/ miércoles 5 de agosto de 2020

La emergencia sanitaria no debe ser politizada

La politización de la emergencia sanitaria que generó el enfrentamiento abierto de un bloque de 9 gobernadores con el responsable del Gobierno Federal, evidenció la errónea estrategia gubernamental para inhibir los efectos devastadores del coronavirus en la salud y la economía, pero también la incapacidad para coordinar de una manera eficaz, las acciones de entes públicos de acuerdo a lineamientos internacionales y nacionales de salud.

Los mexicanos demandan acciones contundentes y eficaces en materia de salud, para enfrentar la pandemia, sin contradicciones y menos pleitos políticos, que lo único que provocan son escenarios de confusión y desaliento, y desvirtúan lo que se hace para la contención de la enfermedad llamada Covid-19.

La emisión autoritaria de lineamientos contradictorios y opacos, atribuidos al protagonismo que se le ha permitido al vocero del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, causa molestia en los gobiernos de los estados, que han tenido que recurrir a decisiones diferentes a las dictadas por el representante de la Secretaría de Salud, obligados por la realidad que se vive en sus respectivos territorios.

E incluso se afirma por expertos, que las cifras oficiales que arrojan 46 mil muertes y más de 450 mil contagios, quedan cortas ante la realidad escondida en una fachada falsa, y que reflejan las fallidas estrategias para contener la propagación del virus por parte de las autoridades federales de salud.

El presidente López Obrador, en lugar de asumir un papel decoroso de conciliación, como lo haría un verdadero estatista, le abona a la descoordinación de las acciones, al brindar su apoyo incondicional a López Gatell y minimizar la postura de los gobernadores, además de su frívola necedad de no utilizar el cubrebocas, como una contradicción a los protocolos sanitarios que recomiendan las autoridades de la Organización Mundial de la Salud.

Los nueve gobernadores que se rebelaron a los dictados del vocero presidencial en materia sanitaria, exigen claridad en los lineamientos, de lo cual ha carecido López-Gatell, a quien le atribuyen un manejo errático de la epidemia, y que han colocado a México en el tercer lugar de los países con mayor cantidad de muertes a causa del coronavirus.

Además de la destitución de López-Gatell, los mandatarios estatales exigen rectificar en las estrategias instrumentadas por el Gobierno Federal para combatir la emergencia sanitaria, así como lo que se refiere a la caída económica. Afirman que hasta ahora la información que emite el vocero, ha sido contradictoria, incoherente y confusa.

Exigen, en su postura, que se clarifiquen los criterios que rigen el funcionamiento del semáforo epidemiológico, y que en el caso de Durango, ya lo volvió a ubicar en rojo, lo que genera confusión en la reapertura y cierre de actividades económicas, y sobre todo en lo que se refiere al sector de la educación.

A los ciudadanos no les importa el pleito de los gobernadores con López-Gatell, sino las consecuencias que ello traiga consigo en las acciones de contención a la diseminación del coronavirus.

Si el presidente, dentro de sus facultades, hace caso o no a la demanda de los mandatarios estatales, para que se ubique a un experto con “humildad, sensibilidad, responsabilidad y conocimiento para entender en toda su dimensión el problema”, eso es una cuestión que no debe afectar las estrategias.

Los gobernadores rebeldes sabrán responder a las amenazas del área jurídica de la Secretaría de Salud Federal, que de acuerdo a versiones, se les advirtió en caso de que no acataran las disposiciones emitidas para combatir la Covid-19. Pero eso no debiera incidir en lo que lleva a cabo para atender la emergencia sanitaria.

López Obrador debe hacer a un lado los objetivos políticos enfocados a mantener a su favor, la mayoría del Congreso federal, y gobernar para todos en la etapa crucial que enfrenta el país y el mundo. Y coordinar a todos los órdenes de gobierno a fin de que se logre contener la propagación del letal virus.

La politización de la emergencia sanitaria que generó el enfrentamiento abierto de un bloque de 9 gobernadores con el responsable del Gobierno Federal, evidenció la errónea estrategia gubernamental para inhibir los efectos devastadores del coronavirus en la salud y la economía, pero también la incapacidad para coordinar de una manera eficaz, las acciones de entes públicos de acuerdo a lineamientos internacionales y nacionales de salud.

Los mexicanos demandan acciones contundentes y eficaces en materia de salud, para enfrentar la pandemia, sin contradicciones y menos pleitos políticos, que lo único que provocan son escenarios de confusión y desaliento, y desvirtúan lo que se hace para la contención de la enfermedad llamada Covid-19.

La emisión autoritaria de lineamientos contradictorios y opacos, atribuidos al protagonismo que se le ha permitido al vocero del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, causa molestia en los gobiernos de los estados, que han tenido que recurrir a decisiones diferentes a las dictadas por el representante de la Secretaría de Salud, obligados por la realidad que se vive en sus respectivos territorios.

E incluso se afirma por expertos, que las cifras oficiales que arrojan 46 mil muertes y más de 450 mil contagios, quedan cortas ante la realidad escondida en una fachada falsa, y que reflejan las fallidas estrategias para contener la propagación del virus por parte de las autoridades federales de salud.

El presidente López Obrador, en lugar de asumir un papel decoroso de conciliación, como lo haría un verdadero estatista, le abona a la descoordinación de las acciones, al brindar su apoyo incondicional a López Gatell y minimizar la postura de los gobernadores, además de su frívola necedad de no utilizar el cubrebocas, como una contradicción a los protocolos sanitarios que recomiendan las autoridades de la Organización Mundial de la Salud.

Los nueve gobernadores que se rebelaron a los dictados del vocero presidencial en materia sanitaria, exigen claridad en los lineamientos, de lo cual ha carecido López-Gatell, a quien le atribuyen un manejo errático de la epidemia, y que han colocado a México en el tercer lugar de los países con mayor cantidad de muertes a causa del coronavirus.

Además de la destitución de López-Gatell, los mandatarios estatales exigen rectificar en las estrategias instrumentadas por el Gobierno Federal para combatir la emergencia sanitaria, así como lo que se refiere a la caída económica. Afirman que hasta ahora la información que emite el vocero, ha sido contradictoria, incoherente y confusa.

Exigen, en su postura, que se clarifiquen los criterios que rigen el funcionamiento del semáforo epidemiológico, y que en el caso de Durango, ya lo volvió a ubicar en rojo, lo que genera confusión en la reapertura y cierre de actividades económicas, y sobre todo en lo que se refiere al sector de la educación.

A los ciudadanos no les importa el pleito de los gobernadores con López-Gatell, sino las consecuencias que ello traiga consigo en las acciones de contención a la diseminación del coronavirus.

Si el presidente, dentro de sus facultades, hace caso o no a la demanda de los mandatarios estatales, para que se ubique a un experto con “humildad, sensibilidad, responsabilidad y conocimiento para entender en toda su dimensión el problema”, eso es una cuestión que no debe afectar las estrategias.

Los gobernadores rebeldes sabrán responder a las amenazas del área jurídica de la Secretaría de Salud Federal, que de acuerdo a versiones, se les advirtió en caso de que no acataran las disposiciones emitidas para combatir la Covid-19. Pero eso no debiera incidir en lo que lleva a cabo para atender la emergencia sanitaria.

López Obrador debe hacer a un lado los objetivos políticos enfocados a mantener a su favor, la mayoría del Congreso federal, y gobernar para todos en la etapa crucial que enfrenta el país y el mundo. Y coordinar a todos los órdenes de gobierno a fin de que se logre contener la propagación del letal virus.