gobiernos y a cientos de empresarios en general.
Se critica que la incorporación de los elementos de las Fuerzas Armadas, debilite el Sistema de Protección a los Derechos Humanos, lo cual también debe ser vigilado de manera estricta, si en verdad lo que se pretende es, si no erradicar, al menos disminuir los índices de violencia que afectan a millones de mexicanos.
Los militares están ante la oportunidad de “acallar” las críticas, y comportarse a la altura de las circunstancias a fin de combatir con eficacia a “ese cáncer” que corroe el sistema de seguridad pública, y que ha cobrado miles de vidas de inocentes, sobre todo jóvenes. Lo de la controversia, debe continuar pero en un carril aparte.
Son legítimos y dignos de tomar en cuenta, los cuestionamientos, siempre y cuando no sean emitidos por cuestiones partidistas, como las atribuyó el propio AMLO, ni menos como eco a la postura del crimen organizado, que no quieren a los militares en las calles.
Los soldados, de acuerdo al decreto, estarán en las calles hasta marzo de 2024, que es el año en que termina el período sexenal de Andrés Manuel López Obrador, por lo que será objeto de evaluación ciudadana si la determinación fue eficaz, o resultó en un fracaso.
Desde ahora se cuestiona también que supuestamente los soldados en funciones de policía, se subordinarán a los mandos de la Guardia Nacional que es dirigida por un general en retiro. Además de que no podrán desarrollar actividades de investigación ni detenciones.
Precisamente para el 2024 se prevé que la Guardia Nacional ya cuente con 140 mil elementos. En la actualidad tiene 70 mil, en su mayoría miembros de la Marina y el Ejército, lo que también se le ha criticado, ya que presuntamente continúan en las nóminas salariales de donde provienen.
Lo cierto es que el gobierno lopezobradorista tendrá que demostrar en los hechos que la medida es adecuada, conforme a las condiciones y circunstancias que privan en el rubro de la seguridad pública. De lo contrario, será uno de los lastres a cargar durante su administración, con la posibilidad de que se refleje en la transición presidencial del 2024, y como antesala, desde el 2021, en que se renovará el Congreso Federal, aunque no quieran que se politice.
