Rebelión en la Cámara
A estas alturas de la política a la mexicana, ni duda cabe que se viven tiempos nuevos caracterizados por la forma de ejercer el poder por AMLO, traducidas en las acciones realizadas, propuestas y planeadas a partir de la victoria electoral de éste el uno de julio de 2018.
Lo que es de suma importancia es la distribución y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación planteada a la Cámara de Diputados, la cual posee el llamado poder de la bolsa, en atención a que no sólo tiene la facultad de aprobar el presupuesto sino también, en su oportunidad, de revisar si el mismo fue ejercido en lo forma y tiempos aprobados.
En los viejos tiempos del partido hegemónico, la aprobación del presupuesto no generaba problema alguno y mucho menos falta de consenso o disposición para tal efecto, ya que ningún diputado osaba discrepar de la propuesta presidencial, sabedor de que cualquier discrepancia en la que incurriera, provocaría la terminación de su carrera política.
A diferencias del pasado, en el tiempo presente, en forma más soterrada que abierta, se ha filtrado que existe una rebelión en la Cámara de Diputados, la cual, se comenta, se gestó y desarrolló hacia el interior de la bancada de Morena que, ya fuere sola o en alianza con sus aliados, constituye la mayoría absoluta requerida para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación.
Con miras a comprender y, por ende, explicar a propios y extraños la rebelión aludida, se debe tener presente que ésta fue generada por la exigencia de más recursos para los municipios y para la producción agropecuaria del país. Por otra parte, se considera que es necesario hacer un breve recuento de la historia de la aprobación del presupuesto federal a partir de 1997.
Derivado del hecho de que en la Legislatura de 1997, el partido en el poder no alcanzó la mayoría absoluta para así imponer a las minorías parlamentarias la visión económica del gobierno federal reflejada en el presupuesto, motivó la generación de consensos mediante la concesión de más recursos para así satisfacer las demandas de las bancadas opositoras para los estados y municipios en los cuales sus partidos formaban gobierno y detentaban el poder.
En forma paralela y concurrente a lo narrado, se acordó y se puso en marcha una nueva forma de conducir los trabajos parlamentarios, a través de la Junta de Coordinación Política presidida por miembros de diversos partidos en relación directa al número de curules detentadas por los partidos políticos, y las cuales, agrupadas en grupos parlamentarios, recibían éstos y a la fecha reciben cantidades diversas de recursos que les permitían y permiten, satisfacer determinadas demandas y/o apoyos solicitados y requeridos por los diputados para cumplir sus facultades legislativas y sus compromisos como gestores.
Con la pérdida del PRI del poder presidencial en 2000 y que no recuperó en 2006, el partido vencedor careció hacía el interior del Congreso y, por tanto, de las Cámaras, no sólo de la mayoría calificada sino también de la absoluta, razón ésta para que el Congreso de la Unión tuviera serias dificultades para aprobar las iniciativas de leyes y decretos presidenciales, y dentro de éstos se incluía el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación.
Por tanto, el titular del Poder Ejecutivo Federal se vio obligado a negociar con el PRI cuyo grupo parlamentario constituía el fiel de la balanza, con la finalidad de que se concretaran aprobaran sus iniciativas, y para que el saldo de la negociación resultara favorable a sus pretensiones, la solución fue muy sencilla: acceder a las peticiones de más recursos para los gobiernos y municipios gobernados por el PRI, así como más recursos a su grupo parlamentario y por ende a los legisladores de éste.
Fueron los tiempos en los cuales surgieron los famosos “moches” consistentes en que más de un legislador obtenía recursos adicionales para los municipios, cuya operación dependía de cada uno de ellos.
Con el retorno del PRI al poder presidencial, en aras de que se firmara primero el Pacto por México y luego para que se construyera el marco jurídico de las reformas estructurales planteadas y demandadas, se podría decir que se institucionalizaran los “moches”, lo cual se hizo al interior de la Cámara de Diputados cuando, primeramente se otorgaron diez millones de pesos para que fueran dispuestos por los legisladores como gestores de las comunidades que representaban, cantidad que se incrementó en veinte millones de pesos en el último año de la Legislatura anterior.
En los nuevos tiempos de la 4T, al parecer, los legisladores de Morena y partidos aliados, no terminan de tener plena conciencia de su trascendencia y del estilo o modo de gobernar de la administración actual.
En el caso de los legisladores, además de se les redujeron sus percepciones, se suprimieron las dotaciones de recursos que antaño se les otorgaban dentro del presupuesto de egresos federal para que dispusieran de ellos, al parecer, sin rendir cuentas.
El año pasado no hubo inconformidad alguna dado que se iniciaba la 4T y las bases del presupuesto fueron elaboradas por el sexenio que se fue, pero con inclusiones, correcciones o propuestas de la naciente administración conformada por diferentes personas que no todos, al igual que buen número de legisladores, no comprenden que son diferentes y al modo de gobernar de los que se fueron.
En los días que corren, dentro del proceso de aprobación del presupuesto federal, se filtró que los legisladores de Morena y aliados, medio se rebelaron, a tal grado de que en una reunión con el presidente, se manifestaron diferencias que éste no logró atenuar o superar, a tal grado de que abandonó la reunión ante el aumento de los decibeles del ruido generado por los disidentes.
Después de lo narrado, entró en acción la operación política y se filtró que los diputados de Morena y de los partidos aliados, firmaron una carta compromiso para hacer valer su mayoría absoluta y así aprobar el presupuesto emanado de la política y de la voluntad presidencial.
El día de hoy tendrá lugar la continuación de la asamblea plenaria suspendida para en la misma aprobar el presupuesto, lo cual se habrá de traducir en una ficción legal para así no violentar la norma constitucional que establece el límite el 15 del mes en curso; continuación que tendrá que superar el obstáculos consistentes en que aún no se aprueba el dictamen respectivo y de que las organizaciones campesinas tienen bloqueado el acceso al recinto parlamentario.
Como circunstancias concurrentes que podrían interferir en la aprobación del presupuesto, lo son las demandas de más recursos para los municipios, al parecer ya superada, así como para las organizaciones campesinas y, en general, de los productores agropecuarios, demandas estas que ya lo dijo más de una vez el presidente que no pasarán, ya que los apoyos se harán llegar directamente a los productores sin mediar y al margen de las organizaciones demandantes, las cuales tienen bloqueado el acceso al recinto parlamentario.
Al respecto, se recuerda que de acuerdo a la Constitución, si no se aprobare el presupuesto para 2020, se aplicaría el del presente año.
Ello no sucederá.
