/ jueves 31 de enero de 2019

Percepción de la corrupción: ¿Peor, imposible?

“Todo lo que nace proviene necesariamente de una causa, pues sin causa nada puede tener origen”.- Platón

Acaba de ser lanzada la edición más reciente del Índice de Percepción de la Corrupción que publica año con año Transparencia Internacional, importante organización de la sociedad civil internacional que se define a sí misma como la coalición global en contra de la corrupción.

En esta ocasión mide los resultados que los 180 países evaluados obtuvieron en 2018, y dentro de las notas sobresalientes que figuran en primera plana, reconoce los esfuerzos de Estonia, Costa de Marfil, Senegal y Guyana (“improvers”) para combatir de forma eficaz este mal colectivo, al mismo tiempo que llama la atención sobre naciones que van a la baja en estos terrenos, tales como Australia, Chile, Malta, Turquía y, como era de esperarse, México (“decliners”). Enseguida regresaremos con nuestro triste caso.

Los países mejor calificados son, en ese orden, Dinamarca (con una nota de 88/100), Nueva Zelanda (87/100), Finlandia (85/100), Singapur (85/100), Suecia (85/100) y Suiza (85/100), destacando como siempre las socialdemocracias escandinavas en cuanto auténtico modelo a seguir en materia anticorrupción. Hasta el fondo del listado se localizan Corea del Norte (14/100), Yemen (14/100), Sudán del Sur (13/100), Siria (13/100) y Somalia (10/100), destacando por igual Venezuela (18/100).

¿Y México? Nada de que alegrarse sino todo lo contrario. Nos ubicamos en un lastimoso lugar 138 de las 180 naciones examinadas, con un puntaje de 28/100, el cual ha ido descendiendo de forma anual, pues en 2017 fue de 29/100, en 2016 fue de 30/100 y en 2015 fue de 31/100. Este sitio en el ranking nos hizo descender tres posiciones en relación con la anterior medición, y dicho descenso ha sido igualmente una constante cuando se analiza el desarrollo histórico de las distintas ediciones del Índice desde que fue publicado por vez primera hace más de dos décadas.

En efecto, en la evaluación de 2017 se tenía el lugar 135, en 2016 fue el 123, en 2015 fue el 111, en 2014 fue el 103, en 2013 fue el 106 y en 2012, al inicio de la administración peñista, fue el 105. Si vamos más para atrás, obtendremos que en 2005 México estaba en el lugar 65; en el 2000 estaba en el lugar 59, y en 1995, cuando se difundió por vez primera el instrumento, estaba en el lugar 32 de 41 (los países medidos han variado en número).

Como puede observarse, la trunca transición a la democracia trajo consigo un escepticismo total de los mexicanos en el tópico anticorrupción, el cual se hace cada vez más patente con el transcurrir del tiempo. En este sentido, dicho desencanto con las formas institucionales de combate a este cáncer público han sido, sin duda alguna, una de las causas de lo que algunos han llamado un Estado fallido, muy lejos de la consolidación democrática que requiere una pulcritud gubernamental alejada de la opacidad imperante.

A nivel de América Latina -y se puede incluir a Estados Unidos y Canadá si se quiere ir más allá-, como es dable inferir, estamos prácticamente en el sótano, pues únicamente superamos a Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela, lo que nos convierte en el quinto país más corrupto del continente.

En otro nivel de indagación comparativa, cabe mencionar que países con prácticas anticorrupción sumamente cuestionables están por encima de nosotros, tales como Irán, Guinea, Birmania -donde se sigue desarrollando una guerra civil sin cuartel con actos de exterminio a todas luces genocidas-, Honduras, Sierra Leona, Zambia, El Salvador, Mongolia o Trinidad de Tobago, por comentar algunos ejemplos.

El expresidente Enrique Peña Nieto, ciertamente, contribuyó y mucho a generar una todavía peor percepción de la corrupción en México. En el imaginario colectivo quedarán escándalos como el de la Casa Blanca que, incluso a nivel internacional, deterioró aún más el vapuleado rostro de las instituciones mexicanas cuando de pelear contra esta pandemia se trata.

El todavía incipiente gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces, deberá trabajar de forma ardua en la que fue quizá la principal oferta de su campaña: la lucha frontal contra la corrupción. Derivado de ello, las mediciones del Índice tendrían que ubicar a México en escalones mucho más altos en los años por venir, si es que efectivamente se llevan a cabo todas las acciones que AMLO y su equipo han modelado para fortalecer los mecanismos de transparencia, ética pública y rendición de cuentas que puedan revertir este lamentable estado de cosas.

Este índice, como es bien sabido, diagnostica la percepción de la ciudadanía sobre las prácticas anticorrupción y no tanto los hechos tangibles o las normas jurídicas y políticas públicas, pero esa es precisamente su principal fortaleza, pues implica una narrativa de primera mano sobre el sentir ciudadano en torno a la institucionalidad. Al decir de Transparencia Internacional, la corrupción debilita a la democracia; si estamos de acuerdo con ello, hay mucho por hacer.

