Dicho título obedece al anuncio que hiciera el gobernador el día 27 de noviembre del presente año, donde declara que enviará una iniciativa al Congreso del Estado, para que en un futuro inmediato, los funcionarios de todos los niveles, por disposición legal, ninguno perciba un salario mayor al de él.
Aunque el planteamiento suena muy generalizado y no marca un porcentaje específico, que diga en qué proporción se disminuirán dichos salarios en torno al que percibe el señor gobernador. De ahí que se preste a pensar que los beneficiarios de esos sueldos mayores, puedan solicitar que se los iguale con el del Ejecutivo y así se solucionar “el exceso de ganar más que su jefe”.
Interesante sería que el gobernador radicalizara esta medida y que en aras de la escasez de recursos, fuera ejemplo de austeridad y por ende declarara diez salarios mínimos para los funcionarios, apegado a aquellos que dicen tener “vocación de servicio” y así se vería realmente, quienes le entrarían a ayudarle a seguir conduciendo ese barco, que se mueve entre la turbulencia de las aguas sucias, que revuelven las exigencias absurdas de los líderes pillos y los buenos modales de la casta dorada, que bajita la mano exige sus privilegios.
Pese a esos escollos, el mensaje tiene que ir haciendo eco en la medida que todos nos pongamos a tono con las disposiciones federales, ya que esto implica “hacer más con menos”, dada la política de austeridad que empieza a operar en todo el territorio nacional. De ahí que el Ejecutivo estatal, no pedirá un esfuerzo que no conozca y que él no haya padecido en el haber de su propia persona.
Nadie duda que es imperativo repensar la forma en la cual el gobierno recaude dinero y cómo y en qué gastarlo. Se ha vuelto urgente hacerlo y vigilarlo, sobre todo ante la austeridad republicana y la obligada y verdadera rendición de cuentas, que vengan a erradicar la simulación. El fin de la bonanza y la discrecionalidad augura el principio de los cambios urgentes.
Durante décadas, el presupuesto federal había financiado todos los problemas económicos de la administración estatal y por ende el déficit de sus clientelas, sin verse nadie obligado a fomentar el crecimiento económico o la competitividad, dado que todo estaba programado para conducirse a fondo perdido.
La dependencia tan acendrada y descarada, desvirtuó el sistema económico y político del estado, al corromper las instituciones, a reforzar clientelas, financiar gastos superfluos y producir gobernantes que nunca se vieron obligados a depender de sus propios recursos. Por ello, no tenían que rendir cuentas; podían gastar sin transparentar, podían gastar sin justificar, podían gastar sin proveer explicaciones al respecto.
Ahora que el gobierno del estado, comienza a sentir los estertores de la falta de recursos, busca desesperadamente cómo encontrarlos, y por ello hurga en implementar la reducción de salarios a los funcionarios. De ahí que esto pueda ser el pretexto y la justificación al mismo tiempo, para el alza de los impuestos; de ahí el incremento a las tarifas, de ahí el jalón al cinturón de todos los duranguenses, que ojalá el de la casta dorada sea en serio y que recorran el doble de puntos a los que nos corresponden a los de abajo.
Por lo pronto dicha medida dista de ser suficiente y nos queda claro que no sea la única opción, a la que se pueda recurrir para tal fin. En la última década hemos presenciado un crecimiento desbordado en las nóminas del gobierno, auspiciado por las exigencias electorales y por las mismas razones: Las condonaciones de penas a gobernadores dispendiosos y a líderes sindicales corruptos y a empresarios públicos y privados cada vez más ineficientes, así como pensiones cada vez más onerosas.
Y ahí está el barril sin fondo llamado Dirección de Pensiones, cuya institución a cada rato pone al gobierno de cabeza, ya que los fondos nunca son suficientes, pese a las altas cotizaciones que aportan los afiliados, muy significativas y por encima de aquellas que forman el escandaloso patrimonio de algunos exfuncionarios, cuya pensión rebasa los 110 mil pesos y dicho ejemplo pertenece a un exfuncionario que fuera secretario general de Gobierno en el sexenio antepasado, y donde no se quedan muy atrás, otras del mismo perfil, que obviamente no se las ganaron, sino se las agandallaron.
Por eso, pese a las cuotas y al monto millonario que el Gobierno del Estado destina para solventar ese rubro, no da abasto, porque cada mes recibe una avalancha de jubilados superior al presupuesto destinado para tal fin.
Pensiones ya tiene más jubilados que activos que aportan y aunque las partidas pensionarias se han visto en aprietos, la nómina gubernamental sigue embarazada y pariendo jubilados todos los días, pero eso, para nada preocupa los privilegios de los pensionados de élite burocrático y sindical.
Pero sigamos con el asunto de la reducción del salario a los funcionarios, donde el Ejecutivo demanda más de ellos, pero no ha construido la legitimidad necesaria para actuar así. Porque no bastaría con reducir algunos sueldos o disminuir algunos gastos de representación.
La austeridad tendría que empezar por las dependencias donde las evidencias son escandalosas. Es ahí donde deben tomar decisiones como frenar los altos salarios de aquellos niños bien que manejan los programas federales en la SEED apoyados por toda una gama de ayudantes que sólo engrosan la nómina.
La austeridad tiene que empezar, pero debe extenderse y de forma enérgica suspender obras no prioritarias. Es ahí donde debe frenar la construcción del puente vehicular en el bulevar Francisco Villa y canalizar los recursos a salud y educación. De igual manera reducir las prestaciones y eliminar los bonos y cancelar los gastos crecientes en la promoción personal y tantos gastos más.
Quizás el ahorro de dichos rubros no contribuya de forma fundamental a cubrir el apuro financiero, pero mucho ayudaría y además significaría un cambio de actitud muy importante.
En fin, el Ejecutivo del Estado propone que nadie gane más que él, pero no aplica de manera paralela y radical una política drástica de austeridad. Propone enviar al Congreso la iniciativa para regular dicha cuestión salarial, pero no implica el compromiso a que se reduzca de forma significativa el gasto; como tampoco dice a dónde irán esos recursos.
Para finalizar con mis alucines, importante sería que se controle lo que tanto daña el presupuesto y es el nepotismo. Ahí habría que amarrar las manos a todos los funcionarios, porque la mayoría no tiene llenadera al excederse en ocupar los espacios con puros familiares. Lo mismo, no sería ofensivo recomendar a los presidentes municipales que le paren al hedonismo y a la ambición barata de enriquecerse a manos llenas al amparo del financiamiento público.
