Desde los tiempos en que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) era un férreo opositor al gobierno, se ha conducido bajo la premisa: “Si no estás conmigo estás contra mí”, la que por cierto es un pasaje bíblico (Mateo 12:30).
Hasta antes del primer domingo de julio de 2018 no tenía mucha importancia la frase en la voz de “El Peje”, pero ahora que es el presidente de México si es para tomársela en consideración.
El movimiento que encabeza AMLO, denominado “La Cuarta Transformación” (4T), implica una serie de cambios, no sólo de conducta sino de pensamiento; debemos actuar y pensar como él lo determina para ser considerados buenos mexicanos, si no comulgamos con él, entonces pertenecemos a la mafia del poder, somos conservadores, corruptos y fifís.
No han sido pocos los enfrentamientos que ha tenido el presidente por esta manera tan radical de hacer política, se ha confrontado con políticos, periodistas, académicos, economistas, entre otros muchos más.
Hasta cierto punto el escenario de confrontación es normal, pero cuando el pleito es con el organismo encargado de velar y garantizar el respeto y observancia a los Derechos Humanos, las cosas se salen del contexto de la normalidad para caer en el de lo aberrante.
Como sabemos, el 31 de mayo de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 29/2019, dirigida a María Luisa Albores González (Secretaria de Bienestar), Carlos Urzúa Macías (Secretario de Hacienda), César Emiliano Hernández Ochoa (Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria) y María del Rocío García Pérez (Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia). La recomendación derivó de la queja que interpusieran 5,340 personas de diferentes estados de la República por las violaciones a los derechos humanos de las personas beneficiarias y usuarias del “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”.
El punto neurálgico de la recomendación 29/2019 consiste en que el Estado Mexicano debe restituir a niñas y niños, padres y madres, responsables y trabajadoras de estancias infantiles los derechos que fueron violados con motivo de la emisión de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar y la disminución del presupuesto.
Contrario a lo que podría suponerse, López Obrador calificó la recomendación de inaceptable y de ser una vergüenza, con lo que la rechazó en forma tajante. Olvida el tabasqueño que a partir de la reforma constitucional de junio de 2011, él, como representante del Estado Mexicano, es el primer obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y a interpretar las normas bajo la cláusula del principio pro persona.
En otro acto de soberbia extrema, el presidente no acudió al informe de actividades del presidente de la CNDH, con lo que rompió con una tradición que databa desde hace 29 años. Lo lamentable del hecho es que el presidente no escuchó de primera mano el balance sobre la situación que guarda el país en materia de Derechos Humanos, rompiéndose, además, el canal de comunicación directa que durante 29 años había existido entre el presidente y la CNDH el día del informe de este último.
Hasta el momento de escribir esta reflexión el gobierno federal seguía sin aceptar la recomendación 29/2019, ante lo cual la CNDH pide reconsidere su postura, de lo contrario acudirá al Senado de la República para que llame a comparecer a las dependencias involucradas y expliquen las razones de su negativa, lo que indudablemente hará que el conflicto escale a otro nivel.
México es un país con severos rezagos en materia de Derechos Humanos; en 2018, la CNDH conoció 290 hechos violatorios, de donde se desprendieron 90 recomendaciones, de las cuales solo el 2.42% tiene evidencia de cumplimiento total. Se emitieron 8 recomendaciones por violaciones graves originadas por expediente de queja, dirigidas a 40 autoridades diferentes en 58 ocasiones, ninguna con complimiento total. Las autoridades con mayor número de recomendaciones son el IMSS, la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad.
Pero el problema es añejo y complejo; la ONG Human Rights Watch, organización dedicada a la investigación, defensa y promoción de los Derechos Humanos, desnuda al Estado Mexicano al dar a conocer los eventos de transgresión a los Derechos Humanos ocurridos en México: más de 32 mil desapariciones forzosas hasta agosto de 2017; 22 ejecuciones extrajudiciales (13 por la espalda y una persona quemada) hasta agosto de 2016; 4,390 casos de tortura a junio de 2017; hasta julio de 2016 más de 10 mil denuncias por abusos militares; el 57.8% de la población penitenciaria informó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestado, de estas personas, el 19% indicó haber recibido descargas eléctricas, el 36% haber sido estranguladas, sumergidas en agua o asfixiadas y el 59% haber recibido puñetazos o patadas. Además, el 28% manifestó haber sido amenazado con la posibilidad de que les hicieran daño a sus familiares.
El escenario es desolador, un auténtico páramo; es lamentable que el primer obligado a respetar y garantizar los Derechos Humanos no tenga el tiempo ni la voluntad de atender tan urgente situación, aunque lo más preocupante es el mensaje que lanza a los trabajadores del sector salud, policías, ejército, Guardia Nacional, Ministerios Públicos y otros agentes recurrentes en la violación de los Derechos Humanos.
Pareciera que la disconformidad en la manera de actuar y de pensar de la CNDH en relación a la del presidente los excluye del ambicioso proyecto de transformación que representa la 4T.
