/ lunes 22 de abril de 2019

La Política es así

AMLO y la Constitución

Transcurren los días, las semanas y los meses en el ejercicio del poder casi absoluto de AMLO. Un día y otro día AMLO está no sólo en la nota sino también en la polémica. Casi siempre enfrenta a todos quienes lo cuestionan y, por regla general, sale indemne o con lesiones leves que sanan en tiempo mínimo.

A partir de la asunción al poder de Miguel de la Madrid Hurtado el uno de diciembre de 1982, éste y los sucesivos presidentes han promovido y obtenido reformas constitucionales con el propósito de cambiar la realidad y lo cual a veces se obtiene y en otras no.

El número de las reformas a la Constitución durante los regímenes señalados fueron las siguientes: Miguel de la Madrid Hurtado 66, Carlos Salinas de Gortari 55, Ernesto Zedillo Ponce de León 77, Vicente Quezada Fox 31, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 110, Enrique Peña Nieto 155 y Andrés Manuel López Obrador 13. Entre todos ellos se ha reformado la Constitución en 507 ocasiones, en el entendido que el presidente en funciones solo lleva un poco menos de cinco meses en el ejercicio del poder.

En relación a las reformas constitucionales aludidas, se hace la observación que únicamente el presidente De la Madrid Hurtado tuvo el poder total para reformar a la Constitución, puesto que tenía el control de las mayorías calificadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión y de la mayoría, si no es que todas, de las legislaturas locales.

De acuerdo a realidad política y por ende constitucional, en las sucesivas reformas se ha requerido llegar acuerdos con los grupos parlamentarios opositores, para así obtener la mayoría calificada hacia el interior de las cámaras legislativas aludidas, para lo cual, los operadores políticos no tuvieron dificultades mayores durante los regímenes presidenciales de 1988 a 2012-2018. En el presente régimen ya se han dado consensos en relación a determinados reformas. En otras no se ha podido y están pendientes de aprobarse.

Por otra parte, no fue por falta de voluntad política de Vicente Fox Quezada el hecho de que no fuera reformada la Constitución en un mayor número de veces. Le faltó experiencia y operación política para que procedieran reformas que sólo quedaron en el tintero o en la visión y perspectiva presidenciales. Ello en atención a que el Partido Revolucionario Institucional tenía mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión.

De las trece reformas constitucionales que se han aprobado durante la corta gestión de AMLO, una se refiere a la extinción de dominio, otra incrementa el número de delitos graves y que, por tanto, merecen prisión preventiva oficiosa, y una tercera, se refiere a la creación de la polémica Guardia Nacional.

La primera de las reformas constitucionales no generó discusión alguna. Es más, expresa o tácitamente fue aceptada por los iniciados.

La reforma ubicada en segundo lugar fue materia de amplias y profusas impugnación por los especialistas y sobre todo, por aquéllos que por convicción y por ser operadores de las comisiones nacional y de derechos humanos, consideraron, en forma unánime, que la misma era violatoria de los derechos humanos, de la presunción de inocencia, de la libertad, de la dignidad humana, de la honra y del buen nombre, tal y como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En otras palabras, se ha regresado en buena medida a la realidad penal-procesal-penitenciaria dominante antes de la reforma constitucional de 2008 que introdujo el sistema penal acusatorio en sustitución del inquisitivo hasta entonces vigente. Ya se verá de cómo la reforma recién aprobada trasciende al ámbito de los procesos penales, a la prisión preventiva y a los centros de detención preventiva cuya población habrá de incrementarse en forma por demás notoria.

Por lo que se refiere a la reforma constitucional que dio pie a la creación de la Guardia Nacional, la misma se dio mediante consensos que se dieron principalmente hacia el interior de la Cámara de Senadores como cámara revisora y que se hicieron presente en la de Diputados como cámara de origen, en la cual se validó todo lo aprobado por la primera y que incluyó la propuesta presidencial de un artículo transitorio que permitiera la presencia en las calles de los miembros de las fuerzas armadas durante un periodo de cinco año.

