A un año de que Manuel Ávila Camacho concluyera su mandato, la decisión estaba tomada, después de él, ningún militar ocuparía la presidencia de México.
El 3 de diciembre de 1945 emitió un decreto por el cual se prohibía a los militares en activo participar en política; al año siguiente -1946- el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) se transformaba en Partido Revolucionario Institucional (PRI).
No obstante la reforma legal, en los hechos, el ejército sigue participando en política, es un poder fáctico de gran calado, no debemos perder de vista que ellos tienen las pistolas, pero además, conocen de primera mano los entresijos de la llamada delincuencia organizada, otro poder fáctico de gran calado.
Desde luego que estos factores colocan a los militares en la arena política, así que al igual que cualquier político de profesión luchan encarnizadamente por alcanzar el máximo peldaño al que pueden aspirar en su vida castrense: La Secretaría de la Defensa Nacional.
Mucho se ha dicho y escrito en torno a que López Obrador hizo un pacto para llegar a la Presidencia, se dice que lo hizo con Peña Nieto a cambio de impunidad de él y de sus cercanos. Dados los acontecimientos relacionados con el general Cienfuegos la pregunta surge natural: ¿Quiénes participaron y cuáles son esos acuerdos?
La intervención del presidente para que el gobierno de Estados Unidos liberara al ex secretario de la Defensa Nacional y su posterior transgresión a la autonomía de la Fiscalía General de la República hacen suponer, o que los poderes fácticos están por encima del gobierno, o que el pacto con la mafia del poder también esconde secretos turbios de quien encabeza la 4T en México.
