Cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estaba en su tercera campaña presidencial, sabía que no podía perder, era su última oportunidad de llegar a Palacio Nacional.
Bajo esta premisa, el tabasqueño hizo pactos y acuerdos con cualquier persona, grupo y organización que le garantizara votos y el respeto a su triunfo; se dice en los corrillos políticos que tranzó inclusive con el mismísimo presidente Peña Nieto a cambio de impunidad.
En su desmedida ambición por ser presidente fue capaz de negociar con personajes de la calaña de José Manuel Mireles, Manuel Bartlett y Elba Esther Gordillo, los dos primeros flamantes miembros del gobierno federal. También hizo tratos con organizaciones plagadas de vividores de la manifestación y del chantaje, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Fue tan irresponsable que postuló a cargos de elección popular a verdaderos barbajanes como Cuauhtémoc Blanco y Gerardo Fernández Noroña, a ignorantes como... No alcanzaría el espacio para enlistarlos.
Y más, en su voraz intento de reelección no quiere enfrentarse con los grupos de delincuentes que se disfrazan de “pueblo bueno” para robar, bloquear calles y carreteras, cerrar la cámara de diputados y agredir sin el más mínimo empacho a la policía, al Ejército y a la Guardia Nacional. AMLO ha colocado su apetito de poder por encima del honor de los militares, a quienes manda a contener los saqueos sin armas y con la instrucción de no agredir a los delincuentes que roban, saquean y los agreden.
Lo lamentable del hecho es que ahora esas personas, grupos y organizaciones que tranzaron con el presidente, más el “pueblo bueno”, tienen secuestrado al país; violentan las normas jurídicas, consiguen que la ley se reforme para que preceptúe lo que a ellos les es conveniente, obtienen impunidad y un largo, pero muy largo etcétera, todo bajo la mirada impávida de un presidente que todo lo justifica con frases dicharacheras o con justificaciones mentecatas.
La postura del presidente de México ha generado que el Estado incumpla con el fin último de su creación, lograr el bien común, entendida la expresión como la prosperidad compartida entre todos los miembros de la organización estadual, pero bajo los pactos de marras, el bienestar y la prosperidad es solo para los cómplices del presidente López Obrador.
Una de las características del Estado –elemento lo llama la doctrina- es el poder, componente de orden inmaterial que está presente en todo tipo de relación interpersonal y de organización; hace referencia a cuando algo o alguien tiene superioridad porque es más fuerte o porque tiene autoridad. El Estado es más fuerte porque tiene autoridad legítima, por tanto, debe ser superior a todo y a todos.
El poder le sirve al Estado para persuadir y, en caso necesario, constreñir por medio de la fuerza pública la voluntad de las personas hacia ciertas formas de comportamiento, lo que garantiza la observancia del marco jurídico, instrumento que determina lo que es permitido y lo que está prohibido en la organización, todo ello con miras a una convivencia social armónica.
Infelizmente el poder público ha sido utilizado bajo el gobierno de la 4T con fines distintos del que señala la doctrina y la razón democrática: para echar abajo los negocios de los conservadores en perjuicio de la economía nacional o del bienestar de miles de personas, en lugar de usarlo para investigar y castigar a los corruptos y abusivos.
Así pues, ante la distorsión del gobierno de la 4T en el ejercicio del poder, la autoridad del Estado se ha hecho nula, lo que es aprovechado por los cómplices del presidente López Obrador para tener a México secuestrado.
