No deja de generar cierta atención los diferendos crecientes que se han generado en los tiempos políticos del Covid-19, en el contexto del estado de la federación constituida por los Estados Unidos Mexicanos por 31 estados y de la Ciudad de México, cuyos fundamentos constitucionales están establecidos en los artículos 39, 40, 41, 124, 115, 116, 135 y 136 de la Carta Magna.
En esencia, la Federación mexicana está constituida por estados libres y soberanos que decidieron unirse en aquélla, sin pasar por alto, que en la misma existen y coexisten dos órdenes de gobierno: El federal y los locales, cuyas competencias están previstas en el artículo 124, en el cual se contempla el carácter residual, en el sentido de que, lo no establecido expresamente a la federación, se entiende reservado a los estados y, por ende, a la Ciudad de México, la cual ya tiene su propia Constitución al igual que los estados.
El estado federal mexicano fue consignado en la Constitución mexicana de 1824 como fiel reflejo de la Constitución del vecino país del norte de 1787, con la gran diferencia de que, para la creación de ésta, primero existieron los estados (en los cuales devinieron las 13colonias inglesas), para luego, previa cesión de su soberanía, se constituyeron en el estado federal, y con ello dejaron atrás la Confederación de Estados en la cual se habían agrupado, para así enfrentar el posible intento de que Inglaterra pretendiera recuperar las colonias perdidas a raíz de la revolución de independencia, la cual, en un principio estuvo regida por los artículos de la Confederación y que quedaron sin efecto con la entrada en vigor con la Constitución federal aludida.
En México, la adquisición del estatus federal fue diferente. Primero se creó la Federación en el Acta de la Federación del 31 de enero de 1824, de la cual se derivó la existencia de los 19 estados y 5 territorios enumerados en la constitución mexicana del 4 de octubre de 1824. El estado federal mexicano se conservó en las constituciones de 1857 y de 1917, ambas promulgadas el 5 de febrero de los años respectivos. La segunda, reformada y adicionada, conserva su vigencia.
En el pasado se hicieron reformas tendientes a que las facultades de suyo correspondientes a la Federación, se descentralizaran a las entidades federativos en forma concurrente y coordinada con aquella; descentralización que principalmente quedó plasmada en elartículo 73 de la Carta Magna, de tal manera y a tal grado que se llegara no sólo a pensar sino también a constatar, que las facultades residuales estatales resultaron favorecidas.
La fortaleza de la Federación se consolidó con la Ley de Coordinación Fiscal de diciembre de 1978, en la cual, en consonancia con la fracción VII del artículo 73 de la Constitución, la cual le concedía a la Federación la facultad de imponer contribuciones para cubrir supresupuesto, trajo como consecuencia fáctica de que aquélla se apoderara de las fuentes impositivas más generosas, obviamente en detrimento de las finanzas estatales, lo cual se compensaría con la redistribución y/o devolución a los estados de los ingresos obtenidos vía las fuentes cedidas a la Federación, lo cual se consideró que estaría en relación directa a los recursos recaudados en cada estado, o sea, más recaudación más devolución y viceversa, pero sin pasar por alto que a los estados más débiles económicamente, se les otorgaran fondos suficientes para paliar sus debilidades financieras.
A raíz del advenimiento del gobierno de la 4T, se derivó la percepción ya traducida en hechos en casos específicos, en el sentido de haberse iniciado la reversión de la tendencia descentralizada para que la Federación recuperara todas las facultades concedidas a lasentidades federativas con anterioridad en forma coordinada y concurrente. Se podría tomar como incidencias, tendencias o casos específicos los rubros de educación, de salud y de seguridad pública.
Dentro de la relación de encuentros y desencuentros entre los estados y la Federación de la cual forman parte, se han dado los siguientes diferendos.
1. La creación y puesta en operación del INSABI que motivó o que condujo a que varios gobernadores (entre ellos Durango) rehusaran a entregar la estructura hospitalaria estatal a dicho Instituto, el cual, por disposición presidencial, en los tiempos del Covid-19, quedó sometido a las Fuerzas Armadas.
2. Con la creación de la Guardia Nacional, previa reforma constitucional, los gobernadores no se pronunciaron en contra, como tampoco lo hicieron con la puesta en vigor de lo dispuesto por el artículo 5 transitorio de tal reforma, para que, en los próximos cinco años, las fuerzas armadas coadyuven o apoyen a la Guardia Nacional con miras a alcanzar y preservar la seguridad pública nacional. Obvio, los gobernadores no quieren estar en contra de las fuerzas armadas, a pesar de que ello, en la práctica, margina a las policías estatales.
3. El reclamo realizado por los gobernadores por la disminución o por lo menos en el no incremento de las participaciones federales sustentadas en la Ley Federal de Coordinación Fiscal vigente.
4. El derivado de la escasez de recursos federales para combatir in situ a la pandemia del Covid-19, y de la no retribución de lo gastado para tal efecto en suplencia de las autoridades federales de salud, a las cuales les correspondía el pago de las acciones correspondientes.
5. La concentración federal de la administración de recursos financieros para atender los reclamos y las deficiencias del sistema educativo nacional.
6. El último diferendo lo constituye el acuerdo de la Secretaría de Energía y de la CENACE publicado el pasado 5 de mayo en el DOF, para no utilizar la energía eléctrica generada y catalogada como limpia, así como suspender los proyectos en marcha para el establecimiento de nuevas fuentes de energía derivadas del sol o del viento; diferendo que fue concretado y expuesto por siete gobernadores, y a los cuales se podrían sumar más. Tal postura fue derivada de los hechos de que, en los respectivos territorios estatales, estaban instaladas varias plantas de energía solar y eólica ya terminadas o en proceso de construcción, lo cual perjudicaría no solo a las finanzas estatales, a las empresas involucradas y a particulares, entre los cuales destacan los ejidos y ejidatarios que habían rentado sus tierras para la construcción de tales plantas.
Derivados de esos diferendos, se han planteado dos soluciones, ambas imposibles: un nuevo pacto fiscal para lo cual se requería las mayoría absoluta en ambas Cámaras y que no tienen los disidentes; y la otra sería la terminación del pacto federal, con visos de mayorimposibilidad que la primera, lo cual sólo podría hacerse por la fuerza, tal y como se dio con la disolución de la República Federal de Yugoslavia y la independencia de lo que hoy es el estado de Texas, originalmente constituido como libre y soberano, posteriormente incorporado a la Unión federal del vecino país del norte.
Para salvar los diferendos se requiere el diálogo y la conciliación. No hacerlo implica una larga confrontación que a nadie beneficiaría.
