El gobierno federal canceló para enero y febrero el pago de 950 pesos que daba por cada niño a las instancias subrogadas por la Sedesol, hoy Secretaría de Bienestar, y disminuyó de cuatro mil a dos mil millones de pesos el presupuesto para 2019, lo que ha provocado protestas de las madres afectadas, de las trabajadoras de las estancias infantiles y ha propiciado se abra un amplio debate en el Congreso de la Unión, en el sector académico y en los medios de comunicación convencionales, así como en las redes sociales.
El interés por el tema se debe a que la decisión afecta a más de nueve mil estancias a la que acuden a diario niñas y niños de las familias más pobres del país. La decisión de recortar el presupuesto en este rubro tan sensible es considerada por muchos como un acto de discriminación en contra de las madres trabajadoras, niñas y niños pequeños más pobres.
Las Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha declarado el hecho como un acto de discriminación institucional porque atenta contra el interés superior de la niñez, el que debe prevalecer en todas las políticas públicas por mandato constitucional.
El gobierno de México ha justificado la medida porque según sus hallazgos detectaron presuntas irregularidades en el programa, situación que los ha llevado a estigmatizar todo el programa. Si hay actos de violación a la ley y a las reglas debe castigarse a los responsables en los casos concretos; pero no afectar a las nueve mil estancias porque en ellas colaboran miles de madres de familia que realizan una labor limpia, entusiasta y eficaz, que no son personas corruptas.
Las condiciones en las que ofrecen sus servicios a los niños son precarias, a pesar de ello están en constante capacitación, exigencia de calidad en el servicio en favor de niños en los 32 estados.
En los últimos 12 años estas estancias han atendido a un promedio de 300 mil niños al año, de una edad de 2 a 4 años, en las zonas más marginadas. Además de cuidados, alimentos y esparcimiento, los niños reciben sus primeros conocimientos educativos. Se les enseña formación cívica, inglés, danza, deportes, se fomenta el trabajo en equipo, el compañerismo, se les cuida su nutrición y además se les atiende en algunos temas leves de salud. Los niños aprenden a dibujar, recortar, contar, las letras y conviven con infantes de su edad.
Esto no se parece nada a la casa de los abuelitos. Por eso es inaceptable la sugerencia del Secretario de Hacienda en el sentido de que no se afecta a nadie con el recorte porque a los niños los pueden cuidar su abuela o su abuelo. Es evidente que el secretario no está enterado de la evolución de la vida intrafamiliar, en estos tiempos es necesario que trabajen el papá y la mamá para completar el gasto familiar, en otros muchos casos la madre es la cabeza de la familia y debe laborar para el sustento.
Las abuelitas juegan el papel de transmisoras de valores, tradiciones y generar un ambiente de afecto y cariño en torno del seno familiar, pero no están capacitadas para hacerse cargo del cuidado, educación y orientación de los nietos. Otro factor es que las abuelas mayores de edad tienen varios hijos e hijas, por tanto, los nietos se multiplican y muchas de ellas no viven en la misma casa, en ocasiones en distinta ciudad que sus nietos. Vaya ocurrencia del Secretario de Hacienda.
Después anuncian que los recursos que ya no entregarán a las guarderías se los suministrarán de manera directa a las mamás para que ellas elijan a dónde llevan a sus hijos para que alguien los cuide mientras ellas trabajan; hecho que puede provocar que el recurso se utilice para otras necesidades urgentes de la familia y no en el cuidado y desarrollo de los infantes.
México está comprometido en su legislación a tomar decisiones cuidando siempre el interés superior de la niñez, esta decisión se aleja de esa premisay desmantela una infraestructura de instancias infantiles necesarias para el desarrollo de las niñas y niños de las regiones marginadas. No se puede diseñar una política pública nueva so pretexto de irregularidades, destruyendo estructuras que han funcionado bien, según Coneval esta red de guarderías ayuda a las familias a abatir índices de pobreza extrema y tiene un efecto positivo de largo plazo porque la educación es el camino más cierto para combatir la desigualdad social.
Esperemos una rectificación del gobierno federal en esta materia, no vale la pena por dos mil millones de pesos poner en riesgo ejercicio pleno de derechos de los sectores más desprotegidos de la sociedad.
