La ley es el instrumento de que se vale el Derecho para hacer cumplir sus disposiciones. Debemos recordar que el Derecho es el conjunto de normas jurídicas que prescriben la manera en que las personas han de comportarse dentro de una organización estadual, fija la legalidad o ilegalidad de las conductas, así como las sanciones que habrán de aplicarse para cuando se contravienen sus mandatos.
En tal virtud, la ley posee las características de generalidad, obligatoriedad, abstracción e impersonalidad, dicho en términos más simples: la ley debe ser atendida por todos porque es obligatoria, no está dirigida a casos concretos ni a personas específicas, pero está lista para ser aplicada de inmediato cuando se actualiza la hipótesis prevista por la misma norma.
Sin embargo, en muchas ocasiones, en nuestro país, pareciera que la ley se aplica a discrecionalidad de la política y de los políticos, lo que la hace ver más como un instrumento de venganza que de persuasión de la voluntad de las personas, o bien como un mecanismo inerte y oxidado que garantiza impunidad en vez de como garante del Derecho.
Los extremos en este fenómeno son claramente perceptibles en cada cambio de administración -federal, estatal, municipal-, los entrantes acusan, señalan e investigan para “meter a la cárcel a los pillos que abusaron del cargo para enriquecerse”, aunque en las más de las veces las acusaciones son tan endebles que los acusados jamás pisan la cárcel y cuando lo hacen es por corto tiempo, tenemos como ejemplo el caso de la maestra Elba Esther Gordillo.
Por otro lado, están los que salen, según los señalamientos en su contra fueron causantes o solapadores por acción u omisión de una serie de tropelías, de aletargar las investigaciones, de brindar protección y flexibilizar la ley para evitar recibieran castigo los supuestos transgresores, de hacer que los jueces, o no vieran lo que era evidente, o se dejaran manipular por los tecnicismos legaloides tan socorridos en el ambiente del litigio.
A mí, en lo personal, me llama poderosamente la atención que cuando el abogado Juan Collado era amigo de la clase política todo le salía perfecto, evitó que castigaran a personajes de la talla de Carlos Romero Deschamps y de Carlos Salinas de Gortari, pero ahora le dan “palo” en todo, no le “pega” ni un amparo dentro de este sistema garantista y pro homine.
También es de destacarse cómo los criterios se flexibilizan o endurecen, todo en función de quien es el sujeto imputado; en 2005 René Bejarano salió de prisión pagando una fianza de 39 mil 800 pesos, cuando se le acusaba de haber recibido alrededor de 8 millones en efectivo de parte de Carlos Ahumada por diversas extorsiones, y ahora encarcelan a Rosario Robles por no avisar a su jefe, el presidente Peña, de un presunto desvío de poco más de 5 mil millones, conducta que ni siquiera merece pena privativa de la libertad.
Desde fuera parece que el objetivo del gobierno de la 4T es meter a la cárcel a los incómodos como sea, ya dentro se buscará cimentar bien las imputaciones o encontrarles nuevas; Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha señalado que tiene nuevos cargos que hacerle a Rosario Robles.
Es lamentable que la generalidad, obligatoriedad, abstracción e impersonalidad de la ley no sean una constante en México; debe prevalecer el principio de la hipótesis normativa como regla de aplicación de la ley, ajena o toda influencia, el culpable debe pagar siempre, la ley debe aplicarse a todos, no debe ser un instrumento de la política.
Desafortunadamente lo que hoy acontece parece más una vendetta por las ofensas recibidas -no quiero decir que Robles no sea culpable- que una aplicación imparcial de la ley. Muy seguramente en 6 años veremos la misma película, aunque los personajes cambiarán los roles: los acusadores serán los acusados. Se actualizará entonces aquel sabio refrán de la política mexicana que dice: “las reses de hoy serán los carniceros de mañana”.
