Para que la normatividad en la materia sea similar a la federal, en la Ley estatal se fijará que las remuneraciones no serán mayores a las que percibe el Gobernador del estado, mientras que los burócratas municipales no podrán ganar por arriba del Alcalde.
Con la asunción de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, llegarán a Durango los cambios que contempla la “Cuarta Transformación”, entre los que destacan ajustes a los salarios de los servidores públicos de los tres órdenes de Gobierno, para lo cual ya está en el proceso legislativo local, iniciativa de proyecto para reformar la Constitución del Estado, a fin de adecuarla a la federal, que ya establece que no podrán devengar remuneraciones por arriba de lo que percibe el presidente de México.
Los diputados que integran la fracción de Morena en el Congreso estatal, proponen modificar el Artículo 161 de la Constitución Política del Estado, a fin de que su contenido se adecúe a lo que establece la federal: “Todo servidor público tiene derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a su responsabilidad. Esta remuneración será determinada anual y equitativamente a los presupuestos de egresos correspondientes y no podrá ser mayor a lo establecido para el Presidente de la República”.
Además, el proyecto que se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Legislatura local, propone sanciones penales y administrativas a las conductas que implique el incumplimiento del precepto, lo cual deberá ser estipulado en la Ley Estatal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que se elabore en los siguientes 90 días, a partir de que se aprueben las enmiendas constitucionales correspondientes.
El espíritu de esta “transformación” en materia de los emolumentos que perciben los burócratas, sobre todo los de primer nivel, según los considerandos del proyecto de reforma, son estrechar el “abismo” que hay con los montos que reciben los llamados “asalariados”, que son una inmensa mayoría de trabajadores que sirven a los entes públicos, pero también privados.
A través de los legisladores de los diferentes Partidos en el Congreso local, se manifestará el sentir de la sociedad duranguense, sobre todo porque el mayor enojo es por aquellos “servidores” que cobran hasta tres o más plazas, con horarios incompatibles, que evidencian el no cumplimiento en al menos una de las funciones por las que devengan un sueldo.
Tal irregularidad se presenta sobre todo en las áreas de salud y educación, donde no se puede explicar que haya médicos y docentes, que a la par con los tiempos completos que cobran en escuelas, hospitales y hasta labores administrativas, desempeñen funciones públicas en otros entes gubernamentales, y que son cargos que demandan su presencia la mayor parte del día durante toda la semana.
Sin embargo, también existe la otra vertiente, que son los funcionarios que no están de acuerdo en que se les reduzcan sus percepciones salariales, y desde ahora analizan la posibilidad de sumarse a sus homólogos, de otros Estados, como Sinaloa, para interponer amparos en caso de que se les hagan efectivos los ajustes a la baja.
Para que la normatividad en la materia sea similar a la federal, en la Ley estatal se fijará que las remuneraciones no serán mayores a las que percibe el gobernador del Estado, mientras que los burócratas municipales no podrán ganar por arriba del alcalde.
En tal contexto, reviste importancia el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que de acuerdo a comentarios preliminares, podría recibir solicitudes para conocer realmente los sueldos que tienen los funcionarios públicos en Durango, pero sin que haya simulaciones o elusiones de por medio.
Con el natural escepticismo, los duranguenses aún esperan que la “cuarta transformación”, de verdad venga a zarandear a México, y provoque cambios positivos para todos.
