El 8 de marzo se conmemora en el mundo “el Día de la Mujer” como una oportunidad para evaluar y destacar las aportaciones de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública. En nuestro país la mujer figura prácticamente en todos los sectores de la vida: culturales, deportivos, académicos, científicos, sociales, económicos y políticos. Desafortunadamente esto no significa que las mujeres gocen de las mejores condiciones para desarrollar plenamente su potencial.
La violencia contra la mujer sigue incrementándose, hay cifras inaceptables, que reflejan la verdadera realidad a la que se enfrentan a diario. Según el INEGI, 44% de las mexicanas son víctimas de violencia por parte de su pareja; el 10% de las que tienen 15 años o más han sufrido abusos por parte de un integrante de su familia, sin considerar al esposo o la pareja. Pero lo más grave es que el nivel de violencia doméstica es amplio y profundo, el 66% ha sufrido alguna forma de violencia en algún momento de su vida.
La violencia extrema contra las mujeres no es menos preocupante, las muertes violentas no ceden, en enero de este año, según cifras oficiales, 10 mujeres murieron cada día en el país en homicidios dolosos y feminicidios. En materia laboral la brecha entre los salarios que reciben las mujeres en relación a la que reciben los hombres por un trabajo similar, sigue aumentando.
Ante esta realidad es de esperarse que en las políticas públicas del gobierno federal, los derechos de las mujeres sean prioridad y se vea reflejado en la Plan Nacional de Desarrollo. En entrevista Belén Sanz Luque, representante en México de “ONU Mujeres” (El Universal, viernes 8 de marzo 2019, pág. A12) señala que tanto los refugios para las víctimas de violencia y sus hijos, como las instancias infantiles se deben fortalecer. Es obligación del Estado Mexicano como firmante de tratados internacionales y por la legislación nacional, “garantizar el derecho de las mujeres a estar protegidas y a su seguridad”.
A pregunta de si considera adecuado la entrega directa de recursos a las familias en lugar de financiar a las instancias infantiles como lo está proponiendo el gobierno federal, señaló que el problema del cuidado no sólo es de acceso a recurso financiero, va más lejos, destacando la experta que “cualquier debilitamiento de las instituciones puede afectar la protección y garantía del cuidado de los niños y tener un efecto negativo en los derechos de las mujeres al acceso al mercado laboral, y podría incluso llevarlas a tener que renunciar a sus trabajos”.
La fragilidad de los organismos del Estado orientados al cuidado de las mujeres y sus hijos también es un riesgo en la protección y garantía del cuidado de las niñas y los niños, pero además puede tener un efecto negativo en los derechos de las mujeres.
Lo cierto es que en nuestro país los avances para las mujeres en materia social, jurídica, de prioridad en las políticas públicas y sobre todo de ejercicio pleno de sus derechos humanos, no están consolidados.
Si queremos avanzar hacia una sociedad igualitaria, con plenas libertades para todos los ciudadanos, con igualdad de oportunidades, debemos hacer todo lo que sea necesario para que más de la mitad de la población que representan las mujeres no sigan navegando acechadas por la violencia y con desventajas inaceptables para estos tiempos.
