Las barreras, límites y fronteras entre las cuestiones públicas y privadas, en épocas recientes, son cada vez más dispersas, difusas y etéreas.
El velo que parece proteger a la vida privada tiende, en alguna medida, a ser invisible, lo cual se acentúa aún más en esta era digital, en la cual las tecnologías de información y comunicación permiten que hechos y acontecimientos que suceden en el otro lado del mundo se conozcan instantáneamente a miles de kilómetros de distancia, todo ello gracias a las pantallas de teléfonos inteligentes y tabletas.
La reciente salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, a causa de su boda en Guatemala con la consejera del Instituto Nacional Electoral Carla Humphrey, es un caso para la reflexión y el análisis en términos del impacto público de los asuntos privados.
Independientemente de que haya habido o no cierto derroche económico, que un servidor de primer nivel contraiga nupcias en el extranjero siempre llamará la atención en tiempos de las llamadas “cuarta transformación” y “austeridad republicana”, amén de que el enlace matrimonial fue con otra persona relevante por sus atribuciones.
Por igual, más allá de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haya calificado el tema como “escandaloso” y de que haya vertido su recurrente argumento de que las y los trabajadores del gobierno deben vivir en la “justa medianía” que pregonaba Benito Juárez, lo cierto es que esa poco nítida diferencia entre lo público y lo privado a la que se hacía alusión termina por cobrar factura.
Nieto -un buen funcionario según diversos sectores de la opinión pública- no cometió ningún acto antijurídico; incluso, es discutible si casarse en el extranjero puede ser tildado de “inmoral”. Sin embargo, la carga pública de los temas privados se maximiza todavía más cuando uno de los buques insignias de la administración gubernamental es el combate al lujo, la frivolidad o el dispendio. Con ello no estamos juzgando si lo hecho por el otrora encargado de la lucha contra el lavado de dinero fue correcto o no, sino simplemente describiendo el contexto en general.
Hoy en día, las y los funcionarios públicos, de alguna manera, se desprenden de una buena parte de su esfera privada. Ello no es adecuado siendo estrictos, puristas y formalistas. Apesar de tal escenario, quienes están por ingresar a laborar a lo público deben estar plenamente conscientes de aquello a lo que se atienen; como no podía ser de otra forma, entre mayor sea la responsabilidad, el cargo y el nivel orgánico, mayor será precisamente ese desprendimiento antes referido.
Por supuesto que el derecho a la privacidad, como cualquier otro derecho fundamental, debe protegerse y salvaguardarse en absolutamente todo su elemento, pero como lo han reconocido múltiples cortes y tribunales internacionales, tiende a relativizarse -lo cual no equivale a negarse, minimizarse o reducirse- bajo ciertas circunstancias.
En el caso que se ha comentado brevemente desde luego que también hubo y sigue habiendo fuertes implicaciones políticas, ya que el personaje en cuestión se convirtió en uno de los más poderosos del actual gobierno federal al imprimirle un sello de activismo a una dependencia que, en su sentido original, era tan sólo un órgano técnico. Pero volviendo a la tesis central: Un punto de diferenciación entre lo público y lo privado, simple y sencillamente es difuso, por decir lo menos.
