La introducción al país de vehículos extranjeros de manera ilegal es un asunto que por muchas razones no se ha querido o no se ha podido darle una solución definitiva.
El Código Fiscal de la Federación contempla una serie de delitos, entre ellos, el contrabando, como es el caso de los “chocolatos” que no pagan impuestos, no tienen permiso de la autoridad competente para ser introducidos al país.
Derivada de esta situación, los gobiernos estatales se han visto en serios problemas para solucionarlo, y en cierta medida algo se ha hecho solo que a medias con los famosos hologramas y ahora con un padrón respaldado con una placa por motivos de seguridad, en lo cual estamos de acuerdo.
El gobernador José Rosas Aispuro es Doctor en Derecho Constitucional y por supuesto que conoce el status legal de los automóviles cuando no pagan derechos de importación: contrabando. Es decir, los vehículos que circulan en el estado de procedencia extranjera, con las actuales placas, hologramas y logos de algunas organizaciones sociales que “empadronan” dichos automóviles.
Todo es ilegal, y claro que es un delito, que es de competencia federal y no estatal ni municipal, por eso estos dos niveles de gobierno no tienen facultades para decomisar o recoger dichos vehículos. De hacerlo estarían invadiendo competencias federales que podrían ser motivo de controversias constitucionales, sin contar el derecho de los poseedores de los “chocolatos” a promover juicios de amparo en contra de actos de autoridad.
También tenemos que decirlo: detrás de esta actividad hay un negocio de miles de millones de pesos. Todos los días, por las aduanas, brechas y carreteras de nuestro país, se introducen cientos de carros, y sin impunidad y protección no sería posible.
Como consecuencia de esta situación, las entidades federativas son las que pagan los platos rotos, porque de un problema legal se convierte en político y social.
Por un lado, uno de los ejes de este tema es el control por motivos de seguridad de estos vehículos y el gobierno hace lo correcto para prevenir supuestos delitos en los que se ven envueltos los “chocolatos”. Pero está la otra cara de la moneda: de acuerdo a la ley aduanera, los funcionarios públicos no pueden autorizar la internación de vehículos o proporcionarles documentos o placas para su circulación cuando la importación se haya efectuado sin el permiso de las autoridades federales competentes.
El problema ya está en el país, hay que resolverlo, y terminar así con la ilegalidad de este asunto. Si mal no recordamos, en el pasado se han regularizado los “chocolatos” mediante decretos. En este momento se debe tomar en cuenta la iniciativa de los diputados de MORENA apoyados por el PRI para que se regularicen 18 millones de vehículos extranjeros, lo que significaría para los gobiernos federal, estatal y municipal 50 mil millones de pesos en impuestos.
Esta iniciativa está en la cámara de diputados desde el 20 de octubre de 2019.
Y para variar, los distribuidores de automóviles del país se oponen a esta medida. Para ellos, todas las mexicanas y mexicanos, pobres y ricos, debemos comprar carros nacionales. ¿Todas y todos tenemos ingresos para comprar vehículos nacionales?