“Todo lo que nace proviene necesariamente de una causa, pues sin causa nada puede tener origen”.- Platón

Acaba de ser lanzada la edición más reciente del Índice de Percepción de la Corrupción que publica año con año Transparencia Internacional, importante organización de la sociedad civil internacional que se define a sí misma como la coalición global en contra de la corrupción.

En esta ocasión mide los resultados que los 180 países evaluados obtuvieron en 2018, y dentro de las notas sobresalientes que figuran en primera plana, reconoce los esfuerzos de Estonia, Costa de Marfil, Senegal y Guyana (“improvers”) para combatir de forma eficaz este mal colectivo, al mismo tiempo que llama la atención sobre naciones que van a la baja en estos terrenos, tales como Australia, Chile, Malta, Turquía y, como era de esperarse, México (“decliners”). Enseguida regresaremos con nuestro triste caso.

Los países mejor calificados son, en ese orden, Dinamarca (con una nota de 88/100), Nueva Zelanda (87/100), Finlandia (85/100), Singapur (85/100), Suecia (85/100) y Suiza (85/100), destacando como siempre las socialdemocracias escandinavas en cuanto auténtico modelo a seguir en materia anticorrupción. Hasta el fondo del listado se localizan Corea del Norte (14/100), Yemen (14/100), Sudán del Sur (13/100), Siria (13/100) y Somalia (10/100), destacando por igual Venezuela (18/100).

¿Y México? Nada de que alegrarse sino todo lo contrario. Nos ubicamos en un lastimoso lugar 138 de las 180 naciones examinadas, con un puntaje de 28/100, el cual ha ido descendiendo de forma anual, pues en 2017 fue de 29/100, en 2016 fue de 30/100 y en 2015 fue de 31/100. Este sitio en el ranking nos hizo descender tres posiciones en relación con la anterior medición, y dicho descenso ha sido igualmente una constante cuando se analiza el desarrollo histórico de las distintas ediciones del Índice desde que fue publicado por vez primera hace más de dos décadas.

En efecto, en la evaluación de 2017 se tenía el lugar 135, en 2016 fue el 123, en 2015 fue el 111, en 2014 fue el 103, en 2013 fue el 106 y en 2012, al inicio de la administración peñista, fue el 105. Si vamos más para atrás, obtendremos que en 2005 México estaba en el lugar 65; en el 2000 estaba en el lugar 59, y en 1995, cuando se difundió por vez primera el instrumento, estaba en el lugar 32 de 41 (los países medidos han variado en número).

Como puede observarse, la trunca transición a la democracia trajo consigo un escepticismo total de los mexicanos en el tópico anticorrupción, el cual se hace cada vez más patente con el transcurrir del tiempo. En este sentido, dicho desencanto con las formas institucionales de combate a este cáncer público han sido, sin duda alguna, una de las causas de lo que algunos han llamado un Estado fallido, muy lejos de la consolidación democrática que requiere una pulcritud gubernamental alejada de la opacidad imperante.

A nivel de América Latina -y se puede incluir a Estados Unidos y Canadá si se quiere ir más allá-, como es dable inferir, estamos prácticamente en el sótano, pues únicamente superamos a Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela, lo que nos convierte en el quinto país más corrupto del continente.

En otro nivel de indagación comparativa, cabe mencionar que países con prácticas anticorrupción sumamente cuestionables están por encima de nosotros, tales como Irán, Guinea, Birmania -donde se sigue desarrollando una guerra civil sin cuartel con actos de exterminio a todas luces genocidas-, Honduras, Sierra Leona, Zambia, El Salvador, Mongolia o Trinidad de Tobago, por comentar algunos ejemplos.

El expresidente Enrique Peña Nieto, ciertamente, contribuyó y mucho a generar una todavía peor percepción de la corrupción en México. En el imaginario colectivo quedarán escándalos como el de la Casa Blanca que, incluso a nivel internacional, deterioró aún más el vapuleado rostro de las instituciones mexicanas cuando de pelear contra esta pandemia se trata.

El todavía incipiente gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces, deberá trabajar de forma ardua en la que fue quizá la principal oferta de su campaña: la lucha frontal contra la corrupción. Derivado de ello, las mediciones del Índice tendrían que ubicar a México en escalones mucho más altos en los años por venir, si es que efectivamente se llevan a cabo todas las acciones que AMLO y su equipo han modelado para fortalecer los mecanismos de transparencia, ética pública y rendición de cuentas que puedan revertir este lamentable estado de cosas.

Este índice, como es bien sabido, diagnostica la percepción de la ciudadanía sobre las prácticas anticorrupción y no tanto los hechos tangibles o las normas jurídicas y políticas públicas, pero esa es precisamente su principal fortaleza, pues implica una narrativa de primera mano sobre el sentir ciudadano en torno a la institucionalidad. Al decir de Transparencia Internacional, la corrupción debilita a la democracia; si estamos de acuerdo con ello, hay mucho por hacer.