El general
El “impasse” de la actividad presidencial no impedirá la continuación de la vida política nacional. El tema que se planteará sigue activo y en proceso.
Se diría que las crisis sanitaria y económica del país reclaman la atención de los actores políticos y de los analistas, y dentro de ese contexto actúan y opinan acerca de las competencias electorales en acción y que habrán de dilucidarse el domingo 6 de junio.
Por otra parte, se requiere tener presente que dentro de tres años se vivirá la vorágine de la sucesión presidencial. El año próximo se dará el relevo en la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal.
La costumbre y los tiempos idos establecieron que en México el poder presidencial no se comparte.
A partir de un encuentro entre las fuerzas armadas (Defensa y Marina) que se dio al compartir un desayuno la élite militar con el entonces presidente electo, lo cual ocurrió, en la semana previa a la asunción del poder de aquél, se dejó atrás la propuesta ofrecida durante y después de la campaña, en el sentido de que las fuerzas armadas volverían a sus cuarteles, para luego, a partir del 1 de diciembre de 2018, el ejercicio del poder se apoyara en forma creciente en el ejército nacional y las fuerzas marítimas presididos por las élites militares formadas y agrupadas bajo la figura del los “Diplomados del Estado Mayor”.
A partir de esa fecha es notorio cómo el Ejército y la Marina, sobre todo el primero, han incursionado en acciones que van más allá de sus funciones contenidas en la legislación vigente.
Lo anterior se ha traducido de cómo el Ejército, o sea, las fuerzas armadas del país, obviamente a través de sus mandos, con el secretario de Defensa a la cabeza y cuyo jefe es el presidente, han intervenido y continúan en activo en tareas propias de otras dependencias como la construcción de obras de infraestructura de aeropuertos, carreteras y vías férreas; en la seguridad pública con el control total de la Guardia Nacional, control que también concurre en las labores de inteligencia; coadyuvan en acciones de la salud pública para hacer frente con mayores posibilidades de éxito en el combate a la pandemia y dentro de las cuales destacan la integración de miembros del Ejército y la Marina en el programa nacional de vacunación.
El Ejército también construye los bancos de bienestar a través de los cuales se habrán de distribuir los apoyos para los programas sociales con rango constitucional. Además, el presidente anunció que la administración de un aeropuerto sería dada a las fuerzas armadas, con la finalidad de que los recursos captados sirvieren para cubrir las prestaciones derivadas de las jubilaciones de los elementos de la fuerzas armadas.
Además, al Ejército se le encomendó el control y vigilancia de las aduanas fronterizas, así como la contención de la migración en el sur, y a la Marina se le dio la administración de las aduanas marítimas.
Del poder transferido al Ejército y a la Marina no hay duda. Ello se refleja en la realidad.
Luego pues, se diría, a manera de conclusión, que el general titular de la Secretaría de la Defensa Nacional podría estar en primer plano de la sucesión al definir el presidente y su partido quién sería su candidato que, como siempre, habrá de salir del gabinete, en el entendido de que en el México posrevolucionario, nunca ha habido un presidente emergido de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni de la Jefatura de la Ciudad de México, cuyos titulares son los más mencionados para la sucesión.
Se acota, ninguno de ellos con más relevancia y dominio hoy que el general en la dura realidad del día a día.
Lo delineado podría cambiar, pero el poder del Ejército llegó para quedarse.
