/ viernes 2 de agosto de 2019

Ignacio Luis Vallarta: Constitucionalista y hombre de Estado

“Mientras fui juez, no tuve más ambición que administrar recta justicia dando a cada uno lo que es suyo”.- Ignacio Luis Vallarta

Siempre que el rumbo constitucional en nuestro país parezca extraviado, es menester recurrir a la figura de don Ignacio Luis Vallarta Ogazón, uno de los más insignes juristas decimonónicos a lo largo y ancho de la república.

Precursor y forjador del juicio de amparo -instrumento defensor por excelencia de los derechos humanos aparecido en nuestro país, cuyo modelo fue tomado como referencia para establecer algunas figuras análogas en marcos jurídicos extranjeros- junto a otros personajes de gran envergadura como don Mariano Otero y don Manuel Crescencio Rejón, en Vallarta encontramos no sólo a un amparista sino a un constitucionalista y a un procesalista nato, lo cual, como se verá más adelante, es capital para la defensa y ampliación progresiva de las libertades públicas y los derechos fundamentales propiamente dichos.

Nacido en Guadalajara, Jalisco un 25 de agosto de 1830, tuvo una trayectoria pública ejemplar, pues fue gobernador de su estado, secretario de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y candidato a la primera magistratura en 1880.

Como integrante del más alto tribunal elaboró algunos de los fallos y votos más memorables de nuestra historia constitucional, los cuales deben entenderse siempre a la luz de los momentos sociales y de la transformación que es inherente a la esencia de lo público.

Y aún más: No fue sólo un hombre de leyes sino que aportó con sus lúcidas reflexiones a temas como el político, el social y el económico. Se trata entonces de un estadista de esos que muchas veces hacen falta en el México contemporáneo. Una persona de leyes pero conocedor de los temas y problemas de su entorno, decidido a resolver estos últimos tanto en lo teórico como en lo práctico.

Y es que los problemas constitucionales son, simultáneamente, asuntos relacionados con los grandes temas nacionales, por lo que el juez constitucional tiene un papel absolutamente relevante en el contexto de la democracia y la configuración de los regímenes políticos. El juez constitucional, en efecto, debe ser un demócrata a prueba de cualquier resistencia.

Un buen amparista debe ser un buen constitucionalista y un buen procesalista. En efecto, el conocimiento amplio de la Constitución y sus instituciones es crucial para una defensa adecuada de los derechos humanos en vía jurisdiccional. De la misma forma, dominar el proceso metodológicamente hablando es algo no menos importante para el éxito en materia litigiosa. Esto lo podemos ver con toda su magnitud en la obra y en el pensamiento de Vallarta.

Buena parte de la obra del homenajeado está reunida en sus votos. La Editorial Oxford University Press ha publicado una colección de los mismos, llamada precisamente “Votos. Cuestiones constitucionales”, en la que nuestro autor emite sus opiniones jurídicas sobre algunos de los tópicos más sobresalientes de aquel entonces, muchos de los cuales incluso se extienden a la actualidad.

Por ejemplo, la propiedad y las leyes de reforma, aspectos técnicos del amparo como el sobreseimiento, el dominio y la posesión de terrenos, la extradición, la prueba, el delito de difamación, el delito de falsedad, las concesiones, las complicadas relaciones entre Estado e iglesias, la pena de muerte, elementos de la hacienda pública, entre otros. Precursor de la argumentación jurídica, Vallarta los trató siempre con la razón por delante.

En sus propias palabras, tal y como lo expresa en el prólogo a sus votos, su aspiración siempre fue de la mano con la justicia: “pueda hoy este libro, dado a la prensa desde el retiro de la vida privada, testificar que, mientras fui juez, no tuve más ambición que administrar recta justicia dando a cada uno lo que es suyo; que la de mantener el depósito de los principios cuya guarda me fue confiada; que la de cooperar con todas mis fuerzas a fijar el Derecho Público de la nación, sin cuidarme de las conveniencias de la política de actualidad”.

Continúa diciendo: Si el pueblo que me honró con su confianza se persuade de que me esforcé en cumplirle la promesa de desempeñar leal y patrióticamente el encargo que me confirió; si hubiere yo podido fijar algún principio; si hubiere acertado a emitir alguna idea útil; si hubiere siquiera dicho una palabra que comience a establecer nuestra jurisprudencia constitucional, habré obtenido la recompensa más valiosa de mis trabajos, habré satisfecho las más vivas aspiraciones que los alentaron servir a los intereses de mi país, afirmando sus libertades, consolidando sus instituciones”. Como alguna vez dijo Francisco de Quevedo, “donde hay poca justicia es un peligro tener razón”. Vallarta, sin duda alguna, contribuyó a intentar unir justicia y razón.

