Ante el hecho incuestionable del incremento exponencial de los índices de violencia en México (homicidios, robos, secuestros, etc.), los diversos actores involucrados en el tema -académicos, periodistas, el gobierno- coinciden en que el origen del problema radica en un proceso de descomposición social, causado fundamentalmente por la pérdida de valores familiares.
Para el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), la descomposición del tejido social se debe a la inadecuada política social y económica de los gobiernos neoliberales, quienes estuvieron más ocupados -parafraseando al presidente López Obrador- en enriquecerse que en atender y resolver los problemas del pueblo. Así entonces, y desde la visión de la 4T, la pérdida de valores familiares se debe a la desatención del Estado en cumplir con sus fines.
Al margen de lo anterior, la descomposición o anomia social es un mal crónico que ha hecho metástasis en la sociedad mexicana, ha provocado que sus miembros no actúen por el interés colectivo, sino por impulsos e intereses personales, los que en las más de las veces se bifurcan de las normas que intentan regular la convivencia. Y entonces observamos cómo roban combustible, vagones de ferrocarril, asaltan en el transporte público, secuestran y asesinan para obtener un beneficio personal: tener dinero, en demerito de la convivencia.
Independientemente del origen del problema (no es que no sea importante, pero no es el objeto de la presente reflexión), la descomposición social ha disparado los índices de violencia a niveles exorbitantes. Veamos sólo algunos ejemplos.
De acuerdo con el Índice de Paz México (IPM) 2019, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), en 2018, la tasa de homicidios se elevó 14%, se registraron 27 muertes por cada 100 mil personas, o 34 mil víctimas, superando las cifras registradas en 2011. Además, la tasa de delitos con violencia se incrementó 25% de 2015 a 2018, al igual que la tasa de crímenes de la delincuencia organizada que se elevó 11.6% en 2018. México ocupó en 2018 el lugar 140 de 163 países en el índice de paz global.
Eso es en el pasado, ha dicho el presidente, aunque las cosas en el gobierno de la 4T no pintan mejor; según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo de 2019 se registraron 8,493 homicidios dolosos, un aumento del 9.60% en relación al mismo periodo de 2018. El incremento a la violencia -considera el secretariado ejecutivo- es causado por cárteles de narcotraficantes que también roban combustible, extorsionan y secuestran, esto es, por organizaciones en donde sus miembros persiguen fines particulares y no generales.
Una especie de regla no escrita dice que el incremento en los índices de violencia repercute en el espectro económico del país; no hay que ser muy inteligentes para saber que la actividad industrial, comercial y de servicios se ve mermada cuando los niveles de violencia son elevados, por lo que el costo de oportunidad perdido incide directamente en el Producto Interno Bruto (PIB).
Efectivamente, de regreso con el estudio realizado por el IEP, el impacto económico de la violencia en México ascendió a 5.16 billones de pesos (US$268 mil millones) en 2018, 10% más que en 2017 y equivalente a 24% del PIB del país. En términos per cápita, el impacto económico de la violencia fue de 41,181 pesos, más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano.
Lo más preocupante del tema es que ciertas conductas que contribuyen a la descomposición social se representan en la principal fuente de ingresos y de sostenimiento, ya no sólo de personas o familias, sino de comunidades enteras, vamos, hasta de municipios, en donde la actividad económica depende del flujo de dinero que se genera por hechos y conductas delictivas.
A guisa de ejemplo señalamos un reportaje publicado en El Sol de México (OEM), a escasos días de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, en donde un campesino del lugar apuntó que en el pueblo de San Gabriel, el 100% de la población depende del huachicol, que ganan $500 como halcones mientras que en el campo sólo perciben entre $250 a $300.
Es por ello que muchos de los asaltos y robos son realizados con la complacencia y hasta con la protección de los mismos pobladores de las zonas, sigue fresca en la memoria las imágenes en que grupos de personas en Michoacán, Guerrero, Guanajuato, entre otros lugares, impidieron el acceso del Ejército; desde luego la acción obedece a que los delincuentes producen derramas económicas importantes en esos lugares.
Nada sencillo es el tema, la descomposición social ha escalado a niveles insospechados, ahora es común ver bandas de asaltantes conformadas por padre e hijos, “Los Puebla” son una de ellas, dos hermanos fueron identificados cuando robaban un reloj a un conductor en Santa Fe el 22 de mayo, resultando que el padre de ambos fue detenido unos días antes, el 5 de mayo.
Me parece que la Guardia Nacional y los apoyos sociales no serán suficientes para abatir el problema; muchos involucrados directa o indirectamente no cejarán tan fácilmente, hay muchos interés de por medio, todos medidos con la vara del dinero.
