La semana anterior abordamos la intención de la Fiscalía General de la República de eliminar el delito de feminicidio de nuestra legislación penal debido a “la complejidad para los Ministerios Públicos para probar que un homicidio en el que la mujer es víctima fue a causa de condición de su género”.
Esta situación es susceptible de subsanarse con un modelo especial de capacitación a Ministerios Públicos e impartidores de justicia para que realicen el trabajo técnico-jurídico adecuado a fin de juzgar a quien comete este acto abominable; externamos con claridad que ese no es motivo suficiente para dejar de tipificar un delito grave, delicado, que estruja las fibras más sensibles de la sociedad.
Los países que firmaron convenios internacionales en materia de protección a los Derechos Humanos con el fin de proteger a las mujeres de la creciente violencia en su contra, en razón de su género, se obligaron a incorporar en sus legislaciones el delito de feminicidio. En nuestro país quedó inserto en una ley de carácter administrativo la “Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia” y posteriormente se logra que el Código Penal Federal tipifique como delito grave aquel que “comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género”.
Justo al día siguiente de la publicación, de mi análisis, a principios de esta semana se conocen detalles del feminicidio en contra de Ingrid Escamilla, una joven que no sólo fue asesinada brutalmente por su “pareja sentimental”, sino que su cuerpo fue desmembrado y esparcidas varias partes de su cuerpo en lugares públicos y privados; un hecho digno de la peor escena de terror cinematográfico, un acto inhumano, sin límites.
Con este caso la gran polémica de los feminicidios irrumpe otra vez de manera exponencial en el ámbito nacional, provocando que en varios estados de la república miles de mujeres salieran a las calles a protestar, a externar su dolor, la angustia por el calvario que sufren.
La lucha no es solo por Ingrid, es por todas las mujeres que padecen violencia laboral y familiar. Es un llamado a la sociedad para que cese la violencia contra ellas. Los asesinatos de mujeres por motivos de género han crecido 137% en los últimos 5 años en México.
En calles de varias ciudades de nuestro país, el pasado viernes las mujeres, especialmente jóvenes, hicieron escuchar su voz exigiendo el fin de la violencia de género. Gritaron de manera reiterada que no aceptaban que el gobierno considere más importante una rifa -la del avión presidencial o alguna cantidad importante de dinero- que los feminicidios.
Su indignación es fuerte y se exacerba cuando subrayan que “lo material es más importante que las vidas que se están perdiendo, porque nos están arrebatando a nuestras hijas, hermanas y amigas de la peor manera”.
Los campos de cruces rosas y moradas que buscan recordar a las niñas, adolescentes y mujeres que han sido asesinadas se multiplican a lo largo de la república, escondiendo una tragedia mayor. En realidad no es posible saber cuántas son en realidad.
La crítica más cruda es por el hecho de que la gran mayoría de los casos nunca se resuelven y sólo un pequeño porcentaje de los autores son llevados ante la justicia.
María Salguero creó un mapa donde dejó plasmados “Los feminicidios en México” acumulados, contados durante los últimos tres años. Ella hace el conteo por su cuenta y con recursos propios –casi ninguno más que la voluntad–. Las cruces que denotan muerte: asesinatos, registra 6,571 feminicidios en todo el territorio mexicano, en solo tres años de 2016 hasta 2019.
María Salguero elaboró categorías que hacen difícil obviar la complejidad del problema: que hacen recordar que estas mujeres tenían un cuerpo y una vida; que dejaron hijos huérfanos; que eran niñas o mujeres maduras que tenían hasta 59 años; que las mataron de las formas más brutales; que las asesinaron para robarles a sus hijos o junto a su pareja como venganza del crimen organizado.
El feminicidio no es sólo atribuido a la violencia doméstica, tal como lo reconoce la ONU en su Protocolo de Investigación de las Muertes Violentas por Razones de Género, señalando que “ocurre en el ámbito familiar o en el espacio público y puede ser perpetrada por particulares o ejecutada o tolerada por agentes del estado. Constituye una violación de varios derechos fundamentales de las mujeres, consagrados en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y sexual, y/o el derecho a la libertad personal”.
Las cifras son escalofriantes y preocupantes, 6 de cada 10 mujeres mexicanas han enfrentado algún incidente violento durante su vida, y más del 40% ha sido víctima de alguna agresión sexual.
A pesar de que existe una tipificación federal de los siete causales de un feminicidio, cada estado del país interpreta por su cuenta cómo se demostrará ese delito en su código penal local. De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, solamente 19 estados tienen en sus códigos penales una tipificación “adecuada”. Esas diferencias, aunque parezca un simple detalle legal, provocan grandes cambios en las estadísticas y en la manera en la que intentamos estudiar -y castigar- este delito.
Urge crear mecanismos legales eficaces para que aquellos que cometan el delito de feminicidio paguen por el hecho acorde a la gravedad del mismo. El feminicida sabe que difícilmente será castigado y sentenciado. Es una lucha que nos corresponde a todos, especialmente a los varones que convivimos en sociedad gracias al apoyo, comprensión y amor de nuestras madres, esposas, hijas, hermanas, tías, sobrinas, amigas.
La descomposición social que hoy padecemos -con miras a empeorar si seguimos por este camino- es producto de la pérdida del respeto a la mujer, de atacarla y pretender sojuzgarla a nuestros caprichos. Es urgente poner un alto a esta situación, nuestro tejido social está cada día más endeble.
No más casos como el de Ingrid.
