/ lunes 15 de julio de 2019

La política es así

Tiempo finito

El presidente de México, sabedor de su tiempo finito, tal y como se señalaba en la colaboración anterior, trabajó con prisa y sin pausa con miras a cumplir todas sus promesas y propuestas de campaña.

Se podría afirmar que los objetivos esenciales de su gobierno son la creación y la distribución de la riqueza. En los primeros siete meses y medio de su gobierno, a partir de la etapa de preparación que se dio del triunfo en las urnas a la toma de posesión, se inició la construcción del andamiaje para poder crecer y distribuir.

La distribución se inició con base en los recursos existentes y las partidas incluidas en el presupuesto de egresos de la Federación, destinadas a los programas sociales de todos ya conocidos, con el agregado o los agregados que a las sumas destinadas, se acumularían los montos derivados del programa de austeridad, del combate a la corrupción y de los bienes incautados a la delincuencia organizada, para lo cual se aplicaría la medida ya avalada legislativamente de la extinción de dominio.

Se podría decir que los recursos destinados a los programas sociales, constituyeron el principal factor para que se incrementara el consumo y que éste podría ser una causa para que aumentara la producción en ciertos rubros de la economía nacional.

El año fiscal constituido por los ingresos y los egresos de la Federación, ha transcurrido sin sobresalto alguno, salvo para aquéllos que formaban parte de la estructura de gobierno, a quienes se les aplicó la política de austeridad y que fueron cesados de sus plazas laborales ya fuere por contrato, por honorarios, eventuales e inclusive sindicales en ciertas ramas de la administración pública federal; y principalmente en materia de adquisición y distribución de medicamentos a todas las instituciones de salud pública del país.

El año fiscal aludido podría catalogarse como resabio derivado de la gestión del anterior presidente, aun cuando en la elaboración de las leyes y de la política económica anual, hayan intervenido personajes de diversas disciplinas que formaban parte del equipo de transición, la mayor parte de los cuales fueron ubicados dentro del contexto de la administración federal.

El año que viene ya será una consecuencia, una propuesta y una estructura muy propia del presidente y de sus colaboradores, cuyas opiniones y prácticas del ejercicio del poder, deberán incluirse en los criterios económicos, en el anteproyecto de ley de ingresos y en el anteproyecto del presupuesto de egresos de la federación, los cuales, a más tardar, deberán presentarse a la consideración de la Cámara de Diputados el próximo 8 de septiembre, la cual, en materia económica, invariablemente y por disposición constitucional, es, debe ser y será la cámara de origen.

Los instrumentos económicos aludidos deberán tender hacia el crecimiento económico prometido e ir más allá de los magros resultados del primer semestre del presente año y que seguramente continuarán en el mismo sentido en el segundo semestre.

Para el crecimiento económico se requieren inversiones que pueden provenir del poder público, de la iniciativa privada y del extranjero; y para que fluyan las inversiones tanto privada como la extranjera, se requiere que las instituciones generen confianza y seguridad en sus inversiones.

La inversión extranjera correrá aparejada con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), cuya aprobación está en suspenso por parte de los órganos legislativos de los Estados Unidos y de Canadá, la cual se dará con cierto retraso en relación a la aprobación ya concretada por el Estado mexicano, primero, porque los partidos políticos en el primer país querrán obtener, si no más ventajas, por lo menos más tiempo para que su aprobación sea utilizada en sus tiempos campaña para la elección presidencial de 2020, mientras que, por lo que concierne a Canadá, tendrá que dialogarse con sentido, con profundidad y oportunidad, para salvar las diferencias derivadas del contrato de atrás tiempo entre empresas canadienses y la Comisión Federal de Electricidad del gasoducto Texas-Tuxpan y que ésta, o sea, la parte mexicana, optó por recurrir al arbitraje internacional al considerar que los términos del contrato en materia de costos y de tiempos eran perjudiciales para la empresa productiva mexicana citada. Lo anterior no obstante que el gasoducto ya está terminado y listo para su operación.

En lo que concierne a la inversión pública estatal, los montos y los tiempos están relacionados con la construcción de las obras de la 4T que estarían destinadas para ser los emblemas del sexenio. Me refiero a la refinería de Dos Bocas, a la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en lo que por hoy es la base aérea de Santa Lucía, al Tren Maya y al proyecto Transístmico Salina Cruz-Coatzacoalcos; más la rehabilitación de las seis refinerías existentes y las obras requeridas para mejorar la operación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dichas obras tendrán que superar conflictos legales y sociales.

A las inversiones aludidas, habría que sumar el plan de negocios en proceso de diseño para fortalecer a la empresa productiva Petróleos Mexicanos, con la finalidad de incrementar la producción de petróleo destinado tanto a su refinación en el país como para la exportación a otras regiones que se traduzcan en utilidades que, como en otro tiempo, podrían servir como ariete o punta de lanza para reorientar la economía mexicana hacia un crecimiento sostenido y sin depender de la importación de gasolinas y petróleo tal y como actualmente sucede.

Mientras todo lo anteriormente delineado se precise y se lleve a la realidad, AMLO y la 4T deberán enfrentar las digresiones y diferendos políticos que constantemente se dan con miras a la disputa del poder en los procesos electorales que vienen, principalmente los que tendrán lugar en 2021 para renovar la Cámara de Diputados y la titularidad de los poderes ejecutivos en catorce entidades federativas.

La renuncia del ex titular de Hacienda y sus señalamiento en relación a las decisiones económicas presidenciales generaron daños que fueron controlados por la designación del subsecretario que había sido su alumno; decisiones y señalamientos que bien podrían quedar en el anecdotario sexenal, a pesar que hubieron más analistas solidarios al ex titular que discrepantes de éste y de los términos de su renuncia.

