El regreso a los planteles educativos ha sido objeto de politización, contaminándose velozmente por el clima imperante de polarización social, lo cual ha hecho que los derechos de los niños pasen a segundo término, para darle prioridad a los cárteles de la comodidad y conveniencia.
En estos momentos la UNICEF y la UNESCO, enfatizan en la urgencia de un retorno a las clases presenciales, previendo el bienestar de los alumnos, bajo el sustento de los antecedentes aportados por estudios que denuncian la dimensión de las afectaciones a los educandos, que han sido lesionados física y mentalmente por el exceso de confinamiento y clausura de las escuelas.
A lo anterior se agrega otro factor no menor, que condiciona la vida de la niñez de nuestro país: La violencia. En el primer semestre de 2021 según el INEGI, la violencia en el hogar se incrementó en 24 por ciento respecto del mismo período del año anterior; entre la población directamente afectada, son las niñas y adolescentes el sector más violentado, pues en ellas se concentra 93 por ciento de los casos de maltrato en el hogar.
Pero las cosas no paran ahí, dado que la Secretaría de Salud, también hace un aporte de la dimensión sicoemocional de los infantes, donde los suicidios en el período del confinamiento, han aumentado un 12 por ciento en niños y adolescentes.
Pese a todo lo anterior a rajatabla no se podría priorizar el derecho a la educación sobre la salud ni viceversa, sino que se debe encontrar entre ambos un sano equilibrio, que venga a fortalecer la razón contundente que asiste a las autoridades de instrumentar el regreso a clases, bajo los motivos arriba expuestos, donde no previeron fisuras, que permitieron inmediatamente la infiltración de los mercenarios que no están dispuestos a colaborar, pero si a bloquear, para obtener plazas bajo la consigna vil del chantaje.
En el ámbito local el debate sobre el reto de regresar a clases, en el discurso se profundiza en la seguridad de los alumnos. De ahí que los docentes y padres de familia se resistan a dar el primer paso y a dejar de lado la red de protección que tarde o temprano debe romperse, porque va a llegar el momento que ésta sea más dañina, que el mismo mal del que nos protege.
El plazo se cumple hoy y el debate apenas comienza, ya que unos se empecinan en argumentar que no es el momento y otros que no hay condiciones. En fin, todos opinan para aportar sus miedos y otros para llevar agua a su molino, pero nadie es capaz de hacer una propuesta que supere la escasez de miras, que por sí mismas bagatelizan su contenido y que orillan al riesgo de anular las potencialidades de aquellos que sí están dispuestos a dar los primeros pasos en ese terreno que nadie mandó accidentar.
De acuerdo con las circunstancias que estamos viviendo y las ambigüedades que nos está tocando observar, podríamos asegurar que la audacia ventajista de algunos docentes, podría definir desde el interés de su comodidad, la forma de llevar a cabo las actividades escolares, donde el educando no sea el punto central a favorecer, sino el de sus intereses personales.
De ahí la idea, de optar por la comodidad de la educación en línea, donde ha imperado el silencio en torno a los mecanismos para evaluar los conocimientos y aptitudes de una generación entera, que pasó más de un año y medio recibiendo clases a distancia y cuyos resultados son por ahora una incógnita.
No se trata de discriminar ni descalificar un sistema de enseñanza emergente, pero está claro que para seguir haciendo uso de él, se requiere un diagnóstico profundo y transparente, para saber a fondo qué se logró y qué no, con las clases virtuales.
Los maestros por un lado expresan estar dispuestos a regresar a las aulas, pero por otro aducen una serie de argumentos que contradice dicha disposición. De ahí que mientras no le den el golpe al miedo y a los intereses mezquinos, implicará que el regreso a las escuelas correrá el riesgo de ser desordenado y exagere dolosamente los factores de peligro asociados a la pandemia.
