Tiene razón, Esteban Villegas Villarreal: “El Congreso del Estado es la casa del pueblo”. Pero el Congreso no es un órgano jurisdiccional para decidir quién tiene la legalidad conforme a Derecho, si los habitantes de los fraccionamientos Loma Dorada, Lomas del Parque, Lomas Diamante o el Municipio de la capital. ¡Qué cosas tiene la vida Mariana!
Se litiga en los medios para politizar cualquier cosa y los asuntos políticos se deciden en los tribunales. Parece que sólo respetamos el Estado de derecho cuando nos conviene, y cuando no acudimos a partidos políticos para presionar a la autoridad y que deje de aplicar el reglamento de Desarrollo Urbano, Bando de Policía y Gobierno o la propia Constitución.
Hoy el PT no entiende que ya no son el Comité de Defensa Popular al que utilizaron para invadir terrenos y hacerse millonarios, diputados locales, diputados federales, senadores de la república y en dos ocasiones presidentes municipales. Esa época dorada ya pasó a la historia.
Hoy están como el tango argentino: “Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo blanquearon mi sien…”, el PT tiene diputados locales de milagro, y no se diga regidores en el Cabildo y si no fuera por nuestras nobles leyes electorales serían simples ciudadanos como usted y como yo. Gracias a este asunto nos hemos dado cuenta de que Primitivo Ríos es un profundo conocedor de los derechos humanos.
Hace unos días declaró en los medios: “Se están violando derechos humanos de los habitantes de estos fraccionamientos”. Si fuera cierto, el petista debería interponer una demanda de juicio de amparo indirecto ante las instancias correspondientes para demostrar que alguna autoridad ha violentado los derechos humanos de los habitantes de esa zona.
El tema de “la calle de la discordia” no es político, es un asunto legal y así tendrá que resolverse. Si quienes desean cerrar la vialidad sienten que han sido víctimas de un acto de autoridad, en este caso el Municipio, existen los órganos competentes administrativos para interponer los recursos que procedan.
Los vecinos, en su momento tal vez invocando el interés legítimo tuvieron la oportunidad de ampararse en contra de la licencia de construcción del polémico centro comercial porque podría afectarles. Dejaron pasar el tiempo y el centro comercial ya está funcionando.
Estos fraccionamientos están municipalizados, por lo tanto y conforme a Derecho, las calles son públicas y ya encarrerado el gato hay que aclararle al regidor lo siguiente: Abrir una vialidad no es violar ningún derecho humano. Que sus asesores legales le lean el Artículo 1º de la Constitución.
Lo que sí le compete al Congreso del Estado, a las diputadas y los diputados es tender puentes con las autoridades cuando los ciudadanos tienen un problema. Si los vecinos de los citados fraccionamientos tienen la razón legal, y si lo demuestran en los órganos competentes, que se les haga justicia.
Pero en contrario, si el gobierno municipal está aplicando correctamente el reglamento de desarrollo urbano, entonces que aplique la ley, así de sencillo. El argumento de los habitantes de esta zona residencial consiste que si no se cierra dicha vialidad habrá inseguridad.
Moraleja: ¿Por qué no privatizamos todos los fraccionamientos y colonias de la ciudad, para acabar con los problemas de inseguridad?
