“Habla claramente; talla cada palabra antes de dejarla caer”.- Oliver Wendell Holmes
En días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó de manera directa a cuatro nuevos comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), uno de los órganos reguladores con que cuenta el Estado mexicano para, precisamente, regular un sector fundamental no sólo para la economía sino para el patrimonio público de nuestro país, como es la energía.
Y al decir que la designación fue directa, no se trata de un juego de palabras, pues efectivamente así aconteció: Tras un rechazo técnico -que en realidad, más que un rechazo, fue una no consecución de la mayoría calificada exigida por la normatividad- por parte del Senado de las ternas que propuso AMLO en primera instancia, siguiendo el desahogo del mecanismo respectivo el titular del Poder Ejecutivo federal hizo la designación por su cuenta.
Llama la atención que no se dio un acuerdo político suficiente para que la Cámara alta ungiera a alguna persona de las propuestas por López Obrador. El mecanismo para designar a los comisionados de la CRE es prácticamente igual al que se prevé por el artículo 96 de la Constitución Federal entratándose de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal suerte que el primer mandatario envía una terna para que de sus tres integrantes el Senado de la República elija al nuevo titular con por lo menos dos terceras partes de los senadores presentes; si no se logra esa mayoría calificada, el presidente envía una nueva terna, y si otra vez no se consigue ese tipo de mayoría, entonces se da una designación directa.
Justo eso fue lo que sucedió: La no consecución de la mayoría calificada en dos ocasiones propició que el presidente, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, hiciera el nombramiento correspondiente. No haberlo efectuado hubiese significado un incumplimiento de la propia normativa, por lo que en realidad el presidente no es el responsable sino el equipo de operadores políticos de su partido político, Morena, en la falta de acuerdos. Esto es también indicativo de que, a pesar del colosal apoyo al proyecto político de AMLO en las pasadas elecciones federales, el avasallamiento liso y llano tampoco es posible.
Se podrá criticar el perfil de los integrantes de las ternas, así como de las personas que finalmente fungirán como nuevos comisionados, además del hecho de que el tabasqueño prácticamente envió las mismas propuestas dos veces al Senado -de hecho, este último aspecto es el que pudiera hacer tambalear todo el procedimiento cuando sea revisado en instancias judiciales, pues la interpretación de lo que una nueva terna es queda en entredicho-.
Sin embargo, la unción de los ya comisionados Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos Aragón, José Alberto Celestinos Isaac y Guadalupe Escalante Benítez no se le puede “achacar”, con todo y que las teorías de la conspiración hablen de una imposición disfrazada en cuanto tal. Si el problema es de diseño institucional, entonces es propicio discutir mejoras a éste y otros mecanismos.
Lo anterior hay que enfatizarlo: desde hace algún tiempo, particularmente desde la génesis de la incipiente democracia de nuestro país -misma que se encuentra en estado de recesión con rumbo a una auténtica transición y posterior consolidación-, urge cambiar el estado de cosas por lo que hace al nombramiento de los titulares de algunas de las entidades públicas más relevantes de la República.
No sólo sigue operando un nefasto sistema de cuotas partidistas que erosiona la meritocracia sino que además las piezas angulares pueden tener fallas de origen como las que estamos comentando en esta ocasión.
Este caso en particular muestra y demuestra la necesidad de potenciar las relaciones entre las ramas del poder público en México. La designación directa de nuevas autoridades por parte del presidente de la República, como consecuencia de la falta de acuerdos en el Senado, debe ser la última de las alternativas en un escenario de división de poderes plena.
Tiene razón AMLO cuando afirma que este asunto constata la independencia de poderes; sin embargo, lo que debemos evaluar y diagnosticar es a qué costo se presenta en términos de deliberación pública robusta y de un debate abierto, sostenido y franco. La cuarta transformación que propugna el presidente debe incentivar este tipo de aspectos para fomentar la democracia.
Las relaciones interorgánicas son fundamentales para la institucionalidad en cualquier democracia desarrollada que se precie de serlo. La división de poderes es colaboración, coordinación, equilibrio y coadyuvancia, pero además es diálogo y discusión con la razón por delante, apelando como diría el iusfilósofo Luis Recaséns Siches, a una lógica de lo razonable.
