Junto con inercias legislativas de más de cuarenta y cuatro años, vicios y reglas no escritas que en el pasado fueron generados por “influencias políticas”, se echaron al olvido con la nueva Ley del Notariado promulgada por el gobernador José Rosas Aispuro Torres, y que ubica a Durango a la vanguardia nacional en certidumbre jurídica, incluso delante de la norma federal que proyecta el Gobierno de la República que preside Andrés Manuel López Obrador.
Hubieron de pasar más de cuatro décadas, para que llegara un gobernador que supo interpretar la demanda de la sociedad, de los actuales fedatarios y de las nuevas generaciones que se aprestan a serlo, para darle un cariz de modernidad y orden público, pero sobre todo de interés social, al vigente marco jurídico publicado en el Periódico Oficial el 12 de abril de 2018, y que vino a sustituir al anterior rebasado desde que inició en 1974.
A casi un año de su promulgación, en los hechos, el ordenamiento ha tenido su prueba de fuego, al erradicar “costumbres arraigadas” en la práctica notarial, que no se incluía en la Ley abrogada, y que ahora obliga, por ejemplo, para la realización son un requisito obligado los exámenes de oposición para obtener la concesión de la fe pública, la rectificación de superficie y el arbitraje en materia notarial, entre otros.
Si bien es cierto que ahora la función de recibir, interpretar, asesorar, aconsejar, redactar, y dar forma legal a la voluntad de las personas, deberá ser más transparente y estar sujeta a mecanismos de fiscalización, también lo es que los profesionales del derecho investidos como notarios por una patente otorgada por el estado, están más protegidos al quedar menos expuestos a la comisión de irregularidades.
Asimismo, se cubre un vacío con la creación del Reglamento de esta Ley, que ya es una herramienta importante para los efectos del principio de mejora regulatoria. El notario ya no es definido como funcionario público, y se crea la figura del arbitraje y la mediación notarial, que proporciona formas de solución para dirimir controversias por la vía de la conciliación entre las partes.
Su contenido concuerda con el decálogo que anunció en campaña la secretaria de Gobernación, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, sobre lo que debe englobar toda Ley del Notariado, sintetizado en los siguientes puntos:
El notario no es un agente económico; la única forma de acceso al notariado será mediante exámenes rigurosos de oposición; incorporarán disposiciones tecnológicas e informáticas; será auxiliar de la administración de justicia en la atribución tributaria; mediador de conflictos en materia civil; reforzarán la función de los notarios como baluartes de la seguridad jurídica; se le reconocerán los atributos y derechos como incompatibles con cualquier relación de sumisión ante particulares o ante el mismo estado; brindará certeza jurídica al pueblo en las secciones de gobierno o desregularización territorial mediante escrituras públicas; promoverán la Ley de condiciones en todas las entidades federativas e implementarán la jornada notarial para otorgar beneficios fiscales, facilidades administrativas y regularizaciones en materia inmobiliaria.
Precisamente, gracias a la nueva Ley, Durango fue sede del 33 Congreso Nacional del Notariado Mexicano, al que asistieron más de mil fedatarios, que reconocieron el marco jurídico de avanzada, llevándose la intención de hacer lo mismo en sus respectivos estados.
En tal contexto, y en reconocimiento a la voluntad política del jurista Aispuro, y con el fin de socializar el precepto, el Colegio de Notarios en coordinación con la Secretaría General de Gobierno del Estado, traerán de la capital del país al presidente del Corporativo Jurídico “Esfera”, especialista en la materia, Arturo Rodríguez, a impartir evento académico sobre la Ley del Notariado y su Reglamento, donde abordará la perspectiva y actualización, en una especie de conversatorio con la intención de interactuar con los asistentes a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este próximo miércoles a las 12:30 horas.
El conferencista explicará los beneficios de contar con un cuerpo normativo que vigile la práctica notarial como institución, en concordancia con los principios éticos y jurídicos para cumplir con el objetivo dar certeza y legalidad a los actos y hechos jurídicos, y que ya colocan a Durango como ejemplo a seguir en el ámbito nacional.
Sin duda el Gobierno del Estado ha dado pasos serios y sólidos en beneficio de la sociedad, con el objetivo de que existan modernas y transparentes prácticas del notariado.
