/ sábado 3 de octubre de 2020

Hay temas prioritarios

Como si fuera vocera de la actual Legislatura, la diputada local Alicia Gamboa da a conocer a la sociedad que los temas del aborto y matrimonio igualitario no serán tratados en el Congreso del Estado.

Eso no sorprende, cuando se trata de derechos humanos que están en la Constitución como derechos fundamentales y firmados en tratados internacionales de los cuales el estado mexicano forma parte. Para las diputadas y diputados locales, como dijo Arturo de Córdova: “No tiene la menor importancia”. Esta Legislatura y las que están por venir, dirán lo mismo que Alicia Gamboa, no se atreverán a cuestionar la doble moral que hay en este tema y no se atreverán, porque lo único que les interesa es quedar bien con un poder fáctico y con los electores.

Cuando se despenalizó el aborto en la CDMX, a las diputadas y diputados que aprobaron la ley, no les tembló la mano ante los argumentos religiosos del cardenal Norberto Rivera, y de las opiniones en las editoriales del periódico “Desde la fe”. El problema del aborto no sólo son asuntos de políticas públicas, de la pastilla de un día después o de otros anticonceptivos.

Se trata más bien del desarrollo a la libre personalidad y del respeto a las mujeres de decidir con libertad sobre su cuerpo. Aquí en Durango, en el código penal, encontramos el tema del aborto en los artículos 148 al 150. En estos está tipificado el delito de aborto, penas y multas. En el artículo 150 en sus fracciones I, II Y III están las excluyentes de responsabilidad penal, cuando sea resultado de una conducta culposa, en casos de violación o cuando se pone en peligro la vida de la mujer.

Por fortuna en este tema tan delicado como lo es el delito de violación y como resultado hay un embarazo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció a favor de lo que se conoce como Norma Oficial Mexicana (NOM) y la mujer embarazada bajo protesta de decir verdad puede acudir a los servicios de salud pública sin tener que darle parte al Ministerio Público como sucede en el Código Penal de nuestro estado. Hay quienes afirman que el aborto está despenalizado por las excluyentes de responsabilidad.

Algo muy similar sucede, en los delitos contra la seguridad de la subsistencia familiar. El artículo 297 del Código Penal del Estado de Durango, establece que quien abandona a cualquier persona de quien tenga la obligación de suministrar alimentos, y lo deje a cargo de familiares o de terceros se pondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa.

Eso que dice el código y la carabina de Ambrosio es lo mismo. Agotada la vía civil, si este delito no se persigue de oficio, seguiremos viendo a miles de madres duranguenses en los juzgados de lo familiar luchando para que se les dé pensión alimenticia a sus hijos.

No ha nacido en Durango la diputada o diputado que se pronuncie a favor del matrimonio igualitario. Algunas diputadas y diputados han dicho que como ciudadanos están a favor, pero como diputados votarán en contra. Tampoco ha llegado al Congreso, la legislatura que vote en el pleno en contra o a favor del matrimonio igualitario la razón es que quedaría como testimonio público. Para variar, en la CDMX desde hace varios años se aprobó el matrimonio igualitario. Es oportuno apuntar que, las personas del mismo sexo aquí en Durango se pueden casar, pero necesitan promover un juicio de amparo como recientemente ocurrió en Oaxaca. El problema que le vemos, es que cuando se otorga el amparo, sólo le sirve a los quejosos y no es general. ¿Nada más el derecho humano a votar y ser votado se puede defender? ¿De acuerdo a la diputada Gamboa hay derechos humanos de primera y de segunda? ¿Quiere esta Legislatura pasar a la historia? ¡Voten en contra o a favor en estos temas, pero háganlo!

Como si fuera vocera de la actual Legislatura, la diputada local Alicia Gamboa da a conocer a la sociedad que los temas del aborto y matrimonio igualitario no serán tratados en el Congreso del Estado.

Eso no sorprende, cuando se trata de derechos humanos que están en la Constitución como derechos fundamentales y firmados en tratados internacionales de los cuales el estado mexicano forma parte. Para las diputadas y diputados locales, como dijo Arturo de Córdova: “No tiene la menor importancia”. Esta Legislatura y las que están por venir, dirán lo mismo que Alicia Gamboa, no se atreverán a cuestionar la doble moral que hay en este tema y no se atreverán, porque lo único que les interesa es quedar bien con un poder fáctico y con los electores.

Cuando se despenalizó el aborto en la CDMX, a las diputadas y diputados que aprobaron la ley, no les tembló la mano ante los argumentos religiosos del cardenal Norberto Rivera, y de las opiniones en las editoriales del periódico “Desde la fe”. El problema del aborto no sólo son asuntos de políticas públicas, de la pastilla de un día después o de otros anticonceptivos.

Se trata más bien del desarrollo a la libre personalidad y del respeto a las mujeres de decidir con libertad sobre su cuerpo. Aquí en Durango, en el código penal, encontramos el tema del aborto en los artículos 148 al 150. En estos está tipificado el delito de aborto, penas y multas. En el artículo 150 en sus fracciones I, II Y III están las excluyentes de responsabilidad penal, cuando sea resultado de una conducta culposa, en casos de violación o cuando se pone en peligro la vida de la mujer.

Por fortuna en este tema tan delicado como lo es el delito de violación y como resultado hay un embarazo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció a favor de lo que se conoce como Norma Oficial Mexicana (NOM) y la mujer embarazada bajo protesta de decir verdad puede acudir a los servicios de salud pública sin tener que darle parte al Ministerio Público como sucede en el Código Penal de nuestro estado. Hay quienes afirman que el aborto está despenalizado por las excluyentes de responsabilidad.

Algo muy similar sucede, en los delitos contra la seguridad de la subsistencia familiar. El artículo 297 del Código Penal del Estado de Durango, establece que quien abandona a cualquier persona de quien tenga la obligación de suministrar alimentos, y lo deje a cargo de familiares o de terceros se pondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa.

Eso que dice el código y la carabina de Ambrosio es lo mismo. Agotada la vía civil, si este delito no se persigue de oficio, seguiremos viendo a miles de madres duranguenses en los juzgados de lo familiar luchando para que se les dé pensión alimenticia a sus hijos.

No ha nacido en Durango la diputada o diputado que se pronuncie a favor del matrimonio igualitario. Algunas diputadas y diputados han dicho que como ciudadanos están a favor, pero como diputados votarán en contra. Tampoco ha llegado al Congreso, la legislatura que vote en el pleno en contra o a favor del matrimonio igualitario la razón es que quedaría como testimonio público. Para variar, en la CDMX desde hace varios años se aprobó el matrimonio igualitario. Es oportuno apuntar que, las personas del mismo sexo aquí en Durango se pueden casar, pero necesitan promover un juicio de amparo como recientemente ocurrió en Oaxaca. El problema que le vemos, es que cuando se otorga el amparo, sólo le sirve a los quejosos y no es general. ¿Nada más el derecho humano a votar y ser votado se puede defender? ¿De acuerdo a la diputada Gamboa hay derechos humanos de primera y de segunda? ¿Quiere esta Legislatura pasar a la historia? ¡Voten en contra o a favor en estos temas, pero háganlo!