La frontera sur de México, del Pacífico al Atlántico, tiene unos mil 200 kilómetros de longitud y colinda con Guatemala a lo ancho de los estados de Chiapas (más de 800 kilómetros), Tabasco y Campeche (220 km), y con Belice (175 km) en Quintana Roo.
Tiene una abundante circulación de pasajeros y de mercancías transportadas en triciclos, el vehículo más local de la zona. En él se cargan mercancías y personas. El tráfico es silencioso y suave como el deslizamiento de las ruedas de una bicicleta. Esto contribuye a que el paso de la frontera por el puente aduanal se convierta en un paseo para la mayoría de la población –guatemaltecos y mexicanos– que circulan cotidianamente con un pase por el que se paga una módica cantidad.
Para quienes no es un paseo el cruce es para los migrantes centroamericanos que necesitan entrar a México para llegar a su destino más anhelado: Estados Unidos. Nuestro país un territorio hostil para la población migrante pobre e indocumentada, para la que el destino final se convierte con mucha frecuencia en inalcanzable una y otra vez, porque muchos persisten y lo vuelven a intentar hasta donde les alcanzan las fuerzas físicas y la esperanza de prosperar.
Migrantes de varias nacionalidades, especialmente hondureños, se han organizado para cruzar de manera coletiva -las llamadas caravanas- a cualquier costo el cerco que el gobierno mexicano ha puesto para contener a quienes quieren ingresar al país. Ellos aseguran que desean pasar de manera legal con una visa humanitaria pero denuncian que el gobierno federal no se los ha permitido. Los migrantes quieren el paso libre a través de México para llegar a la frontera de Estados Unidos, pero el gobierno mexicano rechaza la petición.
Aunque el gobierno dice que los migrantes son libres de entrar -y de solicitar trabajo si quieren quedarse y trabajar-, en la práctica ha restringido a los migrantes en los estados sureños mientras sus casos se procesan en una lenta burocracia. Quienes no solicitan asilo o algún estatus de protección son detenidos y deportados.
Hay evidencias para creer que la verdadera causa del cambio de postura de las autoridades mexicanas con respecto a la migracion en la frontera sur se debe a una petición expresa del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha obligado a las personas que solicitan asilo en Estados Unidos a esperar en México. Ante las amenazas de sanciones comerciales, arancelarias o de otro tipo del gobierno de Trump, México frenó la práctica de permitir que migrantes cruzaran su territorio sin impedimentos.
Después de que dos caravanas llegaran exitosamente a la frontera estadounidense en 2018 y principios de 2019, México comenzó a tomar medidas severas y, para abril de 2019, desmanteló el último intento de una caravana, rodeando a los migrantes mientras caminaban por la autopista.
Al acercarse la caravana de esta semana, el gobierno envió elementos de la Guardia Nacional para vigilar la frontera sur y monitoreó el área con drones. Los migrantes viajan en caravanas porque el grupo les ofrece seguridad y es una oportunidad para los migrantes demasiado pobres de evitar ser presionados y defraudados por traficantes.
No es clara la estrategia del gobierno mexicano para los migrantes del sur, considerando que la mitad de la población mexicana es pobre y hay millones de desempleados, es contradictorio ofrecerles de manera objetiva y real, un empleo seguro a los ciudadanos centroamericanos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano otorgan una serie de derechos a todo aquel ciudadano que se interne en territorio nacional; el artículo primero de la Constitucional reconoce de manera amplia (sin excepción) el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos en la Constitución Política y en los convenios internacionales suscritos por éste.
Ante esto, a la población migrante con independencia de su condición jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por ende, deben serles respetados. El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011.
Los principales derechos que pueden reclamar los extranjeros que se introducen a nuestro territorio son el derecho a la libertad de tránsito, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derecho a la asistencia consular, derecho a la no discriminación, derecho a solicitar asilo, derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, derecho a la protección de la unidad familiar, derecho a la dignidad humana, derecho a no ser criminalizado, derecho a un alojamiento digno, derecho a no ser incomunicado, derecho a un intérprete o traductor, derecho a no ser detenidos en las inmediaciones o dentro de albergues, entre otros.
Justamente son éstas las garantías que exigimos siempre para nuestros paisanos que cruzan la frontera norte hacia Estados Unidos.
Con la actuación durante los últimos días de la Guardia Nacional en la frontera sur perdemos legitimidad para exigir a las autoridades norteamericanas un trato digno a nuestros connacionales que cruzan a su territorio. Cómo podemos exigir a otra Nación lo que no estamos dispuestos a garantizar -a pesar de estar obligados constitucional y legalmente- a los migrantes centroamericanos, quienes al igual que nuestros compatriotas emigran de sus lugares de origen en búsqueda de mejores oportunidades de vida.
