Como la canción: Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. No es la primera vez que el tema del matrimonio igualitario se intenta subir al pleno del Congreso del Estado para ser votado.
En unos días más será diferente: hoy, por una sentencia definitiva resuelta por un juez federal a favor de la comunidad LGBT, se obliga a las diputadas y diputados de la actual legislatura a votar en contra o a favor de quienes promovieron el juicio de amparo. De no hacerlo, pueden incurrir en desacato a una sentencia de la autoridad jurisdiccional y esto tendría consecuencias constitucionales en contra del Congreso del Estado.
En este contexto, la diputada local Susy Torrecillas se ha puesto por sus declaraciones en el ojo del huracán, o mejor dicho, en una especie de tsunami. Hay que agradecerle a la esposa de Homero Martínez, presidente municipal de Lerdo, por segunda vez consecutiva, su sinceridad cuando declaró a los medios de comunicación que votará en contra del matrimonio igualitario, por no considerar “natural” el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Ojalá que Susy Torrecillas no sea la vocera de las diputadas y diputados del Congreso del Estado, porque sería, parafraseando al clásico, la crónica de una votación anunciada en contra del matrimonio igualitario para reformar el Código Civil del Estado.
Pero hay otro refrán que dice: “Tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe”. Supongamos que para cumplir el mandato del juez federal, la actual legislatura lo lleve al pleno para ser votada, y supongamos también que lo votan en contra. Entonces le abren las puertas a Julieta Hernández Camargo y a su equipo, para promover otro juicio en contra del Congreso del Estado, así como la oportunidad de acudir a organismos como la CEDH o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que se interponga una acción de inconstitucionalidad por violación al artículo primero de la Constitución y tratados internacionales los que el Estado mexicano firmó y ratificó. Aparte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ser necesario, acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana.
Si el tema fuera una cuestión de moral religiosa, sin duda ya estaría resuelto, jamás habría en Durango matrimonio igualitario o reforma al Código Civil. Pero resulta que no es un tema de doble moral, se trata simplemente de derechos humanos establecidos en nuestra Constitución Federal. Si se vota en contra del matrimonio igualitario, que sin duda así sucederá, quienes están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución, son nuestros representantes populares. Si como personas no están de acuerdo, como diputadas y diputados no tienen derecho de violar la Constitución y derechos humanos de los grupos considerados vulnerables, como es el caso de la comunidad LGBT de la comunidad de Durango.
¿Y la sociedad estará polarizada por este asunto, como con la 4T y la alianza Va Por México? Ni lo dude. Para empezar, ya encarrerado el gato, somos una sociedad conservadora de muchos siglos, en un plebiscito ganaría el NO al matrimonio igualitario. Sólo hay un problema: Tenemos derecho a ser homofóbicos, pero no ir en contra de la libertad de los demás, de sus preferencias sexuales, de su libre desarrollo a la personalidad, y mucho menos de sus derechos humanos que forman parte de nuestra constitución. La Carta Magna no es sólo para los heterosexuales.