Lo que condujo a la aprobación de la reforma constitucional aludida prácticamente por unanimidad, matizada por aplausos y con porras de ¡México!, ¡México!, ¡México!, fue el acuerdo de que la misma dependiera de la secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como que el mando de la guardia sería civil, aun cuando la misma estuviere integrada por elementos provenientes de la armada, de la defensa y de la policía federal, con el agregado de que si el mando estuviere a cargo de un miembro de las fuerzas armadas, éste estaría en retiro.

De acuerdo con el texto de las cuatro leyes reglamentarias de la reforma constitucional, todo indica que, al final del día, el control de la Guardia Nacional estará a cargo de las secretarías de la Defensa y Marina, toda vez que los elementos que aportará estarían inmersos en la mentalidad, preparación y formación militar. Además, el comandante propuesto aún no está en retiro.

Especialistas y legisladores opositores han manifestado su inconformidad. Se desconoce hasta dónde llegarán su actitud y si la misma trascenderá al ámbito legislativo para que se satisfaga a plenitud el compromiso contraído hacia el interior del Poder Legislativo.

Están pendientes de ser aprobadas dos de las reformas constitucionales presentadas. Una de ellas relacionada con la revocación de mandato que no pasará, toda vez que la misma se pretende que coincida con las elecciones intermedias que le daría mayoría en automático al partido en el poder, en razón que iría el nombre del presidente cuyas tendencias favorables no habrán de disminuir en 2021 para así obtener la no revocación y la mayoría legislativa.

La reforma en materia educativa son palabras mayores. Para su aprobación se deben conjugar factores políticos, sindicales y educativos. Más los primeros que el último.

La postura de AMLO contenida en un memorándum y en su declaración en el sentido de que éste tenía contenido político más que jurídico, estará en espera de ser procesada en los días que vienen y ante la oposición, al parecer irreversible, de la CNTE.

AMLO y la Constitución

Transcurren los días, las semanas y los meses en el ejercicio del poder casi absoluto de AMLO. Un día y otro día AMLO está no sólo en la nota sino también en la polémica. Casi siempre enfrenta a todos quienes lo cuestionan y, por regla general, sale indemne o con lesiones leves que sanan en tiempo mínimo.

A partir de la asunción al poder de Miguel de la Madrid Hurtado el uno de diciembre de 1982, éste y los sucesivos presidentes han promovido y obtenido reformas constitucionales con el propósito de cambiar la realidad y lo cual a veces se obtiene y en otras no.

El número de las reformas a la Constitución durante los regímenes señalados fueron las siguientes: Miguel de la Madrid Hurtado 66, Carlos Salinas de Gortari 55, Ernesto Zedillo Ponce de León 77, Vicente Quezada Fox 31, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 110, Enrique Peña Nieto 155 y Andrés Manuel López Obrador 13. Entre todos ellos se ha reformado la Constitución en 507 ocasiones, en el entendido que el presidente en funciones solo lleva un poco menos de cinco meses en el ejercicio del poder.

En relación a las reformas constitucionales aludidas, se hace la observación que únicamente el presidente De la Madrid Hurtado tuvo el poder total para reformar a la Constitución, puesto que tenía el control de las mayorías calificadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión y de la mayoría, si no es que todas, de las legislaturas locales.

De acuerdo a realidad política y por ende constitucional, en las sucesivas reformas se ha requerido llegar acuerdos con los grupos parlamentarios opositores, para así obtener la mayoría calificada hacia el interior de las cámaras legislativas aludidas, para lo cual, los operadores políticos no tuvieron dificultades mayores durante los regímenes presidenciales de 1988 a 2012-2018. En el presente régimen ya se han dado consensos en relación a determinados reformas. En otras no se ha podido y están pendientes de aprobarse.

