"A algunas personas no les gustan los abogados hasta que los necesitan” Kenneth G. Eade
Cada 12 de julio se celebra el Día del Abogado, pues precisamente en un día como éste pero de 1533 arrancó la primera cátedra de Derecho en la Nueva España, además de que se dictaron las primeras ordenanzas de buen gobierno. Esta conmemoración debe servir no sólo para festejar el hecho de ser abogada o abogado -algo sin duda fascinante, apasionante y que nos llena de orgullo a todos los que elegimos este noble oficio- sino para reflexionar el tipo de práctica profesional especializada en el ámbito jurídico que debemos construir, las competencias profesionales que las nuevas generaciones deben desarrollar y las actuales reforzar, así como los vínculos y puentes que es menester seguir tendiendo con cada sector social en cuanto tal.
Hoy la sociedad ha generado un Derecho más cambiante, vivo y dinámico que nunca. No sólo se han multiplicado las leyes, reglamentos, códigos, acuerdos, decretos, circulares y demás materiales normativos con los que se trabaja en el litigio, la judicatura, la administración pública, el ámbito parlamentario, las empresas o la academia, sino que además hemos acudido a un proceso de recambio por lo que hace a la interacción de los actores y factores jurídicos, por virtud de fenómenos como la globalización, la internacionalización y el “soft law”, por mencionar únicamente algunos de ellos que son también indicativos de la transformación de lo público, lo privado y lo íntimo como circuito virtuoso.
Hay que entender al Derecho no sólo como un conjunto de normas jurídicas, de principios y de instituciones, sino ante todo como una práctica social en sí misma, como la necesaria reivindicación de valores y virtudes -dignidad, justicia, libertad, igualdad, entre otras- que se ponen de manifiesto como exigencia colectiva, como una idea de orden, control, coherencia y cohesión social, como una fundamentación de la institucionalidad, como un espacio coetáneo al poder político en el que se hacen valer importantes contextos comunicacionales y, desde luego, como una serie de prácticas argumentativas, interpretativas y hermenéuticas siempre bajo el crisol de la Constitución y los derechos fundamentales como estrellas polares.
En efecto, ofrecer razones para sostener un aserto o refutarlo es una de las principales habilidades que deben desarrollarse en la arena legal, buscando en todo momento maximizar los derechos fundamentales de todas las personas, mismos que han adquirido una nueva dimensión desde la trascendental reforma del 10 de junio de 2011 en esa temática, misma que a ocho años de distancia debe seguir impulsándose en todos los estratos, sobre todo desde una perspectiva cívica y cultural que posibilite su instalación en el imaginario grupal. De esta suerte, las abogadas y los abogados del siglo XXI precisan de un compromiso indisoluble con los derechos humanos, desde su práctica y desde su activismo, pues los sistemas jurídicos actuales se desarrollan en el paradigma de lo que algún autor como Carlos Bernal Pulido ha denominado “el Derecho de los derechos”.
En efecto, y al decir de este jurista colombiano, “hoy en día no es el Derecho la medida de los derechos, sino los derechos la medida del Derecho. Los derechos fundamentales son el prisma desde cuya óptica se debe interpretar todo el Derecho ordinario, a tal punto que no parece una exageración afirmar que nuestro Derecho es el Derecho de los derechos”. Conocer los derechos, analizarlos e interpretarlos adecuadamente, entonces, ya no es sólo una alternativa sino un auténtico requerimiento.
El Derecho trae aparejada la noción de liderazgo, de la misma forma que el perfil ético no puede pasar desapercibido cuando se trate de diseñar un modelo ideal del jurista que requieren los tiempos que corren, además de la responsabilidad social que implica el ejercicio jurídico per se. Entre mejores abogadas y abogados tengamos, sin duda alguna, la sociedad será la principal beneficiada.
En otro orden de ideas, es imposible dejar de lado que la abogacía es una de las profesiones tradicionalmente más demandadas en México. El tema es que sí hay trabajo para las abogadas y los abogados del presente y del mañana, pero únicamente para aquellas y aquellos que sobresalgan en su preparación constante, en su actualización permanente y en el fortalecimiento de sus principios. Para 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), había alrededor de 342,809 abogados ocupados, lo cual suponía un 4.3% de las 7.9 millones de personas con empleo en el país; por supuesto que esta cifra debe actualizarse pero es una muestra de lo complejo que es el mercado laboral para los jurisconsultos en la república. Ante ello, el estudio y la calidad tanto profesional como humana son las herramientas claves para el éxito.
