Al elaborar esta colaboración, tuve mis dudas, ya que son demasiados los acontecimientos que han suscitado recientemente y que no tienen desperdicio en la polémica nacional, dado el punto de vista particular de los que la generan, tendiente a descalificar o aprobar, según del lado donde se ubiquen los intereses y conveniencias de los actores.
Una vez sopesada la situación y haberme convencido de que dichos temas están sumamente publicitados, lo que da margen para que los asuntos locales se desdibujen, pese la gravedad que padecen en el orden de la rendición de cuentas y donde los causantes son muy dados a escabullirse y los medios muy cautos y piadosos en torno a su investidura.
Por eso, en medio de todo ese escándalo mediático y avasallador, opté por abordar un tema que a nivel local no debe pasar desapercibido, ya que concierne al rechazo que el Congreso del Estado, impuso al IEPC por observar la exageración de sus gastos, cuyo tenor coincide con una denuncia que hizo circular en las Redes Sociales el licenciado Antonio Rodríguez Sosa, el 16 de octubre del año que corre y cuyo motivo de rescatarlo obedece a lo siguiente:
En dicho manifiesto me llamó la atención el estratosférico monto millonario que se aplica únicamente a los elevadísimos salarios que perciben los consejeros o funcionarios de primera línea, sin contar desde luego los gastos que una infraestructura de ese nivel debe generar, ya que deben ir a la par con la categoría de sus altezas serenísimas, a quien el autor de dicha información tilda de “bribones”.
De ser verdad lo que el abogado publica, sin lugar a dudas, que el exceso de las sumas que se les asigna, contraviene al mandato federal de austeridad, donde ningún funcionario debe ganar más que el presidente de la República y ellos lo rebasan, dado que su sueldo mensual neto es de 120 mil pesos, mas una compensación de 234 mil pesos; más otra compensación extraordinaria de 168 mil pesos. En dichos conceptos no especifica cada cuándo se les otorgan.
Pero al asunto de estas bondades se le agregan un aguinaldo de 225 mil pesos; más 48 mil pesos de prima vacacional; más la auto asignación de una tarjeta de regalo por 45 mil pesos, quedando sin reportar el ajuste de calendario.
Con estos datos, atrás quedó aquella “joya de la corona” que fue un IEPC, creíble, admirado, respetado y obviamente incuestionable en las cuentas que rendía. Atrás quedó el ejemplo de pulcritud que representaba en sus manejos internos; atrás quedó la sensación de que el llamado a la honestidad y a la austeridad de la 4ª. Transformación, no ha servido en el IEPC para evitar los abusos, sino para exacerbarlos.
Y la angustia compartida ante la certidumbre de que la vida pública en Durango se ha corrompido -sin distinciones ni matices- entre partidos y autoridades electorales. La desilusión colectiva ante el abandono de la honestidad a cambio del desprestigio que genera la ambición monetaria. Ante la prevalencia de la cercanía, la amistad y la lealtad políticas en el nombramiento de funcionarios públicos.
Ante el franco rechazo de los gobiernos a la apertura de toda la información relevante que la creación del IEPC motivó. Ante la opacidad que persiste en la fiscalización del dinero público federal, estatal o municipal. Se descubrió por primera vez la repartición del botín, bajo un rechazo tibio del congreso, donde hasta ahorita se observa sin consecuencias, Sin efectos. Sin sanciones. He ahí la podredumbre detectada para constatarlo. Los altísimos salarios para evidenciarlo. Los aguinaldos, compensaciones y primas vacacionales para subrayarlo.
La regla de austeridad a nadie preocupa y ahí prevalece todo sin disminuir lo que debiera. La desigualdad salarial sigue sin ajustarse como podría. De repente cobramos conciencia de que los excesos en este caso no han tenido inicio de corrección. De ahí que se deduzca que el IEPC goza de un presupuesto exorbitante, donde los directivos no tienen la obligación de limitar sus expectativas salariales, hasta hoy conocidas por el escándalo de su tamaño.
Sin duda que los flamantes consejeros electorales, con semejantes salarios y prestaciones, han armado tremendo escándalo, jamás visto en la trayectoria imputable de los 25 años de existencia de la institución, que a decir verdad ha extrañado al Congreso y trascendido a la opinión pública, donde el más apático carece de capacidad para asimilar tal cosa, pero sí reúne la suficiente para envidiarla.
Ante tales circunstancias estos depredadores de cuello blanco, deben estar festejando la omisión de que han sido objeto durante todos los años pasados, ya que dichas prerrogativas no son de ahora. De ahí que la pasión y enamoramiento de dichas consejerías, que pese a lo que se ha ventilado, el consejero presidente crea que continuará y el segundo no sabe qué hacer, para no perder el apetito y seguir asediando las delicias del pastel.
Al margen de lo que los señores piensen o crean, el debate entre la ciudadanía es cada vez más candente y el silencio de ellos cada vez más controversial. Hay quienes aplauden su capacidad por haber guardado con tanta discreción sus percepciones; pero hay quienes creen que esas precauciones son irrelevantes. Sin embargo, hay quienes aplauden las observaciones del Congreso, pero que dicha parafernalia no trascenderá más allá.
Desafortunadamente la ciudadanía no ha logrado todavía diseñar una agenda capaz de sacudir a la clase política. Hay una larga lista de heroísmos locales e individuales; de aquellos que han alzado la voz en distintos momentos frente a los abusos de los exgobernadores anteriores al actual, donde sin temor alguno, han expresado su indignación y hartazgo.
Ante los abusos de los funcionarios y el deterioro de las instituciones a que conllevan, ha habido un amplio movimiento en contra de dichas conductas. Ha habido un gran cúmulo de voces que exigen más de lo que los involucrados pueden explicar y no están dispuestos a conformarse. Pero hasta ahorita nada ha sido suficiente.
Pese a eso la ruta del deterioro no ha disminuido y en el caso del IEPC que esta vez nos ocupa, no creo que los aludidos por los excesos de sus montos salariales, quieran abandonar el puesto y menos ante las facilidades que se les han dado para que lo ejerzan con toda impunidad. De ahí que la institución que representan sea factor de desprestigio que no fácil superará, si la siguen dirigiendo los mismos.
Habrá que ver si los concejeros del IEPC dejan por voluntad propia el equipo; habrá que ver si se comportan a la altura de la 4ª Transformación. Porque se encuentran en una situación paradójica: Ante aquello que puedan corregir, pero moralmente no puedan permanecer por la desconfianza y el desprestigio mediático que se han ganado a pulso.
