“Las cosas no cambian; cambiamos nosotros”.- Henry David Thoreau
Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado ante la opinión pública su intención de eliminar algunos órganos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Desde hace tiempo, incluso antes de ocupar la primera magistratura, ha quedado claro que López Obrador no es muy partidario de este tipo de entes, aduciendo sobre todo razones presupuestales y de un gigantismo burocrático a su juicio innecesario. Asimismo, se refirió a otras agencias como la Comisión Reguladora de Energía, que no es un órgano autónomo sino uno dependiente de la Secretaría de Energía, enfatizando sobre todo lo superfluo de su configuración.
En diversas ocasiones, en este mismo espacio de El Sol de Durango, nos hemos referido a los organismos autónomos como una serie de instituciones cruciales para la democracia y los derechos fundamentales no sólo en México sino en diversos lugares a lo largo del mundo.
Surgidos en nuestro país a partir de la década de los años noventa, han ido aumentando en su número y han asumido atribuciones que con anterioridad le correspondían al Poder Ejecutivo, bajo las dimensiones de una nueva división de poderes que apunta al equilibrio del poder político y a una despresurización del enorme cúmulo de funciones que llegó a tener la figura presidencial sobre todo en la época del partido hegemónico-único.
Que cuestiones como la electoral, la monetaria o la defensa no jurisdiccional de los derechos humanos -coincidentes con las primeras materias de este tipo de organismos- hayan quedado en manos de entes autónomos fue de la mano con el proceso de transición a la democracia, al punto de volverse indispensables por lo capital de sus múltiples objetivos y vicisitudes.
Se puede compartir o no la visión genérica del presidente López Obrador en cuanto a desaparecer algunas de estas oficinas, pero lo cierto es que algunos de sus argumentos son válidos, sobre todo los que tienen que ver con la austeridad y el enorme gasto que pueden llegar a representar. Por lo que hace a lo óptimo (o no) de su funcionalidad, valdría la pena hacer una reflexión casuística para evaluarlos uno por uno.
Las agencias autónomas, a final de cuentas, son estratégicas y necesarias pero tampoco son la panacea. Todas las instituciones públicas, autónomas o no, requieren ser puestas a revisión cada determinado tiempo, a fin de observar si cumplen con los cometidos para los cuales fueron creados. Y desde luego, no debe haber un estigma político sino eminentemente objetivo en su discusión.
La vía para eliminar un órgano constitucional autónomo es la Constitución misma, a través del procedimiento establecido por su artículo 135. El partido gobernante cuenta con los diputados suficientes en la Cámara Baja pero no así con los senadores necesarios en la Cámara Alta, más lo que suceda en las legislaturas de las entidades federativas, por lo que habría que ver la operación política para conseguir el tránsito de la posible reforma.
Uno de los temas y problemas medulares a tener en cuenta es que no se puede poner medir con la misma vara al conjunto de entes autónomos, valga la expresión. Algunos de ellos bien pudieran llegar a someterse a una revisión profunda e incluso a su desaparición, mientras que otros son totalmente indispensables para la democracia mexicana. Pero incluso en aquellos que cumplan con esta condición, la evaluación es necesaria en cuanto al dinero que gastan, los emolumentos de sus titulares y su aparato burocrático.
Como se anuncia desde el título de este artículo, y con las salvedades ya comentadas, algunos órganos autónomos son necesarios pero igualmente lo es su valoración permanente. La ciudadanía demanda instituciones comprometidas con la democracia que simultáneamente sean no tan costosas, funcionales y operativas; es una ecuación complicada pero que tiene que darse, sin duda, en el terreno de la realidad.
El partido gobernante cuenta con los diputados suficientes en la Cámara Baja pero no así con los senadores necesarios en la Cámara Alta.
