/ jueves 27 de junio de 2019

La carrera por el 2022

Cuando hubo por primera vez alternancia en el gobierno federal, en el lejano año 2000, ocurrió un proceso de descentralización cuyas consecuencias, positivas y negativas cambiaron la forma en que se ejerció el poder durante los 70 años de la hegemonía priista.

Los saldos de este proceso pueden medirse desde diversas variables, pero en el terreno político la consecuencia directa fue la pérdida del poder absoluto que ostentaba el presidente sobre toda la vida política, económica y social del país.

Un saldo negativo del menguado hiperpresidencialismo fue la autonomía política y fiscal que ganaron los gobernadores y a los que el lugar común los motejó de señores feudales. No pueden entenderse los primeros tres sexenios de la alternancia presidencial sin el derroche y la criminalidad en algunos casos de los Duartes (Javier y César), los Moreiras (Rubén y Humberto). La historia de terror ya la sabemos todos.

Proceso similar fue, aunque menos visible, el que ocurrió a su vez con la descentralización del poder de los gobernadores respecto a los presidentes municipales cuando hubo alternancia en los estados. Seguramente más controlados políticamente y con menos recursos y poder, los conflictos existen de todos modos y no es posible entender la elección del 2 de junio sino se atiende a ese fenómeno que no es exclusivo de nuestro Estado.

A los gobernadores forjados en el viejo modelo les gustaría ejercer el poder en su feudo a la vieja usanza y los alcaldes de la misma estirpe sueñan con un paraíso de autonomía de recursos y poder que les permitan allanar el camino a la gubernatura.

El gobernador Aispuro recuperó por lo pronto para su partido la capital del estado pero se ganó una nueva rival para la segunda mitad de su mandato, la presidenta electa de Gomez Palacio, otrora bastión priista pero al final alineado que siempre ha sentido recelo hacia la capital, mereciendo un gobernador lagunero, según el argumento de orden económico que dan algunos.

La carrera por el 2022 ya está tomando forma: El alcalde electo de la capital con fuerza propia pero respaldado por el gobernador, una alcaldesa lagunera que se siente empoderada por AMLO y por la (cada vez menor) fuerza de Morena, y el actual presidente en funciones quizá desdibujado por la elección reciente pero que puede hacer sus méritos desde el senado (como lo hizo el gobernador en funciones, quien además tenía 12 años de haber terminado su gestión como alcalde cuando ganó la gubernatura).

La elección federal del 2018 alteró la correlación de fuerzas y vemos que por lo menos, a tres años de distancia, el no tan lejano 2022 se antoja impredecible y no como antes, cuando a mitad del sexenio el dueño del feudo ya había decidido su relevo.

Cuando hubo por primera vez alternancia en el gobierno federal, en el lejano año 2000, ocurrió un proceso de descentralización cuyas consecuencias, positivas y negativas cambiaron la forma en que se ejerció el poder durante los 70 años de la hegemonía priista.

Los saldos de este proceso pueden medirse desde diversas variables, pero en el terreno político la consecuencia directa fue la pérdida del poder absoluto que ostentaba el presidente sobre toda la vida política, económica y social del país.

Un saldo negativo del menguado hiperpresidencialismo fue la autonomía política y fiscal que ganaron los gobernadores y a los que el lugar común los motejó de señores feudales. No pueden entenderse los primeros tres sexenios de la alternancia presidencial sin el derroche y la criminalidad en algunos casos de los Duartes (Javier y César), los Moreiras (Rubén y Humberto). La historia de terror ya la sabemos todos.

Proceso similar fue, aunque menos visible, el que ocurrió a su vez con la descentralización del poder de los gobernadores respecto a los presidentes municipales cuando hubo alternancia en los estados. Seguramente más controlados políticamente y con menos recursos y poder, los conflictos existen de todos modos y no es posible entender la elección del 2 de junio sino se atiende a ese fenómeno que no es exclusivo de nuestro Estado.

A los gobernadores forjados en el viejo modelo les gustaría ejercer el poder en su feudo a la vieja usanza y los alcaldes de la misma estirpe sueñan con un paraíso de autonomía de recursos y poder que les permitan allanar el camino a la gubernatura.

El gobernador Aispuro recuperó por lo pronto para su partido la capital del estado pero se ganó una nueva rival para la segunda mitad de su mandato, la presidenta electa de Gomez Palacio, otrora bastión priista pero al final alineado que siempre ha sentido recelo hacia la capital, mereciendo un gobernador lagunero, según el argumento de orden económico que dan algunos.

La carrera por el 2022 ya está tomando forma: El alcalde electo de la capital con fuerza propia pero respaldado por el gobernador, una alcaldesa lagunera que se siente empoderada por AMLO y por la (cada vez menor) fuerza de Morena, y el actual presidente en funciones quizá desdibujado por la elección reciente pero que puede hacer sus méritos desde el senado (como lo hizo el gobernador en funciones, quien además tenía 12 años de haber terminado su gestión como alcalde cuando ganó la gubernatura).

La elección federal del 2018 alteró la correlación de fuerzas y vemos que por lo menos, a tres años de distancia, el no tan lejano 2022 se antoja impredecible y no como antes, cuando a mitad del sexenio el dueño del feudo ya había decidido su relevo.

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