/ sábado 23 de noviembre de 2019

La Ley de Austeridad Republicana: ¿catálogo de buenos deseos o auténtico compromiso?

En días pasados se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley de Austeridad Republicana” que tiene como fin asumir la austeridad como “principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público”, implicando varios cambios en la operatividad de la burocracia, como la reducción de los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos

La nueva norma subraya que la austeridad permitirá erradicar el conjunto de excesos que la clase política se ha agenciado históricamente, privilegios que no coinciden con las condiciones de pobreza en la que vive gran parte de los mexicanos.

Se afirma que la Ley de Austeridad no afectará ni disminuirá programas sociales y derechos sociales tutelados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano.

Se pretende incorporar a todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social, prohibiendo regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como contratar -a cargo de recursos públicos- seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.

Otro aspecto es el de evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas.

Contiene también la restricción del uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores. De igual forma busca limitar el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población, sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función pública.

Un asunto en el que tradicionalmente se han mezclado diversos intereses es el gasto en propaganda gubernamental, de ahí que ahora se plantea restringir el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales.

También en este nuevo instrumento jurídico -emanado del Poder Legislativo- se aborda la necesidad de limitar el número de viajes oficiales al extranjero, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente. Además, se establecerán reglas para topar los gastos de hospedaje y alimentación del servidor público comisionado.

Con la entrada en vigor de la Ley ya no se podrán constituir fideicomisos, ni fondos, mandatos o análogos públicos o privados, ni se permitirá que se hagan aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas de disciplina en el ejercicio del gasto.

El contenido de esta Ley parece el remedio a muchos males acumulados durante décadas en los aparatos burocráticos del país en los tres ámbitos de gobierno. Sin embargo, nuestro endémico e histórico problema ha sido la gran distancia que existe entre el contenido de la ley y la realidad.

El aprobar un buen instrumento jurídico no significa, desafortunadamente, que las soluciones que propone se concreten en la vida real. Esta nueva Ley enfrentará en los hechos una serie de resistencias y mecanismos fuertemente arraigados en la operación de los entes gubernamentales.

Parece un catalogo de buenos deseos y un mensaje del cumplimiento a compromisos de campaña, ya que al interior de las dependencias de gobierno siguen vigentes la mayoría de las prácticas que se pretende erradicar, situación que puede constatar la secretaria de la Función Pública, a un año de iniciado el nuevo gobierno; es decir, ya transcurrió una sexta parte del sexenio y los mecanismos de control siguen fallando porque los actos que se pretenden exterminar gozan de plena y cabal salud.

Además, el contraste mayor entre nueva ley, realidad gubernamental y voluntad política está en el hecho de imponer un presupuesto para el año 2020 altamente concentrado en la Secretaría del Bienestar, con el objeto de disponer libremente de grandes cantidades de dinero para entregarlos de manera directa a beneficiarios previamente determinados mediante un levantamiento selectivo de “beneficiarios”, con fines políticos bajo la premisa de crear una base social para el gobierno.

La ley camina por un lado y la voluntad política por otro muy distante. No se observa un verdadero compromiso para que sea el estado de derecho el que norme la conducta del poder, más bien es la voluntad caprichosa de quienes tienen hoy el control del gobierno la que se impone y las nuevas leyes son un adorno para presumir cumplimiento de promesas.

En días pasados se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley de Austeridad Republicana” que tiene como fin asumir la austeridad como “principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público”, implicando varios cambios en la operatividad de la burocracia, como la reducción de los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos

La nueva norma subraya que la austeridad permitirá erradicar el conjunto de excesos que la clase política se ha agenciado históricamente, privilegios que no coinciden con las condiciones de pobreza en la que vive gran parte de los mexicanos.

Se afirma que la Ley de Austeridad no afectará ni disminuirá programas sociales y derechos sociales tutelados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano.

Se pretende incorporar a todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social, prohibiendo regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como contratar -a cargo de recursos públicos- seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.

Otro aspecto es el de evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas.

Contiene también la restricción del uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores. De igual forma busca limitar el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población, sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función pública.

Un asunto en el que tradicionalmente se han mezclado diversos intereses es el gasto en propaganda gubernamental, de ahí que ahora se plantea restringir el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales.

También en este nuevo instrumento jurídico -emanado del Poder Legislativo- se aborda la necesidad de limitar el número de viajes oficiales al extranjero, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente. Además, se establecerán reglas para topar los gastos de hospedaje y alimentación del servidor público comisionado.

Con la entrada en vigor de la Ley ya no se podrán constituir fideicomisos, ni fondos, mandatos o análogos públicos o privados, ni se permitirá que se hagan aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas de disciplina en el ejercicio del gasto.

El contenido de esta Ley parece el remedio a muchos males acumulados durante décadas en los aparatos burocráticos del país en los tres ámbitos de gobierno. Sin embargo, nuestro endémico e histórico problema ha sido la gran distancia que existe entre el contenido de la ley y la realidad.

El aprobar un buen instrumento jurídico no significa, desafortunadamente, que las soluciones que propone se concreten en la vida real. Esta nueva Ley enfrentará en los hechos una serie de resistencias y mecanismos fuertemente arraigados en la operación de los entes gubernamentales.

Parece un catalogo de buenos deseos y un mensaje del cumplimiento a compromisos de campaña, ya que al interior de las dependencias de gobierno siguen vigentes la mayoría de las prácticas que se pretende erradicar, situación que puede constatar la secretaria de la Función Pública, a un año de iniciado el nuevo gobierno; es decir, ya transcurrió una sexta parte del sexenio y los mecanismos de control siguen fallando porque los actos que se pretenden exterminar gozan de plena y cabal salud.

Además, el contraste mayor entre nueva ley, realidad gubernamental y voluntad política está en el hecho de imponer un presupuesto para el año 2020 altamente concentrado en la Secretaría del Bienestar, con el objeto de disponer libremente de grandes cantidades de dinero para entregarlos de manera directa a beneficiarios previamente determinados mediante un levantamiento selectivo de “beneficiarios”, con fines políticos bajo la premisa de crear una base social para el gobierno.

La ley camina por un lado y la voluntad política por otro muy distante. No se observa un verdadero compromiso para que sea el estado de derecho el que norme la conducta del poder, más bien es la voluntad caprichosa de quienes tienen hoy el control del gobierno la que se impone y las nuevas leyes son un adorno para presumir cumplimiento de promesas.