“Mientras fui juez, no tuve más ambición que administrar recta justicia dando a cada uno lo que es suyo”.- Ignacio Luis Vallarta

Siempre que el rumbo constitucional en nuestro país parezca extraviado, es menester recurrir a la figura de don Ignacio Luis Vallarta Ogazón, uno de los más insignes juristas decimonónicos a lo largo y ancho de la república.

Precursor y forjador del juicio de amparo -instrumento defensor por excelencia de los derechos humanos aparecido en nuestro país, cuyo modelo fue tomado como referencia para establecer algunas figuras análogas en marcos jurídicos extranjeros- junto a otros personajes de gran envergadura como don Mariano Otero y don Manuel Crescencio Rejón, en Vallarta encontramos no sólo a un amparista sino a un constitucionalista y a un procesalista nato, lo cual, como se verá más adelante, es capital para la defensa y ampliación progresiva de las libertades públicas y los derechos fundamentales propiamente dichos.

Nacido en Guadalajara, Jalisco un 25 de agosto de 1830, tuvo una trayectoria pública ejemplar, pues fue gobernador de su estado, secretario de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y candidato a la primera magistratura en 1880.

Como integrante del más alto tribunal elaboró algunos de los fallos y votos más memorables de nuestra historia constitucional, los cuales deben entenderse siempre a la luz de los momentos sociales y de la transformación que es inherente a la esencia de lo público.

Y aún más: No fue sólo un hombre de leyes sino que aportó con sus lúcidas reflexiones a temas como el político, el social y el económico. Se trata entonces de un estadista de esos que muchas veces hacen falta en el México contemporáneo. Una persona de leyes pero conocedor de los temas y problemas de su entorno, decidido a resolver estos últimos tanto en lo teórico como en lo práctico.

Y es que los problemas constitucionales son, simultáneamente, asuntos relacionados con los grandes temas nacionales, por lo que el juez constitucional tiene un papel absolutamente relevante en el contexto de la democracia y la configuración de los regímenes políticos. El juez constitucional, en efecto, debe ser un demócrata a prueba de cualquier resistencia.

Un buen amparista debe ser un buen constitucionalista y un buen procesalista. En efecto, el conocimiento amplio de la Constitución y sus instituciones es crucial para una defensa adecuada de los derechos humanos en vía jurisdiccional. De la misma forma, dominar el proceso metodológicamente hablando es algo no menos importante para el éxito en materia litigiosa. Esto lo podemos ver con toda su magnitud en la obra y en el pensamiento de Vallarta.

Buena parte de la obra del homenajeado está reunida en sus votos. La Editorial Oxford University Press ha publicado una colección de los mismos, llamada precisamente “Votos. Cuestiones constitucionales”, en la que nuestro autor emite sus opiniones jurídicas sobre algunos de los tópicos más sobresalientes de aquel entonces, muchos de los cuales incluso se extienden a la actualidad.

Por ejemplo, la propiedad y las leyes de reforma, aspectos técnicos del amparo como el sobreseimiento, el dominio y la posesión de terrenos, la extradición, la prueba, el delito de difamación, el delito de falsedad, las concesiones, las complicadas relaciones entre Estado e iglesias, la pena de muerte, elementos de la hacienda pública, entre otros. Precursor de la argumentación jurídica, Vallarta los trató siempre con la razón por delante.

En sus propias palabras, tal y como lo expresa en el prólogo a sus votos, su aspiración siempre fue de la mano con la justicia: “pueda hoy este libro, dado a la prensa desde el retiro de la vida privada, testificar que, mientras fui juez, no tuve más ambición que administrar recta justicia dando a cada uno lo que es suyo; que la de mantener el depósito de los principios cuya guarda me fue confiada; que la de cooperar con todas mis fuerzas a fijar el Derecho Público de la nación, sin cuidarme de las conveniencias de la política de actualidad”.

Continúa diciendo: Si el pueblo que me honró con su confianza se persuade de que me esforcé en cumplirle la promesa de desempeñar leal y patrióticamente el encargo que me confirió; si hubiere yo podido fijar algún principio; si hubiere acertado a emitir alguna idea útil; si hubiere siquiera dicho una palabra que comience a establecer nuestra jurisprudencia constitucional, habré obtenido la recompensa más valiosa de mis trabajos, habré satisfecho las más vivas aspiraciones que los alentaron servir a los intereses de mi país, afirmando sus libertades, consolidando sus instituciones”. Como alguna vez dijo Francisco de Quevedo, “donde hay poca justicia es un peligro tener razón”. Vallarta, sin duda alguna, contribuyó a intentar unir justicia y razón.