Continúa la cuenta regresiva para la jornada electoral del 6 de junio. Como ha ocurrido en las elecciones intermedias a partir de 1991 hasta las presentes, el partido en el poder se ha planteado y se ha fijado como objetivo siempre, obtener más de la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados.
Continúa la cuenta regresiva para la jornada electoral del 6 de junio. Como ha ocurrido en las elecciones intermedias a partir de 1991 hasta las presentes, el partido en el poder se ha planteado y se ha fijado como objetivo siempre, obtener más de la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados.
Esencialmente para que por sí y ante sí, o bien con la suma de los diputados de partidos aliados, obtener la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación y su erogación, lo cual es la clave para gobernar en apoyo de sus objetivos político-electorales, sociales y económicos.
En los gobiernos presidencialistas de antaño, al igual que en el actual que tiene mucho de aquéllos, éstos no tenían problema alguno para obtener las mayorías legislativas tanto calificada como absolutas en ambas Cámaras del Congreso de la Unión
Todo cambió a raíz de las elecciones de 1988, cuyos resultados para muchos fueron derivados de un fraude electoral originado cuando se “calló el sistema”, que provocó el cuestionamiento de la elección presidencial, pero que sí le permitió obtener al partido entonces hegemónico más de la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados y con ello el control de la aprobación del presupuesto de egresos.
En las elecciones intermedias de 1991 y en las sexenales de 1994, el todavía partido mayoritario, obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Fue la última vez que se obtuvo, pues en las siguientes elecciones ya ningún partido había podido obtener tal mayoría.
No fue sino hasta las elecciones de 2018 cuyo conocimiento está a menos de un tiro de piedra en el tiempo, el partido vencedor, con un número cuestionado, obtuvo la mayoría absoluta deseada en la Cámara de Diputados.
Tal mayoría es el meollo de la disputa político-electoral predominante que se da en el entorno nacional. Los unos para conservarla, y los otros para evitar que aquéllos la obtengan.
Por supuesto, que la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados también se requiere y sería requerida para la aprobación de leyes, reformas y adiciones a las vigentes, en aras de servir como sustento del gobierno de la 4T.
No se pasa por alto que varias leyes o reformas a las vigentes aprobadas durante el ejercicio de la presente legislatura (2018-2021), fueron impugnadas mediante acciones de inconstitucionalidad, las cuales, hasta la fecha, no han sido resueltas y tal vez se requeriría la mayoría absoluta en ambas Cámaras (la del Senado está garantizada hasta 2024), para adecuar las leyes, reformas y adiciones a los objetivos de la 4T.
En la disputa por el poder es propio que los partidos opositores cuestionen y estén en contra del contenido y alcances de las leyes secundarias generadas desde el Gobierno, que en su elección tuvo un respaldo electoral muy relevante, a tal grado que, tal vez con exceso, el presidente, sus auxiliares y sus partidarios, consideran que tienen derecho a ello, al margen del disenso, de los derechos y de las visiones de las minorías. En México no existe la cultura del arte de gobernar con consensos y disensos.
Sin embargo, lo pésimo del pragmatismo político que priva en el país, es el hecho de que los partidarios del Gobierno de la 4T y los aliados y simpatizantes de la alianza opositora, sustentan la disputa por el poder en el odio sin límite ni templanza alguna.
Los unos porque no quieren que regresen al poder los que destruyeron al país en los sexenios precedentes, y los otros porque no quieren que continúe el gobierno de la 4T y sus políticas destructivas.
Las preguntas que se hacen: ¿Quién vencerá en esta contienda influida y dominada por el odio y a quién beneficiará?