Por otra parte, no fue por falta de voluntad política de Vicente Fox Quezada el hecho de que no fuera reformada la Constitución en un mayor número de veces. Le faltó experiencia y operación política para que procedieran reformas que sólo quedaron en el tintero o en la visión y perspectiva presidenciales. Ello en atención a que el Partido Revolucionario Institucional tenía mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión.

De las trece reformas constitucionales que se han aprobado durante la corta gestión de AMLO, una se refiere a la extinción de dominio, otra incrementa el número de delitos graves y que, por tanto, merecen prisión preventiva oficiosa, y una tercera, se refiere a la creación de la polémica Guardia Nacional.

La primera de las reformas constitucionales no generó discusión alguna. Es más, expresa o tácitamente fue aceptada por los iniciados.

La reforma ubicada en segundo lugar fue materia de amplias y profusas impugnación por los especialistas y sobre todo, por aquéllos que por convicción y por ser operadores de las comisiones nacional y de derechos humanos, consideraron, en forma unánime, que la misma era violatoria de los derechos humanos, de la presunción de inocencia, de la libertad, de la dignidad humana, de la honra y del buen nombre, tal y como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En otras palabras, se ha regresado en buena medida a la realidad penal-procesal-penitenciaria dominante antes de la reforma constitucional de 2008 que introdujo el sistema penal acusatorio en sustitución del inquisitivo hasta entonces vigente. Ya se verá de cómo la reforma recién aprobada trasciende al ámbito de los procesos penales, a la prisión preventiva y a los centros de detención preventiva cuya población habrá de incrementarse en forma por demás notoria.

Por lo que se refiere a la reforma constitucional que dio pie a la creación de la Guardia Nacional, la misma se dio mediante consensos que se dieron principalmente hacia el interior de la Cámara de Senadores como cámara revisora y que se hicieron presente en la de Diputados como cámara de origen, en la cual se validó todo lo aprobado por la primera y que incluyó la propuesta presidencial de un artículo transitorio que permitiera la presencia en las calles de los miembros de las fuerzas armadas durante un periodo de cinco año.

Lo que condujo a la aprobación de la reforma constitucional aludida prácticamente por unanimidad, matizada por aplausos y con porras de ¡México!, ¡México!, ¡México!, fue el acuerdo de que la misma dependiera de la secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como que el mando de la guardia sería civil, aun cuando la misma estuviere integrada por elementos provenientes de la armada, de la defensa y de la policía federal, con el agregado de que si el mando estuviere a cargo de un miembro de las fuerzas armadas, éste estaría en retiro.

De acuerdo con el texto de las cuatro leyes reglamentarias de la reforma constitucional, todo indica que, al final del día, el control de la Guardia Nacional estará a cargo de las secretarías de la Defensa y Marina, toda vez que los elementos que aportará estarían inmersos en la mentalidad, preparación y formación militar. Además, el comandante propuesto aún no está en retiro.

Especialistas y legisladores opositores han manifestado su inconformidad. Se desconoce hasta dónde llegarán su actitud y si la misma trascenderá al ámbito legislativo para que se satisfaga a plenitud el compromiso contraído hacia el interior del Poder Legislativo.

Están pendientes de ser aprobadas dos de las reformas constitucionales presentadas. Una de ellas relacionada con la revocación de mandato que no pasará, toda vez que la misma se pretende que coincida con las elecciones intermedias que le daría mayoría en automático al partido en el poder, en razón que iría el nombre del presidente cuyas tendencias favorables no habrán de disminuir en 2021 para así obtener la no revocación y la mayoría legislativa.

La reforma en materia educativa son palabras mayores. Para su aprobación se deben conjugar factores políticos, sindicales y educativos. Más los primeros que el último.

La postura de AMLO contenida en un memorándum y en su declaración en el sentido de que éste tenía contenido político más que jurídico, estará en espera de ser procesada en los días que vienen y ante la oposición, al parecer irreversible, de la CNTE.

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