El pasado 3 de junio en las elecciones de gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla, candidato a la gubernatura por la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos Morena, PT y Partido Verde, obtuvo mayoría de los votos emitidos resultando el ganador de la contienda.
El Congreso del Estado emitió la convocatoria para elegir Gobernador por un período de dos años con el fin de homologar las elecciones locales con las federales en el año 2021, para ello, la propia Constitución del Estado contenía ya un artículo transitorio para establecer un período gubernamental de dos años.
Con esa idea clara en la mente de los ciudadanos y con una convocatoria sin confusiones acudieron a las urnas a elegir a su Gobernador. Resulta que un mes después, el 9 de julio, el diputado Víctor Manuel Morán presenta ante el Congreso de Baja California una reforma al artículo 8 de la Constitución local, para que el próximo gobernador, Jaime Bonilla, pudiera permanecer en el cargo durante cinco años en vez de los dos para los que recibió la confianza de los electores.
Con 21 votos a favor y uno en contra, el Congreso local, cuya bancada mayoritaria era panista, aprobó dicha reforma dando luz verde a la tristemente célebre “Ley Bonilla”, la que de inmediato recibió ácidas críticas por pretender burlar la voluntad de ciudadana externada en las urnas, siendo incluso que personajes de la vida académica, de la opinión pública y de la propia clase política la calificaran de espuria e inconstitucional, entre muchos personajes, la propia secretaria de Gobernación y ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero.
El objetivo de la reforma impulsada por Jaime Bonilla, bajo la sospecha de sobornos a los diputados locales que estaban por concluir su período, se trata de una ampliación de mandato sin sustento en la voluntad expresada en las urnas, en la ley, ni en la Constitución General de la República, puesto que el Congreso local aprobó la reforma después de haber transcurrido la jornada electoral, haberse computado los votos y calificado la elección; situación extraña, sospechosa, rara, alejada de la realidad y de la legalidad.
Como era de esperarse, dicha atrocidad despertó el descontento de diferentes sectores de la sociedad bajacaliforniana, de integrantes de varios partidos políticos, realizándose diversas protestas entre ellas marchas en la vía publica de varias ciudades con el fin de evitar la consumación de dicho atropello.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han recibido varias impugnaciones y juicios de inconstitucionalidad de la reforma que amplía el período gubernamental a cinco años, interpuestas por dirigentes de partidos políticos nacionales, partido locales, ciudadanos y alcaldes, como el de Mexicali.
En el ámbito nacional esta pretensión de que Jaime Bonilla sea Gobernador por cinco años, habiendo sido electo solo para un período de dos años, ha levantado un amplio debate académico, mediático, político y social, en el que la mayoría de las voces rechaza la imposición que se pretende realizar en aquel estado norteño, por considerarlo “un laboratorio político” para que en caso de prosperar ese malsano propósito, impulsar la misma práctica en otros ámbitos de poder, incluyendo el Ejecutivo federal.
Alineados a las nuevas prácticas en el ámbito federal, el nuevo Congreso local de Baja California, controlado ahora por Morena, realiza en el mes de julio una fallida Consulta Ciudadana -como la que se realizó para determinar si seguían o se cancelaban las obras del nuevo Aeropuerto de la CdMx-, sin una normatividad adecuada, sin capacidad técnica, sin garantías de certeza, legalidad, imparcialidad; pero destacadamente sin un mecanismo vinculante del resultado de la “consulta” con la toma de decisiones de los órganos del Estado. El ejercicio resultó un “fiasco” no solo por la nula participación, menos del 10% del padrón electoral y la absoluta desorganización, de tal manera que quedó en el aire y sin efecto alguno esa intención de darle “mayor legitimidad democrática a la reforma constitucional de dicha ampliación del mandato para el ejercicio del cargo de Gobernador”.
Aunado a lo anterior, el día 2 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Jaime Bonilla ganó la elección a la gubernatura de Baja California y declaró válida la constancia de mayoría. Sin embargo, el organismo detalla que la elección fue validada por un periodo de dos años y no de cinco. En este mismo tenor el 8 de octubre se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia desechó, por notoria e improcedente, una controversia con la que el gobierno de Baja California buscaba publicar “Ley Bonilla”, algo que se hizo con el fin de que se promulgara y pudiera ser impugnada.
En una de sus conferencias “mañaneras” el Presidente de la República fue abordado sobre el tema, siendo su respuesta tajante en el sentido de que él no se iba a involucrar en el caso de Bonilla, y que incluso le daba pena que se estuviera debatiendo el tiempo que el gobernador estará frente al mando de Baja California. “Hay que respetar la decisión de la autoridad competente y si resuelve que son dos años, ¡son dos años! ¡Por encima de la ley nadie!”, destacó.
La “Ley Bonilla” es una de las telenovelas políticas del nuevo gobierno más grotescas y desatinadas, toda vez que pone en entredicho la verdadera voluntad democrática del nuevo gobierno federal que pudo haber concluido con este nebuloso capítulo con algo de voluntad, política perdiendo la oportunidad de haber mandado un mensaje claro de respeto al Estado de derecho, por el contrario, esta larga parodia ha hecho resbalar hasta a la propia secretaria de Gobernación quien el día que acompañó a la toma de protesta al nuevo Gobernador de Baja California, de manera ingenua, sin darse cuenta que había una transmisión en vivo en las redes sociales le aseguró a Jaime Bonilla que la reforma a la ley “pervivirá”, lo que le abriría la puerta para gobernar cinco años, situación que solo corresponde definir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que ella fue integrante. Le ganó la euforia partidista en vez de comportarse como una verdadera servidora de la Nación.
Por lo pronto Jaime Bonilla ya tomó posesión del cargo, si se respeta la voluntad ciudadana, la verdadera soberanía popular y los principios de la Constitución será por dos años; pero si presionan desde el Poder Ejecutivo a los Ministros de la Corte -como es de esperarse luego de conocer las intenciones de la secretaria Olga Sánchez Cordero- puede llegar a quedarse cinco años en el Gobierno del Estado, convirtiéndose en uno de los antecedentes políticos más funestos de nuestra historia democrática y abriría la puerta a intentonas de personajes poderosos en otros ámbitos de perpetuarse en el poder.
Estaríamos presenciando primer fraude electoral de la historia una vez realizadas las elecciones, calificados los resultados y de haber asumido el cargo el ganador. Nuestra vida democrática está ante la posibilidad de un retroceso si en los hechos en Baja California se burla la voluntad ciudadana; esperamos, por el bien del país y sus instituciones que la Suprema Corte se comporte a la altura y haga prevalecer el Estado de derecho que tanto anhelamos día con día.
