/ lunes 1 de abril de 2019

Otra polémica iniciativa

En el Senado se aprobó el dictamen el cual contempla el que se juzgue al ejecutivo federal por hechos de corrupción, delitos electorales, delincuencia organizada y los incluidos en el Artículo 19. Lo planteado causó revuelo y por supuesto contradicciones a primera instancia con III votos a favor y 1 en contra, del senador independiente Emilio Álvarez Icaza, se logró la mayoría calificada requerida por ley.

Para aprobar la propuesta presidencial y ésta seguirá su proceso el cual consistirá en que se turnara a la Cámara de Diputados para que se analice y discuta y al final se vote; espero que en esta instancia efectivamente se lleve a cabo un profundo y serio debate sin sesgos ni apasionamientos políticos. Explico técnicamente: Si bien es cierto también en el dictamen aprobado incluye que los legisladores (senadores y diputados) sean incluidos en el catálogo de delitos contemplados como susceptibles de prisión preventiva oficiosa, al respecto hubo posicionamientos a favor de salvaguardar la presunción de inocencia, lo cual significa que las medidas cautelares que se les impongan hasta que no reciban condena o termine el periodo para el que fueron electos, evitando la privación, restricción de la libertad o la suspensión en el ejercicio del cargo.

Otro pronunciamiento y de la bancada del Movimiento Ciudadano (MC) es que tal catálogo de delitos graves también alcance a funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la nación, de la Fiscalía General de República y de órganos constitucionales autónomos, este criterio se basa en que en el combate a la corrupción sea para todos y con piso parejo en materia de legalidad.

Hasta aquí todo bien, pero el buen clima de entendimiento cambió radicalmente cuando el senador Samuel García, de MC, en tribuna y sin filtro, criticó ácidamente tal figura, argumentando que es un engaño y atropello al pueblo de México al cual se le miente con la falsa percepción que se eliminó el fuero cuando en la realidad será difícil, sino es que imposible, que se determine la destitución del presidente al requerir de una mayoría calificada para su procedimiento, esto significa un mínimo de 87 votos cuando Morena es mayoría,

Ahí la trampa y mortal, y si porque al final tal interesante y prometedora ley estará sujeta al criterio político cuando por su naturaleza debería ser de oficio.

Hasta aquí el romance, ya que después de tal tropezón otras corrientes más allá de criticar comentaron que en comisiones existen 9 iniciativas que contemplan una verdadera eliminación del fuero. Propicio comentar que AMLO no miente ni recula ya que en campaña prometió modificar los artículos 108 y 111 constitucionales, lo que establece que para proceder penalmente contra éste sólo se le acusará ante la Cámara de Senadores en los términos del Artículo 110.

Concluyo reiterando que se debe llevar a cabo en San Lázaro un profundo ejercicio técnico donde se favorezca el combate frontal a los citados delitos, ya determinados graves, y esto se dé dentro del marco de la división de poderes.

P.D. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda dio a conocer 36 denuncias ante la Fiscalía General relacionadas con la delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, corrupción política que abraza a Odebrecht, estafa maestra. De ser así, un buen comienzo en el combate a la corrupción, no obstante falta enfocar las baterías hacia arriba, como dice AMLO, las escaleras se barren de arriba hacia abajo, que no qué.

En el Senado se aprobó el dictamen el cual contempla el que se juzgue al ejecutivo federal por hechos de corrupción, delitos electorales, delincuencia organizada y los incluidos en el Artículo 19. Lo planteado causó revuelo y por supuesto contradicciones a primera instancia con III votos a favor y 1 en contra, del senador independiente Emilio Álvarez Icaza, se logró la mayoría calificada requerida por ley.

Para aprobar la propuesta presidencial y ésta seguirá su proceso el cual consistirá en que se turnara a la Cámara de Diputados para que se analice y discuta y al final se vote; espero que en esta instancia efectivamente se lleve a cabo un profundo y serio debate sin sesgos ni apasionamientos políticos. Explico técnicamente: Si bien es cierto también en el dictamen aprobado incluye que los legisladores (senadores y diputados) sean incluidos en el catálogo de delitos contemplados como susceptibles de prisión preventiva oficiosa, al respecto hubo posicionamientos a favor de salvaguardar la presunción de inocencia, lo cual significa que las medidas cautelares que se les impongan hasta que no reciban condena o termine el periodo para el que fueron electos, evitando la privación, restricción de la libertad o la suspensión en el ejercicio del cargo.

Otro pronunciamiento y de la bancada del Movimiento Ciudadano (MC) es que tal catálogo de delitos graves también alcance a funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la nación, de la Fiscalía General de República y de órganos constitucionales autónomos, este criterio se basa en que en el combate a la corrupción sea para todos y con piso parejo en materia de legalidad.

Hasta aquí todo bien, pero el buen clima de entendimiento cambió radicalmente cuando el senador Samuel García, de MC, en tribuna y sin filtro, criticó ácidamente tal figura, argumentando que es un engaño y atropello al pueblo de México al cual se le miente con la falsa percepción que se eliminó el fuero cuando en la realidad será difícil, sino es que imposible, que se determine la destitución del presidente al requerir de una mayoría calificada para su procedimiento, esto significa un mínimo de 87 votos cuando Morena es mayoría,

Ahí la trampa y mortal, y si porque al final tal interesante y prometedora ley estará sujeta al criterio político cuando por su naturaleza debería ser de oficio.

Hasta aquí el romance, ya que después de tal tropezón otras corrientes más allá de criticar comentaron que en comisiones existen 9 iniciativas que contemplan una verdadera eliminación del fuero. Propicio comentar que AMLO no miente ni recula ya que en campaña prometió modificar los artículos 108 y 111 constitucionales, lo que establece que para proceder penalmente contra éste sólo se le acusará ante la Cámara de Senadores en los términos del Artículo 110.

Concluyo reiterando que se debe llevar a cabo en San Lázaro un profundo ejercicio técnico donde se favorezca el combate frontal a los citados delitos, ya determinados graves, y esto se dé dentro del marco de la división de poderes.

P.D. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda dio a conocer 36 denuncias ante la Fiscalía General relacionadas con la delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, corrupción política que abraza a Odebrecht, estafa maestra. De ser así, un buen comienzo en el combate a la corrupción, no obstante falta enfocar las baterías hacia arriba, como dice AMLO, las escaleras se barren de arriba hacia abajo, que no qué.

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