El ejercicio del presupuesto y la política fiscal son los principales instrumentos que tiene todo gobierno para intervenir de manera decisiva en la economía, armonizar el poder entre el Estado, los mercados y la sociedad civil, generar el equilibrio que permita avanzar hacia un sistema productivo, justo y libre, que impulse el dinamismo económico que asegure igualdad y oportunidades para todos.
El domingo 8 de septiembre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión el paquete económico 2020, que consiste en los documentos de Criterios Generales de Política Económica (CGPE), la iniciativa de Ley de Ingresos (ILI) y proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2020; instrumentos financieros y fiscales que ayudan a eficientar la distribución de los recursos de nuestro país.
Para lograr la eficiencia económica que se requiere, es necesario que estos instrumentos estén alineados con la realidad económica que vivimos en México.
El paquete fiscal comprende varios puntos de política económica dignos de análisis, sin dejar de considerar el entorno internacional. Vivimos en un mundo globalizado y gracias a eso, ninguna economía nacional puede dejar de considerar lo que la situación de la economía en las distintas regiones del mundo.
En el espacio interno hay dos materias que llaman la atención debido a que las expectativas sobre sus metas están sobreestimadas o demasiado optimistas: la primera es la hipótesis de que la economía crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento (2% en promedio) en el 2020, y la segunda, las altas proyecciones del aumento en la producción de Pemex.
Las dudas crecen cuando la propia Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) externa que las expectativas del crecimiento del PIB para el presente año 2019, se ubica entre 0.6% y 1.2% (punto medio el 0.9%); a pesar de que en el primer semestre del año el PIB creció solo 0.2%, resulta entonces que la SHCP que el PIB crecerá 1.6% para el segundo semestre, sin contar con bases firmes para ello. El INEGI informa que no hay señales concretas de que los indicadores económicos mejoren sustancialmente en los próximos meses.
En este sentido, el sustento del PEF 2020 es frágil y eso es preocupante, no cuenta con cimientos sólidos y mucho menos creíbles. Los datos duros que integran al presupuesto, no coinciden con la realidad. El presupuesto debe ser un instrumento eficaz para garantizar crecimiento y desarrollo, así como la confianza de los diversos agentes económicos.
El paquete que ya está en el terrero de los diputados -y en menor grado de los Senadores- (los que carecen de margen de maniobra para modificar rubros sustanciales del PEF), puede conducirnos a seguir con la economía estancada, con riesgos de debilitamiento de la planta productiva, angustias para la creación de bienes y servicios, perder terreno en la atracción de inversión extranjera, creciendo el riesgo de perder empleos formales.
Es importante que no perdamos de vista un factor que es de suma importancia para los inversionistas mexicanos, la opinión de calificadoras internacionales como lo es la Bank of América, Merrill Lynch (BofAML), que considera que está creciendo un mal presagio sobre el riesgo que vive nuestro país, aunado a que México no está construyendo amortiguadores ante una eventual desaceleración global, dada la guerra comercial entre EUA y China; lo que genera vulnerabilidad económica en nuestro país.
El proyecto del Ejecutivo pone de manifiesto una clara intención recaudatoria, pretende recaudar 3.45 billones, en comparación con el año pasado que la recaudación ascendió a 2.9 billones; de ahí que el SAT esté preparando una embestida para auditar a pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo se aprueba una Ley para equiparar la evasión y elusión fiscal con delitos graves como el de delincuencia organizada; es decir, exprimir a los contribuyentes cautivos, en tanto que quienes viven en la economía informal no tendrán que enfrentar estas adversidades.
En cuanto a la producción petrolera, expertos de temas energéticos consideran que es técnicamente imposible aumentar la producción a los niveles que señala el proyecto de PEF, así como que el precio de 55 dólares por barril de la mezcla mexicana sea posible, esta posibilidad está sujeto a factores externos que están fuera del alcance de las decisiones de las autoridades mexicanas.
La presentación del PEF 2020 ha levantado airadas protestas de sectores diversos de la sociedad al desplomar la inversión en infraestructura y privilegiar el gasto social asistencialista que no impulsa la producción. Esta decisión perjudica de manera grave a sectores como a los productores agropecuarios, ejidatarios y comuneros, asalariados, maestros, inclusive a los miembros de las Guardia Nacional, al sector de la vivienda, entre muchos otros.
Si bien, este año ha sido complicado en materia de obra pública, el panorama se visualiza más gris para el siguiente año, gracias a que el Gobierno Federal plantea un gasto en obra pública de 465 mil 280 millones de pesos, 5% por debajo de lo presupuestado en 2019.
Los estados y municipios recibirán menos recursos, la concentración de los recursos para utilizarlos de manera discrecional por instancias centrales es una tentación evidente, al lado de que según datos de “México Evalúa” para el próximo año el 45% de los programas sociales carecerán de reglas de operación, operándose así 402 mil millones de pesos. Dicha discrecionalidad abre grandes dudas sobre la seriedad de la política social.
Es un paquete económico que tristemente genera más incertidumbre que certeza, se finca en proyecciones alegres de ingresos, al lado de que orienta grandes recursos al rescate de Pemex y a proyectos faraónicos como el aeropuerto de Santa Lucía (al que por cierto solo destina el 5% de su costo de construcción), la innecesaria refinería de Dos Bocas y el Tren Maya; proyectos que al día de hoy no tienen ningún beneficio real y tangible.
El estado de bienestar se soporta en una economía compasiva y se esmera en atender las grandes necesidades de la ciudadanía busca generar bienestar, en nuestro país con este proyecto de PEF no se observa que el objetivo sea el bienestar de la gente
El presupuesto debería estar basado en una justa distribución de la riqueza, evitando la concentración de capital en unos cuantos; el presidente López Obrador lo dice en el discurso, sin embargo, las acciones basadas en el presupuesto, no lo demuestran. El compromiso del actual gobierno es combatir las inaceptables desigualdades sociales, sin embargo, tampoco parece ser ese el sentido del presupuesto 2020, más bien se observa la intención de ganar y/o conservar clientelismo político, en vez de actuar con visión de estado, como lo demanda la realidad y el pueblo de México.
