Cuando se informó a la opinión pública que la hoy exsecretaria de Semanart, Josefa González Bueno, le había presentado su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, por haberle pedido a un alto funcionario de Aeroméxico que retrasara por 40 minutos el despegue del avión, causando molestia a los pasajeros, no podríamos dar crédito a lo que se convirtió en noticia nacional.
México es un país de influyentes, de tráfico de influencias, de políticos que piensan que todo cambió para que todo siga igual. La renuncia de Josefa González Blanco es un claro ejemplo de que en este país las cosas están empezando a cambiar.
Esta renuncia es inédita, en el pasado esto no hubiera sucedido, o ni siquiera nos hubiéramos enterado. Al parecer se están acabando los tiempos en que las secretarias y secretarios de estado viajaban en aviones privados y utilizaban helicópteros del gobierno federal para trasladarse al aeropuerto de la Ciudad de México.
En las democracias modernas, los secretarios de Estado, jefes de gabinete, ministros, entre otros, por ser acusados de la más mínima cosa renunciaban a sus carteras. En esas democracias, ningún primer ministro o presidente se atreven a defender las conductas de sus más cercanos colaboradores, y mucho menos decir en público: “no te preocupes, Rosario”.
Extrañamos en las redes sociales a Vicente Fox y Felipe Calderón, pidiéndole al presidente López Obrador que no aceptara la renuncia de la secretaria por ese pequeño detalle. Por cierto, Felipe Calderón debería ser maestro de derecho electoral en la Universidad Panamericana, les acaba de dar una cátedra a los del INE cuando les dijo: “Las conferencias mañaneras del presidente debieron ser suspendidas desde hace 90 días, como lo establece la ley”, eso es para darnos cuenta que para ser Presidente de la República no se requiere de gran cosa, únicamente hacer fraudes para llegar al poder.
Y también cuando todos creíamos que intentar acabar con la corrupción sólo era una promesa de AMLO, o el famoso borrón y cuenta nueva o el perdón y olvido, “el tigre que no se atrevieron a soltar en 2018”, ya dio una muestra de que no habrá impunidad para aquellos que han hecho del país un negocio. Hoy muchos están echando sus barbas a remojar, Pemex es sin duda la institución donde más se ha dado la corrupción.
Ningún presidente se había atrevido a tocar a los exdirectores de Pemex y mucho menos a los empresarios ligados a esa empresa y que se han convertido en los hombres más ricos de México y del mundo.
El caso Lozoya-Ancira es sólo la punta del iceberg de la corrupción en Pemex. Esta investigación, sin duda, llegará muy lejos, no le sorprenda a usted si algún expresidente de México pueda estar involucrado, y no sólo políticos y empresarios cercanos al primer círculo de algún exmandatario.
Sólo falta que la acción del Gobierno de la República, los “intelectuales” la califiquen, como algo que sólo sucede en “las dictaduras imperfectas”, en los gobiernos autoritarios y populistas, que por tocar a empresarios como Alonso Ancira Elizondo, pone en peligro la economía del país, ahuyentará la inversión extranjera, el dólar en pocos días costará 50 pesos, las calificadoras nos volverán a recordar, las remesas bajarán o la inflación puede llegar como en el sexenio de José López Portillo.
México tiene que dejar de ser el país de la impunidad, existe corrupción porque hay complicidad entre los hombres del poder político y los empresarios. Veremos donde termina esta historia que apenas empieza a escribirse.
