La semana pasada, en plena crisis de salud y económica, el titular del Ejecutivo envió una iniciativa al Congreso para modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con la pretensión de controlar en forma ejecutiva el presupuesto federal, ignorando las facultades constitucionales que en dicha materia competen a la Cámara de Diputados. Este hecho provocó la conformación de un bloque opositor integrado por el PAN-PRI-PRD-MC, que impidió en la Comisión Permanente se convocara a un período extraordinario para analizar, discutir y aprobar -en su caso- dicha aspiración de Morena y sus partidos satélites PT-PVEM-PES.
Resulta que el pasado día último de abril concluyó el período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión e inició la etapa de receso de cuatro meses -hasta el día 1º de septiembre inicia el siguiente periodo ordinario- mientras tanto opera la Comisión Permanente integrada por 37 legisladores, diputados y senadores de los diferentes partidos políticos de ambas cámaras. Para convocar a sesiones extraordinarias se requiera de una mayoría calificada -de dos terceras partes- de los integrantes, es decir 25 votos de los 37, pero Morena y sus satélites sólo tienen 24, mientras el “bloque de contención opositor” tiene 13. A pesar de los intentos de los coordinadores parlamentarios de Morena para convencer a alguno de los legisladores de los cuatro partidos de oposición, fallaron en su objetivo, por lo que no habrá período extraordinario y las pretensiones de concentrar más el poder del Presidente tendrá que esperar para otro momento
En la iniciativa se buscaba que en cualquier situación de emergencia -sin definirla- el Ejecutivo pudiera redireccionar todo el presupuesto anual sin consultar a la Cámara de Diputados, la única instancia con atribuciones para analizar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la federación, en base al cual el Jefe de la administración pública debe orientar su proyecto de inversión y gasto apegándose a los montos que le fueron autorizados para cada dependencia. En el documento presidencial tampoco se especifica quién sería el encargado de declarar la emergencia y las causas que la motivaran.
La aprobación de este deseo hubiera significado un retroceso en nuestro orden jurídico, un acto de irresponsabilidad de los legisladores al permitir dar un paso más hacia el autoritarismo que algunos quieren construir en México ignorando los principios del Estado democrático de derecho, debilitando la división de poderes.
Que el Presidente disponga de manera discrecional, sin rendir cuentas, con el pretexto de “emergencia nacional” es un acto inconstitucional, innecesario, propio de un gobierno que tiene metas alejadas a las del interés general.
La división de poderes es garante del ejercicio equilibrado del poder, de la coexistencia institucional de diversas visiones sobre los problemas nacionales, de dar cauce cierto a las diferencias mediante la ruta del Estado de derecho; también para construir a partir de las coincidencias un trayecto que facilite diálogo y acuerdos en el tránsito pacífico y virtuoso de una sociedad plural.
Que importante que los legisladores de oposición hayan cerrado el paso a una reforma que otorgaría amplias facultades al Ejecutivo para disponer del presupuesto público a su conveniencia. Con los antecedentes de un año y medio de gobierno existe el temor fundado de que el Presidente con la plena disposición de recursos pudiera privilegiar sus proyectos personales en detrimento de las verdaderas necesidades apremiantes del país. Aunado a ello está el estilo de la opacidad que ha venido institucionalizando la actual administración, así como su renuencia a la rendición de cuentas.
Es importante subrayar que esta pretensión presidencial es innecesaria para atender la emergencia actual, habida cuenta que ya existen disposiciones vigentes en la ley para atender este tipo de sucesos y la posibilidad de realizar transferencias presupuestarias plenamente justificadas y rindiendo cuenta de las mismas.
Los dirigentes de los cuatro partidos que integraron el bloque de contención PAN-PRI-PRD-MC, han manifestado su amplia disposición para apoyar al país en esta difícil situación derivada de la epidemia provocada por el Covid-19 desde la Cámara de Diputados, siempre dentro del marco de la ley.
La oposición al partido en el gobierno se manifestó en este caso con audacia, comprometidos con sus representados, demostrando fortaleza, como sucede con los opositores en los sistemas democráticos, sean de tipo presidencial o parlamentario.
Es positivo que la oposición juegue su papel de contrapeso del poder presidencial para coadyuvar en las decisiones relevantes, pero más importante, para evitar la concentración de poder y facultades en una persona. Lejos quedaron los tiempos en los que el país caminaba según la voluntad de un solo hombre, la sociedad actual es altamente observadora y participativa en los asuntos públicos, por lo que el sistema de partidos debe reflejar ese rico mosaico plural.
Sólo por este camino se podrá modular el estilo actual de un gobierno que se significa por su renuencia al diálogo, a convivir y negociar con otras fuerzas políticas y con representantes de la sociedad, a compartir decisiones que impactan en la marcha del país. Hagamos votos porque por la buena salud de la Nación, este sea el inicio de la apertura en la forma de ejercer el poder público.