Tiempo finito

El presidente de México, sabedor de su tiempo finito, tal y como se señalaba en la colaboración anterior, trabajó con prisa y sin pausa con miras a cumplir todas sus promesas y propuestas de campaña.

Se podría afirmar que los objetivos esenciales de su gobierno son la creación y la distribución de la riqueza. En los primeros siete meses y medio de su gobierno, a partir de la etapa de preparación que se dio del triunfo en las urnas a la toma de posesión, se inició la construcción del andamiaje para poder crecer y distribuir.

La distribución se inició con base en los recursos existentes y las partidas incluidas en el presupuesto de egresos de la Federación, destinadas a los programas sociales de todos ya conocidos, con el agregado o los agregados que a las sumas destinadas, se acumularían los montos derivados del programa de austeridad, del combate a la corrupción y de los bienes incautados a la delincuencia organizada, para lo cual se aplicaría la medida ya avalada legislativamente de la extinción de dominio.

Se podría decir que los recursos destinados a los programas sociales, constituyeron el principal factor para que se incrementara el consumo y que éste podría ser una causa para que aumentara la producción en ciertos rubros de la economía nacional.

El año fiscal constituido por los ingresos y los egresos de la Federación, ha transcurrido sin sobresalto alguno, salvo para aquéllos que formaban parte de la estructura de gobierno, a quienes se les aplicó la política de austeridad y que fueron cesados de sus plazas laborales ya fuere por contrato, por honorarios, eventuales e inclusive sindicales en ciertas ramas de la administración pública federal; y principalmente en materia de adquisición y distribución de medicamentos a todas las instituciones de salud pública del país.

El año fiscal aludido podría catalogarse como resabio derivado de la gestión del anterior presidente, aun cuando en la elaboración de las leyes y de la política económica anual, hayan intervenido personajes de diversas disciplinas que formaban parte del equipo de transición, la mayor parte de los cuales fueron ubicados dentro del contexto de la administración federal.

El año que viene ya será una consecuencia, una propuesta y una estructura muy propia del presidente y de sus colaboradores, cuyas opiniones y prácticas del ejercicio del poder, deberán incluirse en los criterios económicos, en el anteproyecto de ley de ingresos y en el anteproyecto del presupuesto de egresos de la federación, los cuales, a más tardar, deberán presentarse a la consideración de la Cámara de Diputados el próximo 8 de septiembre, la cual, en materia económica, invariablemente y por disposición constitucional, es, debe ser y será la cámara de origen.

Los instrumentos económicos aludidos deberán tender hacia el crecimiento económico prometido e ir más allá de los magros resultados del primer semestre del presente año y que seguramente continuarán en el mismo sentido en el segundo semestre.

Para el crecimiento económico se requieren inversiones que pueden provenir del poder público, de la iniciativa privada y del extranjero; y para que fluyan las inversiones tanto privada como la extranjera, se requiere que las instituciones generen confianza y seguridad en sus inversiones.

La inversión extranjera correrá aparejada con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), cuya aprobación está en suspenso por parte de los órganos legislativos de los Estados Unidos y de Canadá, la cual se dará con cierto retraso en relación a la aprobación ya concretada por el Estado mexicano, primero, porque los partidos políticos en el primer país querrán obtener, si no más ventajas, por lo menos más tiempo para que su aprobación sea utilizada en sus tiempos campaña para la elección presidencial de 2020, mientras que, por lo que concierne a Canadá, tendrá que dialogarse con sentido, con profundidad y oportunidad, para salvar las diferencias derivadas del contrato de atrás tiempo entre empresas canadienses y la Comisión Federal de Electricidad del gasoducto Texas-Tuxpan y que ésta, o sea, la parte mexicana, optó por recurrir al arbitraje internacional al considerar que los términos del contrato en materia de costos y de tiempos eran perjudiciales para la empresa productiva mexicana citada. Lo anterior no obstante que el gasoducto ya está terminado y listo para su operación.

En lo que concierne a la inversión pública estatal, los montos y los tiempos están relacionados con la construcción de las obras de la 4T que estarían destinadas para ser los emblemas del sexenio. Me refiero a la refinería de Dos Bocas, a la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en lo que por hoy es la base aérea de Santa Lucía, al Tren Maya y al proyecto Transístmico Salina Cruz-Coatzacoalcos; más la rehabilitación de las seis refinerías existentes y las obras requeridas para mejorar la operación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dichas obras tendrán que superar conflictos legales y sociales.

A las inversiones aludidas, habría que sumar el plan de negocios en proceso de diseño para fortalecer a la empresa productiva Petróleos Mexicanos, con la finalidad de incrementar la producción de petróleo destinado tanto a su refinación en el país como para la exportación a otras regiones que se traduzcan en utilidades que, como en otro tiempo, podrían servir como ariete o punta de lanza para reorientar la economía mexicana hacia un crecimiento sostenido y sin depender de la importación de gasolinas y petróleo tal y como actualmente sucede.

Mientras todo lo anteriormente delineado se precise y se lleve a la realidad, AMLO y la 4T deberán enfrentar las digresiones y diferendos políticos que constantemente se dan con miras a la disputa del poder en los procesos electorales que vienen, principalmente los que tendrán lugar en 2021 para renovar la Cámara de Diputados y la titularidad de los poderes ejecutivos en catorce entidades federativas.

La renuncia del ex titular de Hacienda y sus señalamiento en relación a las decisiones económicas presidenciales generaron daños que fueron controlados por la designación del subsecretario que había sido su alumno; decisiones y señalamientos que bien podrían quedar en el anecdotario sexenal, a pesar que hubieron más analistas solidarios al ex titular que discrepantes de éste y de los términos de su renuncia.

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