/ domingo 27 de septiembre de 2020

Las comparecencias en el Congreso y sus efectos colaterales

En primer lugar, nos parece bien que los integrantes del gabinete estatal le entren al debate parlamentario. Sabiendo el riesgo político, el jefe del Ejecutivo lo asume y la beneficiada es la sociedad, que tiene derecho a saber el manejo de los recursos públicos, en qué se aplican, su transparencia y la honestidad de los funcionarios públicos que administran los impuestos que pagan los ciudadanos. Hay que reconocerle al gobernador José Rosas Aispuro Torres haber dado el primer paso para que en el Congreso se discuta su informe, y ahora le corresponde a las diputadas y diputados mejorar el formato de la glosa del informe.

Todas las comparecencias del gabinete son importantes, unas más que otras, sin embargo, en esta glosa del IV informe destacan las de la Secretaría de Salud, de Economía, y la Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al parecer al secretario de Salud Sergio González Romero, por el tema del Covid-19 le tocó bailar con la más fea. Pero nadie podrá negar que, con sus virtudes y defectos, en lo personal, como responsable de esa Secretaría, no podemos culparlo a él y a su equipo de nuestra irresponsabilidad social, que se ha reflejado en contagios y fallecimientos, mucho menos de omisión. Si el secretario de Economía realiza en dos años lo que dijo en la tribuna del Congreso, pondría la primera piedra para que Durango deje de ser el Chiapas del norte.

La Fiscalía, un área muy delicada por la complejidad de los temas que son de su competencia, estuvo en el escrutinio de la opinión pública. En su comparecencia, a la fiscal se le complicó por el tema de los acontecimientos recientes derivados de las denuncias de varias mujeres por hostigamiento sexual y acoso laboral en sus centros de trabajo. Por un lado, la fiscal Ruth Medina les dijo a los diputados que en la Fiscalía todas las querellas y denuncias por este ilícito son atendidas. Muchas no están de acuerdo, empezando por la diputada Sandra Amaya, quien ha tenido que estar al frente de las víctimas de esos supuestos ilícito. La diputada por Morena Sandra Amaya, recién declaró en un programa de televisión que se había entrevistado con Ruth Medina al respecto y que le comentó que se atendía a todas las víctimas de violencia, pero que en ocasiones las denunciantes no cumplían con los procedimientos, que no regresaban a ratificar la denuncia o, de plano, otorgaban el perdón a sus agresores. En otra ocasión hablaremos de manera más amplia sobre el tema, por lo pronto, dejamos en la mesa una reforma al Código Penal del Estado para que los delitos de hostigamiento sexual y acoso laboral se persigan de oficio.

Otro tema que preocupa a la sociedad son los derechos humanos. Sabemos de las limitaciones y facultades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Si el INE sólo sirve para organizar elecciones y la comisión que dirige Marco Antonio Güereca únicamente para recibir quejas, investigarlas, llevarlas a las instancias correspondientes sin ser vinculantes y sólo vinculatorias; ese es el motivo de que nada sucede. A diferencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo más grave que dio a conocer el doctor Güereca es que, a la hora de investigar una queja, han sido amenazados por personajes cercanos y ajenos a las áreas de seguridad pública. Si lo que dice el presidente de la Comisión es cierto, entonces es como si la Iglesia estuviera en las manos de Lutero y en las áreas de seguridad pública hubiera cogobierno.

La Fiscalía, un área muy delicada por la complejidad de los temas que son de su competencia, estuvo en el escrutinio de la opinión pública.

En primer lugar, nos parece bien que los integrantes del gabinete estatal le entren al debate parlamentario. Sabiendo el riesgo político, el jefe del Ejecutivo lo asume y la beneficiada es la sociedad, que tiene derecho a saber el manejo de los recursos públicos, en qué se aplican, su transparencia y la honestidad de los funcionarios públicos que administran los impuestos que pagan los ciudadanos. Hay que reconocerle al gobernador José Rosas Aispuro Torres haber dado el primer paso para que en el Congreso se discuta su informe, y ahora le corresponde a las diputadas y diputados mejorar el formato de la glosa del informe.

Todas las comparecencias del gabinete son importantes, unas más que otras, sin embargo, en esta glosa del IV informe destacan las de la Secretaría de Salud, de Economía, y la Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al parecer al secretario de Salud Sergio González Romero, por el tema del Covid-19 le tocó bailar con la más fea. Pero nadie podrá negar que, con sus virtudes y defectos, en lo personal, como responsable de esa Secretaría, no podemos culparlo a él y a su equipo de nuestra irresponsabilidad social, que se ha reflejado en contagios y fallecimientos, mucho menos de omisión. Si el secretario de Economía realiza en dos años lo que dijo en la tribuna del Congreso, pondría la primera piedra para que Durango deje de ser el Chiapas del norte.

La Fiscalía, un área muy delicada por la complejidad de los temas que son de su competencia, estuvo en el escrutinio de la opinión pública. En su comparecencia, a la fiscal se le complicó por el tema de los acontecimientos recientes derivados de las denuncias de varias mujeres por hostigamiento sexual y acoso laboral en sus centros de trabajo. Por un lado, la fiscal Ruth Medina les dijo a los diputados que en la Fiscalía todas las querellas y denuncias por este ilícito son atendidas. Muchas no están de acuerdo, empezando por la diputada Sandra Amaya, quien ha tenido que estar al frente de las víctimas de esos supuestos ilícito. La diputada por Morena Sandra Amaya, recién declaró en un programa de televisión que se había entrevistado con Ruth Medina al respecto y que le comentó que se atendía a todas las víctimas de violencia, pero que en ocasiones las denunciantes no cumplían con los procedimientos, que no regresaban a ratificar la denuncia o, de plano, otorgaban el perdón a sus agresores. En otra ocasión hablaremos de manera más amplia sobre el tema, por lo pronto, dejamos en la mesa una reforma al Código Penal del Estado para que los delitos de hostigamiento sexual y acoso laboral se persigan de oficio.

Otro tema que preocupa a la sociedad son los derechos humanos. Sabemos de las limitaciones y facultades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Si el INE sólo sirve para organizar elecciones y la comisión que dirige Marco Antonio Güereca únicamente para recibir quejas, investigarlas, llevarlas a las instancias correspondientes sin ser vinculantes y sólo vinculatorias; ese es el motivo de que nada sucede. A diferencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo más grave que dio a conocer el doctor Güereca es que, a la hora de investigar una queja, han sido amenazados por personajes cercanos y ajenos a las áreas de seguridad pública. Si lo que dice el presidente de la Comisión es cierto, entonces es como si la Iglesia estuviera en las manos de Lutero y en las áreas de seguridad pública hubiera cogobierno.

La Fiscalía, un área muy delicada por la complejidad de los temas que son de su competencia, estuvo en el escrutinio de la opinión pública.