Nosotros creíamos que era el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Movilidad y Transporte, al mando de su director Jorge Campos Murillo. Con la pena, estamos equivocados, quien lo hace es una empresa conocida como Taxify, la que por cierto cambió de razón social y ahora se llama Bolt.
La demanda de usuarios de esta compañía ha sido muy exitosa, cualquier persona con un teléfono inteligente puede tener la aplicación, que resulta muy cómoda y segura, por eso en poco tiempo creció el número de usuarios. Hasta aquí todo estaba muy bien. Pero a raíz de que dicha empresa cambió su política de prestación de servicio, ahora crece la inconformidad de los usuarios y de los taxistas.
De acuerdo a fuentes de ese gremio, dicha empresa un día les informó que tenían que pagar de sus ingresos el 15%, distribuido de la siguiente manera: el taxista tiene que aportar el 5% y el usuario el 10% para hacer el total de 15%. Ante esta situación, los trabajadores del volante se rebelaron, porque consideraban que al decirle al usuario que se le cobraría un 10% más adicional, iba a manifestar su inconformidad.
Se calcula que 500 taxistas utilizan los servicios de esta empresa con la condición y la obligación de aportar el famoso 15%. Pero hay algo sumamente grave en este tema, de acuerdo a la normatividad, el aparato llamado taxímetro es lo que autoriza la autoridad competente para que lo que marque sea lo que se cobre por el servicio. Ahora, esta prestadora de servicios dio la orden de que no se cobre con dicho aparato, sino que se haga a través del teléfono celular que ellos desde sus oficinas controlan y checan.
La pregunta que se hacen los usuarios es la siguiente: ¿Quién autorizó a esta compañía para cobrar con un aparato celular y no con el taxímetro?, ¿acaso fue la Subsecretaría de Movilidad y Transporte?, ¿quiénes están detrás de este negocio?
Hagamos unas cuentas muy conservadoras: De cada mil pesos, el taxista le reporta a la empresa $150, si multiplicamos 150 por 500 nos da una cantidad de 75 mil pesos, haga usted las cuentas sobre cuánto le aportan al mes a la empresa los taxistas. A este negocio no son ajenos los líderes de este gremio que han hecho del transporte público su patrimonio y algunos se han hecho millonarios. Usualmente, cuando se aumentan las tarifas del transporte público lo hacen los sindicatos y el Gobierno del Estado.
En ocasiones los estudiantes son tomados en cuenta para que se les dé una tarifa especial, pero la sociedad civil nunca ha estado representada. Los ciudadanos tenemos derecho a exigir de la autoridad competente una explicación, que se nos diga si esta empresa tiene facultades para sustituir los taxímetros por un teléfono celular.
Otro dato que los ciudadanos tienen que conocer: Si usted como usuario se inconforma y reclama la manera en que se le cobra, inmediatamente el taxista lo reporta a la empresa, se le bloquea y no podrá usar en el futuro jamás este servicio. Es el gobierno quien da y quita estas concesiones.
Cualquier violación a la norma puede ser motivo de cancelación. Las concesiones que otorga el gobierno no son propiedad o patrimonio de nadie y mucho menos de algunos líderes sindicales. ¿Hasta cuándo la autoridad pondrá orden en el transporte público? ¿El 28 de diciembre o el 31 de febrero? Mientras el negocio sea para unos cuantos, los ciudadanos no les importamos, sólo servimos para votar, pagar impuestos y, de pilón, que una empresa ponga las tarifas del servicio público cuando es competencia del Estado.
