/ miércoles 7 de abril de 2021

Las cárceles: Un negocio transexenal

En Capadocia, una de las series más conocidas de Epigmenio Ibarra, se muestra un grupo empresarial de élite a cargo de un penal en México que es un negocio de grandes ganancias en el cual debe sofocarse cualquier motín.

Mientras la serie transcurría iniciaba el proyecto de Felipe Calderón de concesionar a la iniciativa privada las prisiones federales que se construían.

A 11 años de haber arrancado tan lucrativo negocio con las prisiones de máxima seguridad en nuestro país -sin que mediara debate como ha ocurrido en otras naciones del mundo-, cada interno le cuesta al gobierno federal más de tres mil pesos diarios en cada uno de esos ocho centros penitenciarios, concesionados durante 20 años por la administración emanada de Acción Nacional.

Además, existen otros cuatro penales aún más costosos, uno de ellos en el que se erogan 114 mil 588 pesos se encuentra en Guadalupe Victoria, Durango, lo administra una empresa de Olegario Vázquez Raña y al igual que con los otros fue adjudicado de forma directa con ventajas como la de que las instalaciones al término de la concesión serán propiedad del proveedor del servicio.

Con esos negocios también se benefició a Carlos Slim, Bernardo Quintana de grupo ICA y a otros tres grandes empresarios, quienes hasta ahora no han probado los beneficios de que la iniciativa privada esté a cargo o con relación a la reinserción social y con el sistema penitenciario nacional del país.

El intentar reproducir el modelo puesto en marcha en Chile en 2005 o el inglés en el cual se está obligado a pagar sin importar si disminuye el número de presos, sigue sin resultados concretos, con una erogación excesiva de recursos públicos y con casi nulas ventajas para quien paga el dinero de la concesión, que por cierto durante los últimos años del calderonismo y el sexenio de Enrique Peña Nieto no se cubrieron en su totalidad los pagos, de acuerdo con lo externado por la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Lo anterior muestra más un modelo de negocio de alto rendimiento que un esquema de beneficio y para nada exento de corrupción en manos privadas; estos hechos dan fe una vez más, que en su amnesia permanente la oposición ya olvidó que PRI y PAN avalaron estas concesiones hechas sin transparencia, teniendo como operador principal de las mismas al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Lo reitero: La oposición conservadora es corrupta y convenenciera. No, no somos iguales.

En Capadocia, una de las series más conocidas de Epigmenio Ibarra, se muestra un grupo empresarial de élite a cargo de un penal en México que es un negocio de grandes ganancias en el cual debe sofocarse cualquier motín.

Mientras la serie transcurría iniciaba el proyecto de Felipe Calderón de concesionar a la iniciativa privada las prisiones federales que se construían.

A 11 años de haber arrancado tan lucrativo negocio con las prisiones de máxima seguridad en nuestro país -sin que mediara debate como ha ocurrido en otras naciones del mundo-, cada interno le cuesta al gobierno federal más de tres mil pesos diarios en cada uno de esos ocho centros penitenciarios, concesionados durante 20 años por la administración emanada de Acción Nacional.

Además, existen otros cuatro penales aún más costosos, uno de ellos en el que se erogan 114 mil 588 pesos se encuentra en Guadalupe Victoria, Durango, lo administra una empresa de Olegario Vázquez Raña y al igual que con los otros fue adjudicado de forma directa con ventajas como la de que las instalaciones al término de la concesión serán propiedad del proveedor del servicio.

Con esos negocios también se benefició a Carlos Slim, Bernardo Quintana de grupo ICA y a otros tres grandes empresarios, quienes hasta ahora no han probado los beneficios de que la iniciativa privada esté a cargo o con relación a la reinserción social y con el sistema penitenciario nacional del país.

El intentar reproducir el modelo puesto en marcha en Chile en 2005 o el inglés en el cual se está obligado a pagar sin importar si disminuye el número de presos, sigue sin resultados concretos, con una erogación excesiva de recursos públicos y con casi nulas ventajas para quien paga el dinero de la concesión, que por cierto durante los últimos años del calderonismo y el sexenio de Enrique Peña Nieto no se cubrieron en su totalidad los pagos, de acuerdo con lo externado por la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Lo anterior muestra más un modelo de negocio de alto rendimiento que un esquema de beneficio y para nada exento de corrupción en manos privadas; estos hechos dan fe una vez más, que en su amnesia permanente la oposición ya olvidó que PRI y PAN avalaron estas concesiones hechas sin transparencia, teniendo como operador principal de las mismas al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Lo reitero: La oposición conservadora es corrupta y convenenciera. No, no somos iguales.

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